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Mientras intervencionismo externo continúa, Honduras afronta realidad del desempleo y la violencia

Tegucigalpa – Honduras recuerda este 28 de junio el primer aniversario de la salida del poder del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue sacado de la Presidencia por militares que lo expulsaron del país cuando éste se aprestaba a realizar una consulta popular en la búsqueda de validar una asamblea nacional constituyente que le permitiera continuar con su mandato más allá de lo dispuesto en la Constitución Política de esta nación centroamericana.
 

– Lobo también debe atender la conflictividad heredada en el agro.
– Las agudas crisis en el sistema educativo y sanitario son la tapa del pomo

Un año después las cosas parecen recobrar su curso sin que el intervencionismo y el boicot de parte de la comunidad internacional se interrumpan, amenazando la estabilidad y la paz hondureña.

Luego de la profunda crisis social e institucional, la administración del presidente Porfirio Lobo hace esfuerzos por recobrar la normalidad y recuperar las descalabradas finanzas públicas que sufrieron los embates de actos de corrupción y los excesos que cometidos en el cuatrienio que concluyó en 2009.

Los despilfarros y el derroche desembocaron en una estrepitosa deuda externa que aumentó hasta alcanzar los 2,400 millones de dólares y una deuda interna que se triplicó de los 7,000 a los 21,000 millones de lempiras.

En medio de la crisis, que puso en vilo la estabilidad política y que ocasionó una conflictividad social sin precedentes, los niveles de corrupción pública, las excentricidades del ex presidente Zelaya y de su círculo de poder son temas que calaron hondo en la población, que en un 80 por ciento vive en la pobreza, en una nación donde la riqueza está concentrada en escasas manos y la inequidad es severa.

Zelaya reeditó en Honduras el folklore del presidente Roberto Suazo Córdova, (1982-1986) con sus singulares expresiones y el uso de un lenguaje cercano a las mayorías.

Pero más allá de ello, sus acciones populistas y la provocación de una confrontación social llegaron a sobrepasar la línea de la legalidad.

Los excéntricos recorridos presidenciales en exclusivas Harley Davidson, sus exhibiciones y el mantenimiento de caballos pura sangre; sus paseos aéreos en los potentes F5; su experiencias como buzo en las profundidades marinas y hasta mandarse a elaborar estatuas son algunos de los temas dignos de un análisis sicológico.

A la par de este comportamiento quedan los desafíos a la institucionalidad cuando sin ambages el Ejecutivo quiso intervenir en la elección de los altos jueces de la Corte Suprema, donde el intento de imponer a magistrados afines provocó una crisis que preludió el desenlace de lo acontecido el 28 de junio de 2009.


Acciones como la intención de desactivar de la noche a la mañana el aeropuerto internacional de Tegucigalpa y convertir la base aérea de Palmerola, en la región central, en su sustituto a costa de millonario presupuesto, sin planificación, ni licitación, es otro hecho que muestra el accionar impulsivo del entonces mandatario.

Respaldado por el mandatario venezolano Hugo Chávez y sus comparsas albistas, Zelaya y los impulsores del llamado “socialismo del siglo XXI” se instalaron en varias ocasiones en la capital hondureña donde irrespetaron abiertamente la institucionalidad e intervinieron, abiertamente, en la política interna de Honduras.

Los intentos de Manuel Zelaya por instalar la asamblea nacional constituyente que le permitieran perpetuarse en el poder le llevaron a desconocer la Carta Magna hondureña y las disposiciones judiciales llegando a tildar de “juececillo” a un magistrado que le negó la facultad de actuar a su libre adveddrio.

Frente a esta situación las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento le acompañaron en sus andares y que también se beneficiaron de las bondades presidenciales, determinaron no participar en el proceso para realizar una consulta tendiente a instalar la constituyente, lo que de inmediato llevó al ex presidente a destituir al jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez Velásquez.

Su desafío a la ley llevó a Manuel Zelaya a dirigir una turba de seguidores hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía y por asalto se apropiaron de las urnas y el material, que ya estaba bajo resguardo de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral y que el entonces dignatario usaría para propiciar la consulta en una acción que bien pudo terminar en un enfrentamiento.

Hechos como la caída de decenas narco avionetas con matricula venezolana, aviones aparecidos de un día para otros sin explicaciones trasparentes, la existencia de pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves con drogas son también parte del contexto que caracterizó el gobierno del llamado “poder ciudadano”.

El festín de las finanzas públicas también conllevó a que Zelaya decidiera no enviar el proyecto del presupuesto nacional de ingresos y egresos al Parlamento hondureño donde de acuerdo a la Constitución de este país debe ser aprobado.


Y pese a que en mayo de 2008 se realizaron elecciones internas para elegir en diciembre de 2009 a su sucesor en el poder, así como a 298 alcaldes y 128 diputados al Congreso Nacional, la administración Zelaya se negó a trasladar los fondos necesarios para que el Tribunal Supremo electoral avanzara en el proceso.

Mientras confrontaba a sectores que se opusieron a sus políticas, el gobierno del “poder ciudadano” alentó alianzas con líderes coyunturales muchos de los cuales no dudaron en ponerse a su servicio.

La salida

En este contexto, la salida de Zelaya ocurrió sin que la forma de expulsarlo del país fuera vista como la apropiada.

Los militares que cumplían una orden judicial al apresarlo, dijeron que lo sacaron del país para evitar un derramamiento de sangre y aludieron la figura jurídica conocida como “estado de necesidad”.

Horas después de la salida de Zelaya hacia Costa Rica, el Congreso hondureño juramentó como su sucesor al entonces jefe del Legislativo, Roberto Micheletti.

Sin darse tiempo para conocer detalles, la Organización de Estados Americanos, (OEA), suspendió de su seno a Honduras y desde entonces la ha condenado a un calvario de interminables humillaciones.

La OEA, aseguran analistas de la política internacional, pudo haber evitado la crisis política hondureña si hubiera atendido las peticiones y reiteradas denuncias que llevaron a su seno sectores locales hondureños que buscaban evitar los excesos de Manuel Zelaya.

La comunidad internacional cerró filas defendiendo “el estado de derecho”.

Las elecciones generales convocadas durante el gobierno de Zelaya y realizadas en noviembre de 2009 contaron con una masiva participación popular, la mayor desde que Honduras retornó a su vida democrática a inicios de los años 80.

El hecho permitió avances y la recomposición nacional que ha dado paso al gobierno de Porfirio Lobo Sosa quien ahora enfrenta los reductos de las crisis política y financiera sin precedentes.

La realidad

Mientras parte de la comunidad internacional sigue intentando intervenir en la política hondureña, la realidad del país indica que los mayores problemas son la alta tasa de desempleo que supera el 50 por ciento de la población económicamente activa.

Mientras el presidente Lobo ha logrado reestablecer relaciones con unos 86 países, aflora la necesidad de reabrir vínculos con inversionistas del mundo que se alejaron debido a la situación critica que se vivió desde que Zelaya llegó al poder.

Durante el ultimo año y medio Honduras no ha contado con la llegada de nuevas inversiones indican fuentes oficiales.

Para noviembre próximo el gobierno organiza un evento en el que pretende reunir a un centenar de los inversionistas más potentes del planeta y mostrarles las bondades y atractivos para que puedan desarrollarse aquí.

Al panorama real del país se suman una alta tasa de violencia, la pésima calidad educativa; una profunda crisis sanitaria y la conflictividad agraria heredada.

Pero en medio de los desafíos y la pobreza, Honduras hace pinitos por dejar atrás el mal trago que también deberá servir de lección al resto de la región y sus diversos sectores, donde falsos Mesías representan reales riesgos a la paz y a la democracia.


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