Como se sabe, El Congreso Nacional (CN) aprobó una nueva tasa de 17 dólares por cada pasajero internacional cada vez que entre y salga del país, es decir que en un ingreso y salida pagará 34 dólares.
La tasa por “controles migratorios” está incluida en el Decreto 252-2011, emitido el 14 de diciembre pasado y según el argumento servirá para la aplicación de las medidas de seguridad.
“Se impuso un nuevo impuesto de 34 dólares a los extranjeros que visiten Honduras”, explicó el titular de la secretaria de Interior y Población, Áfrico Madrid.
Según el funcionario, el cobro de los 34 dólares sólo se aplicará a los ciudadanos extranjeros que entren y salgan del país por los cuatro aeropuertos internacionales, lo que servirá para subsidiar a las personas que entren y salgan por la vía terrestre y marítima.
La imposición del nuevo impuesto servirá para pagar la instalación de un sistema de seguridad en los 22 puntos fronterizos del país con lo que se busca combatir el crimen organizado.
“El cobro de los 34 dólares nos servirá para evitar la libre circulación e ingreso de personas que pertenecen al crimen organizado, narcotraficantes, sicarios, secuestradores, lavadores de activos, traficantes de armas que han utilizado el país como centro de operaciones por falta de un sistema moderno y científico de un control migratorio”, arguyó.
Madrid indicó que el sistema será utilizado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Dirección de Migración y Extranjería.
El funcionario dijo que “el costo de este sistema será pagado por los ciudadanos extranjeros que entren y salgan del país porque el Estado no tiene los recursos económicos para implementar esto y alguien lo tiene que pagarlo”.
Agregó que muchos de los delitos que ocurren en el país son cometidos por criminales y delincuentes de otros países o naciones vecinas que ingresan al país.
Al ser consultado sobre el porqué no se hizo una licitación para realizar el contrato con la empresa estadounidense, el funcionario justificó que “como este es un tema de seguridad y la empresa contratada es la que tiene la patente exclusiva de la tecnología que va a utilizarse no se pueden dar detalles”.
“El contenido, alcances y detalles no se pueden dar a conocer al público, si se revelan públicamente puedo incurrir en responsabilidad civil, administrativa y penal, sostuvo”, argumentó Madrid.
“Lo que hay que evaluar que es lo mejor para el país, si el impacto a uno de los sectores o nos sigue impactando el crimen organizado internacional”, agregó.
