El funcionario detalló que en centros educativos y otros lugares estratégicos donde se concentra gran cantidad de personas se han colocado “botones de pánico” y que en caso de una emergencia se pueda apretar para que la urgencia sea atendida por un centro de comando.
Además, reitero que en la pasada reunión con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se conocieron detalles acerca de la implementación del programa de Ciudades Inteligentes que incluyen cámaras de seguridad en lugares estratégicos en las principales ciudades del país y con un sistema de alerta para detener a los infractores de la ley.
Añadió que en las salidas de Tegucigalpa se han colocado dispositivos que determinan la placa de los vehículos, lo que servirá para detectar aquellos automotores con reporte de robo u otras situaciones ilícitas.
Explico además que el número 911 ya está coordinado con las empresas privadas de telefonía móvil para que la ciudadanía pueda realizar las denuncias de actividades criminales en busca de respuestas de las autoridades responsables de la seguridad nacional.
Más cámaras en el transporte público
Bonilla también informó que través de una asociación público privada y con el apoyo de otras dependencias del Estado, se continuará con la implementación de cámaras en las unidades del transporte urbano.
El funcionario también habló de establecer alianzas con las dependencias del Estado para colocar tres cámaras de seguridad en cada local y lo mismo se hará con la empresa privada a fin de aprovechar su capacidad instaladas.
Asimismo, se hacen coordinaciones con la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Cuerpo de Bomberos para coordinar acciones que den respuestas inmediatas a la ciudadanía cuando así se requiera.
La depuración es un mandato ciudadano
Sobre el caso de los miembros de la Policía que están en la lista de disponibilidad y que tienen inconformidad, Bonilla dijo que pueden demandar en los tribunales competentes, pero señaló que luego de hablar con un comisionado de la institución identificó que están mal interpretando la ley.
Recordó que la transformación y depuración de la Policía, es un mandato de la ciudanía que tomó el Congreso Nacional después del vil asesinato de dos jóvenes universitarios y en ese sentido, los oficiales y agentes de la escala básica que han sido puestos a disposición, deberán esperar un año para ser retirados de la institución y pasar a gozar de una jubilación.
Reiteró que con esa acción no se está violentando ningún derecho, sin embargo, los miembros de la institución que sientan que se les está violando algún derecho, tienen la facultad de acudir a las instancias legales para que se les restituya, sin embargo, los agentes que van a proteger las personas y los bienes tienen que dar el ejemplo a través de principios éticos y morales.
El funcionario anunció que los agentes y oficiales ahora serán entrenados como Policía Comunitaria mediante una capacitación en derechos y humanos y acercamiento con la población de 10 meses y dos meses de una práctica supervisada, antes de empezar a prestar el servicio.
Informó que el próximo 8 de noviembre se impartirá un taller sobre policía comunitaria en Honduras para los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) con el apoyo de la Policía de Sao Paulo, Brasil y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
Indicó que Honduras es el país referente en policía comunitaria en Centroamérica ya que el proyecto se inició desde 2008 y se interrumpió en 2009, por la crisis política, sin embargo, se reactivó en 2010 y ahora próximamente se inaugurará el primer distrito de policía comunitaria en la posta de La Granja, la que en el pasado ensombreció a la institución policial para las actividades ilícitas que practicaban muchos de sus miembros, con lo que ahora se pretende enviar un mensaje claro de que existe una voluntad política para sanear la institución.
