Tegucigalpa – El Ministerio Público está dispuesto a actuar de oficio frente a las amenazas contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) provenientes de miembros del Congreso Nacional.
Así lo señalaron el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, y el asesor del Ministerio Público, Rigoberto Espinal Irías, ante expresiones del vicepresidente del Congreso Marvin Ponce, de Unificación Democrática (UD), de que se destituirá a magistrados de la CSJ si no anulan los procesos por corrupción contra el ex presidente Manuel Zelaya.
«El fiscal general, a través de sus fiscales especiales y fiscales, hará en su momento oportuno» la actuación que considere necesaria «si procede conforme a derecho», dijo Urtecho.
Sobre una eventual denuncia de dichas amenazas por parte del presidente de la CSJ, Jorge Rivera, «creemos que es importante que toda persona que se sienta agredida por un derecho recurra a los órganos que el Estado le da», agregó el fiscal general adjunto.
Indicó que «si alguien cree que se le han violentado sus derechos está el Ministerio Público para que presente las denuncias correspondientes y éste la investigará».
Por su parte, Rigoberto Espinal Irías comentó que esas versiones contra la CSJ «se vienen dando toda la semana pasada».
«Hemos escuchado sobre este problema y, pues, habrá que esperar en realidad que existan hechos concretos», apuntó el asesor del Ministerio Público y abogado constitucionalista.
Recordó que «aquí también existe eso de que se habla de una manera, después se piensa de otra».
«El Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio cuando tiene una noticia criminis, y la noticia del crimen tiene que señalar los elementos para su tipificación; toda denuncia es vista con cuidado, no se preocupe», concluyó.
El juez Claudio Aguilar se inhibió recientemente de conocer los casos de corrupción contra Zelaya por la investidura de éste como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y decidió trasladarlos a la CSJ, que debe nombrar un juez natural para que los conozca.
La Corte Suprema también ha sido señalada por el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, por la supuesta falsificación de informes en el caso de varios jueces despedidos por participar en actividades políticas, lo que desmintió el presidente del Poder Judicial, quien dijo que «no hay nada que esconder» y ya remitió la documentación correspondiente al Legislativo.
