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Ministros no terminan de entregar informes sobre demandas contra el Estado

Tegucigalpa – Las demandas al Estado son constantes y se han convertido en un problema de nunca acabar, actualmente la Procuraduría General de la República (PGR), tiene unas 2,828 demandas en proceso de resolución en los tribunales de justicia, mientras el presidente Porfirio Lobo pidió hace algunas semanas a sus ministros un informe detallado sobre las demandas en cada institución, sin embargo solo 12 dependencias del Estado entregaron lo pedido por el gobernante.
 

Según las autoridades de la PGR, unas 2,828 demandas al Estado están en proceso de resolución.

Entre las dependencias del Estado que le han entregado el informe sobre las demandas de que han sido objeto sus instituciones se encuentran: las secretarías de Recursos Naturales y Ambiente; Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Finanzas; Relaciones Exteriores, Turismo y el Instituto de ConservaciónForestal (ICF). Además, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel);el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders); Despacho Presidencial y la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Demandar al Estado es como pegarle una patada a un perro,todas se ganan se dice popularmente, sin embargo las autoridades de la PGR justifican queel desconocimiento, amarillismo o mala información es que tienen a la institución mal vista.

La directora nacional de procuraduría judicial, Tania Mejía Fortín dijo a Proceso Digital que “es cierto que el Estado pierde casos como cualquier parte en juicio, pero no por una mala defensa pues no se puede defender un acto emitido al margen de la ley por un funcionario público aunque lo defienda el mejor abogado. La procuraduría directamente no pierde los casos bajo su responsabilidad, se pierden los que están bajo la responsabilidad de las demás instituciones del Estado”, explicó la funcionaria.

Asimismo, dijo que las demandas que el Estado presenta con mayor frecuencia son Ejecutivas para recuperar montos a su favor, demandas ordinarias para ejercitar derechos de propiedad y las que más se promueven en contra del Estado son en materia de personal por despidos injustificados.

Mejía Fortín sostuvo que la PGR cuenta con un equipo humano que pone su mejor esfuerzo para desarrollar su función, “no obstante todos sabemos que tiene un presupuesto totalmente irrisorio en comparación con su rol constitucional”, señaló.

La funcionaria explicó que en el últimos año la PGR ha ganado 143 demandas y ha perdido con recurso 395 de las cuales en su mayoría son por despidos.

“Todos los casos tienen grado de dificultad, sobre todo aquellos en los cuales el acto que el Estado defiende fue dictado al margen de la ley por algunos funcionarios”, indicó.

Mejía Fortín sugirió que para evitar que el Estado sea condenado en demandas se hace necesario revisar los procedimientos administrativos, que no se violenten disposiciones legales y cuando hay peticiones de los particulares ante las secretarías de Estado, o cualquier institución del Estado, que se cumpla con los procedimiento legalmente establecido.

Estado continúa perdiendo millonarias demandas

Como ejemplo de lo que ocurre en casos de demandas contra el Estado, vale citar que el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Emil Hawit, denunció a una empresa que realiza proyectos energéticos en el país y que le ganó una demanda a la estatal eléctrica por 40 millones de lempiras.

Explicó que esta empresa resultó favorecida en una licitación, pero luego de una evaluación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quedó desacreditada para ejecutar un proyecto de energía en el país. Esto generó la demanda contra la ENEE, y el juez determinó que la empresa del Estado tendrá que pagar un monto de 40 millones de lempiras, más otros gastos adicionales.

Hawit reveló que cuando él llegó a la gerencia de la ENEE, ya encontró la sentencia, la cual fue dictada desde el mes de enero del presente año.

Otro caso ilustrativo es el ocurrido el 14 de este mayo, cuando un juzgado de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central resolvió una demanda a favor de unas 84 familias de la colonia Soto de Comayagüela, en las faldas del Cerro El Berrinche, misma que asciende a once millones de lempiras.

La demanda fue interpuesta por moradores de la mencionada colonia después de los daños ocasionados por el huracán Mitch en 1998, trece años después hay una sentencia firme a favor de los demandantes.

El abogado defensor de las familias demandantes es el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, quien aseguró que trece años después por fin se les hizo justicia.

Igualmente, el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh), anunció que procura una demanda por 53 mil millones de lempiras en contra del Estado de Honduras ante el presunto incumplimiento del gobierno en el tema de incrementos salariales.

El presidente del Sinprodoh, Bertín Alfaro, confirmó que se ha entablado el reclamo administrativo ante la secretaría de Educación, el cual contempla a 56 mil maestros por una cuantía de 53 mil millones de lempiras, tres veces el presupuesto anual de la Educación hondureña.

El dirigente magisterial arguyó que es la cantidad que el magisterio ha dejado de percibir durante los años 2010, 2011 y 2012, debido a que durante la actual gestión los maestros no han recibido incremento salarial.

Con bonos paga el gobierno sus deudas

Ante la gran cantidad de demandas al Estado, la secretaría de Finanzas comenzó a emitir bonos por 1,100 millones de lempiras para atender el pago de sentencias judiciales firmes, fallos arbitrales o arreglos extrajudiciales.

A principios de abril de este año, el Congreso Nacional dio la autorización a Finanzas debido a la problemática financiera ocasionada por la caída de los ingresos y la rigidez de los recursos comprometidos con los diferentes programas y proyectos públicos.

En esa oportunidad, el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, dijo que es una responsabilidad del Estado cumplir con las sentencias y fallos judiciales, los que serán atendidos mediante bonos. Chang Castillo aseguró que hay gran cantidad de demandas por pago de indemnizaciones laborales. Las demandas millonarias que pierde el Estado afectan aún más las raquíticas finanzas públicas del país.

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