Tegucigalpa – El proyecto de “Ley Dignidad”, una iniciativa bipartidaria de las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, que busca ofrecer una solución definitiva a millones de migrantes amparados por el TPS y DACA y que fue reintroducida en el Congreso de los Estados Unidos, los migrantes hondureños ven la iniciativa con fe y esperanza que la misma pueda ser aprobada y beneficie a los connacionales que se encuentran preocupados tras el fin del Programa de Estatus de Protección Temporal.
-Activista pide a migrantes tener fe, pero no confiarse ya que solo es una iniciativa, el proyecto no ha sido aprobado.
“Ley Dignidad” beneficiará a muchas familias migrantes
El migrante hondureño Ricardo Martínez celebró con Proceso Digital y Departamento 19 que él como tepesiano tiene la fe y esperanza de que la “Ley Dignidad” sea aprobada y con ello poder ser beneficiado a ese programa.
Indicó que la cancelación del TPS fue un balde de agua fría para todos los tepesianos que buscan la forma de involucrarse en otros programas que los ayudan a quedarse en ese país del norte.
Sostuvo que dentro del TPS él cumplió con todos los requisitos y pagó los impuestos, no ha sido detenido por ninguna falta, por lo que él sabe que puede ser beneficiario de aprobarse la ley.
Afirmó que de regresar a Honduras sería como un retroceso en su vida ya que toda su familia está en Estados Unidos.

El principio principal de la “Ley Dignidad” está superado
Uno de los principales principios del proyecto de “Ley Dignidad” es detener la migración ilegal mediante el fortalecimiento de la frontera con tecnología, y con todas las medidas que ha tomado el presidente Donald Trump, este principio ya fue superado ya que redujo el número de migrantes que ingresaban a Estados Unidos, dijo a Proceso Digital y Departamento-19 , Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre.
Agregó que la “Ley Dignidad”, también busca fortalecer su economía con la mano de obra migrante, con esta ley se beneficiará a todos los migrantes que tengan más de cinco años de residir en Estados Unidos, cumpliendo con los impuestos y no tener antecedentes.
El proyecto contempla un costo de 7 mil dólares para cada migrante, los cuales se pagarán durante siete años, es decir se deberá hacer un pago de mil dólares de forma anual.
Todos los inmigrantes hondureños dentro de los Estados Unidos estamos dejando una huella y un impacto positivo en las luchas sociales en beneficio de los inmigrantes, razonó Flores.
Sostuvo que el proyecto no debe de ser polarizado y que se pueda dar este alivio migratorio que beneficiaría a más de un millón de migrantes hondureños.

Fe que se aprobará la “Ley Dignidad”
El presidente de la Organización Francisco Morazán, Orlando López, dijo que hay que estar positivos de que va a funcionar la «Ley Dignidad» presentada por la congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar, «porque viendo la situación que estamos pasando los pequeños empresarios y el emigrante que somos manos profesionales que ayudamos al desarrollo de esta gran nación, pues no pueden sacar a todas estas personas», argumentó.
«Tenemos fe que la Ley Dignidad va a dar resultados, aunque se modificó y no era como cuando se presentó con el presidente Joe Biden, y pienso que eso haya sido para beneficio del emigrante, y supuestamente ya tiene el visto bueno de Donald Trump y solo falta el Congreso y otras autoridades que la aprueben para que entre en vigencia antes que se venzan los 60 días que han dado de prórroga para salir voluntariamente», manifestó.
López tiene la plena seguridad que les apoyarán con la aprobación de la Ley Dignidad, aunque señaló que han visto poco apoyo de las autoridades hondureñas, “pero tenemos la esperanza de que las empresas y otras instituciones no estén dando el apoyo”.

Piden a los migrantes tener esperanza, pero no confiarse
Carlos Eduardo Espina, defensor de migrantes, consideró que es «difícil» la aprobación del proyecto de Ley Dignidad presentado por la congresista María Elvira Salazar y apoyada por Escobar.
El defensor de migrantes, a través de sus redes sociales, pidió a todos los migrantes tener esperanza con el proyecto, pero no confiarse ya que solo es un proyecto y tiene que ser aprobado.
“Esperemos le den trámite y beneficiar a todos los migrantes, pero no hay que confiarse ya que solo es un proyecto, y no es ley, por lo que se deben de buscar otros métodos alternativos en los que los migrantes puedan optar para no ser deportados”, manifestó.

Gobierno aplaude iniciativa de ley
El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz indicó a Proceso Digital que el gobierno nunca se opondrá a ninguna ley que beneficie a los migrantes, en reacción al proyecto de “Ley Dignidad”.
El funcionario de migración dijo que no conoce la propuesta a profundidad por lo que esperará para “ve qué resultados tienen y vamos a aplaudir cualquier tipo de medida que beneficie a nuestros hermanos a pesar de cualquier diferencia política con la congresista María Elvira Salazar”.
Este proyecto de ley fue presentado originalmente en 2023 por la congresista Salazar, pero quedó comprometido por falta de apoyo político. En esta ocasión el panorama es más favorable.
De ser aprobada, la ley otorgaría residencia permanente tanto a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) como a los del programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia, conocido como DACA, lo cual representaría uno de los avances más significativos en materia migratoria de las últimas décadas.
Proyecto de ley
El martes 15 de julio, las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley denominado “Dignidad”, que busca proporcionar un estatus legal a ciertos inmigrantes indocumentados.
El proyecto “Ley Dignidad de 2025” busca que los inmigrantes que hayan vivido en Estados Unidos desde antes de 2021 y no tengan antecedentes penales, solicitaron un estatus legal temporal de hasta siete años que incluirían permisos para trabajar.
Salazar, quien es republicana por la Florida, y Escobar que es demócrata por Texas, son las principales promotoras de este proyecto de ley que busca reforzar la seguridad fronteriza, fortalecer la aplicación de las leyes migratorias y abrir una vía para la residencia legal para inmigrantes.
La norma beneficia a las personas que tienen desde cinco a más años de haber llegado a EE.UU., así como a los DACA y DREAMERS, en tanto los tepesianos también se pueden acoger a la ley.
La Ley Dignidad establece que las personas que no están bajo ningún tipo de programa o que están bajo ningún proceso, es decir que están en la sombra, podrán acogerse al mismo.
Puntos clave de la Ley Dignidad
1. Asegurar la frontera y restaurar la ley y el orden
Exija el uso obligatorio de E-Verify a nivel nacional.
Logra control operativo de la frontera sur con una estrategia integral.
Construir barreras físicas mejoradas y usar tecnología avanzada.
Contratación de miles de agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y oficiales de CBP.
Implementar políticas contra el cruce ilegal y rastreo de “spotters” criminales.
Aumentar las sanciones contra traficantes de personas y abusadores sexuales de menores.
Fuertes sanciones a quienes cruzan o ayudan a cruzar ilegalmente.
Autorizar al DHS a usar pruebas de ADN para verificar vínculos familiares.
Mejorar la seguridad en los puertos de entrada y agiliza el comercio legal.
2. Reforma el sistema de asilo
Acelerar los procesos y eliminar la política de “captura y liberación”.
Crear al menos tres Campus Humanitarios para procesar a solicitantes de asilo en la frontera sur.
Los solicitantes permanecerán en los centros humanitarios con libertad de movimiento y servicios integrales.
Decisión de asilo en 60 días: entrevista inicial en 15 días y decisión final en 45 días.
Abrir centros migratorios en América Latina para evitar caravanas y ofrecer reunificación familiar.
Penaliza severamente las solicitudes de asilo fraudulentas.
Crear una política de dos infracciones para quienes cruzan fuera de los puntos oficiales.
3. Dar DIGNIDAD a los inmigrantes indocumentados
Dreamers y receptores de DACA reciben residencia condicional por 10 años, con vía a residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o estudios.
Establecer el Programa Dignidad para indocumentados presentes desde antes del 31 de diciembre de 2020.
Requisitos:
No tener antecedentes penales.
Cumplir con todas las leyes federales y estatales.
Pagar todos los impuestos atrasados.
Pagar una restitución de $7,000 en un plazo de 7 años.
Presentarse ante el DHS cada 2 años.
No otorgar acceso a beneficios federales.
Sin vía a residencia permanente ni ciudadanía.
Al completar el programa, se puede solicitar el Estatus de Dignidad:
Tiene autorización de trabajo, protección de la deportación y autorización de viaje.
Se puede renovar indefinidamente si la persona mantiene buena conducta.
Aún no otorga acceso a residencia permanente ni ciudadanía.
No tiene que pagar más.
4. Dignidad para los trabajadores estadounidenses
Crea el Fondo del Trabajador Estadounidense financiado por los pagos de restitución.
Por cada participante del Programa Dignidad, se capacitará al menos un trabajador estadounidense.
Inversión total estimada: $70 mil millones.
Ofrece becas con el objetivo de formación laboral y aprendizaje en oficios de alta demanda.
5. Impulsar la prosperidad y competitividad de EEUU.
Modernizar el sistema migratorio legal y reduce los atrasos.
Permite pagar $20,000 por acelerado procesamiento a quienes llevan más de 10 años esperando visa.
Aumenta el límite de visas por país de 7% a 15%.
Permite a doctorados en STEM y estudiantes de medicina obtener visas O para quedarse y trabajar en EEUU
No se cuentan hijos/esposos hacia el límite anual de visas de empleo.
Incluye la Ley de Familias Unidas para ayudar a hijos o cónyuges de ciudadanos en riesgo de deportación.
Crea una visa de visita familiar de 90 días.
Evite que niños legalmente presentes pierdan visas por retrasos de USCIS.
Requiere que estudiantes en OPT paguen impuestos FICA.
Cambia la visa F para permitir intención dual (estudiar y quedarse).
Crear un Coordinador de Inmigración para agilizar procesos entre agencias.
Refuerza recursos en USCIS, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo para acelerar trámites.
Ningún fondo del contribuyente se usará para pagar por la Ley Dignidad.
La infraestructura fronteriza, la modernización de los puertos de entrada, la creación de nuevos campus humanitarios, el aumento de personal y todos los costos asociados a este proyecto de ley serán financiados mediante un “Immigration Infrastructure Levy”.
El 1% será descontado del salario de las personas que reciban permiso de trabajo bajo el Programa Dignidad. Los fondos recaudados se depositarán en el Fondo de Infraestructura Migratoria, y se usarán para implementar esta ley y, posteriormente, reducir la deuda nacional en al menos $50 mil millones.
El Fondo del Trabajador Estadounidense, destinado a la capacitación laboral de trabajadores nacionales, será financiado con los pagos de restitución realizados por los participantes del Programa Dignidad. IR