Tegucigalpa – Tras una semana de haber entrado en vigencia la Ley SB 1718 ha generado reacciones en la comunidad migrante en Estados Unidos quienes desde el comienzo han rechazado la normativa y han realizado protestas para presionar y se de vuelta atrás, muchos hondureños decidieron desplazarse hacia otros estados por miedo a ser detenidos y deportados.
– En La Florida radican más de 200 mil hondureños.
-Cientos de negocios afectados por falta de empleados, la economía del estado se verá afectada, advierte economista.
La comunidad inmigrante ha advertido que esta normativa causará enormes daños a la economía de Florida porque perjudica la fuerza laboral de los indocumentados en áreas como la agricultura.
También se ha advertido que con la entrada en vigencia de la Ley SB 1718, la comunidad migrante de Florida se ha movilizado hacia otros estados con la intención de no ser detenida ni deportada.
Tras entrar vigente la ley, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina anunció que no volverá a visitar La Florida, ni a transitar por ese estado de la unión americana en protesta a la ley antiinmigrantes promulgada por el gobernador Ron DeSantis que afecta a los indocumentados que radican en esa jurisdicción.
Reina dijo además, que su propuesta buscará que la presidenta del país Xiomara Castro también ordene a todos los miembros de su administración adoptar la misma política en protesta por la Ley considerada por el canciller “racista y xenofóbica”.
Se estima que unos 200 mil hondureños residen en ese estado y muchos de ellos han optado por abandonar el lugar y desplazarse hacia otros estados.
Proceso Digital y Departamento 19 se comunicaron con algunos hondureños que han sido afectados directa e indirectamente por la ley antiinmigrante.
Hondureño preocupado con su empresa
Merlyn Santos es uno de los hondureños que tiene una empresa y empleados hondureños a su cargo, relató a Proceso Digital y Departamento 19 que se encuentra preocupado porque él es empleador en construcción.
“Tengo un negocio de instalación de techos por lo que uno tiene que contratar personas sin documentos porque son las únicas personas que hacen ese trabajo pesado”, detalló.
Agregó que todas las personas que están en el rubro de la construcción y agricultura ya estamos sintiendo lo negativo de la ley, porque se están yendo los trabajadores para otros estados antes que la ley fuera aprobada.
“Estos muchachos tuvieron miedo y los que tenemos empresas también tienen miedo porque posiblemente quedaremos sin trabajadores y esto provoca pánico”, señaló.
Sostuvo que él tiene 25 años de residir en La Florida y si se nota el miedo entre los indocumentados.
Encerrados en la ciudad
Para la migrante hondureña Soany Paola Flores Amaya, quien llegó hace unos años a Miami, la normativa impulsada por DeSantis ha generado incertidumbre en la comunidad migrante, al grado que muchos tuvieron que abandonar la ciudad desde semanas antes, pero a los que pretenden hacerlo ahora prácticamente se encuentran enjaulados porque existen retenes para verificar a los que se suman al éxodo.
En plática con Proceso Digital y Departamento 19, narró que en su trabajo les han asegurado que no habrá represalias e incluso les han aconsejado que no teman porque la ley no les abarca. “Se nos ha dicho que todo es política, que forma parte de la campaña de una persona que aspira a altos cargos, pero que la misma ley será desestimada cuando la impugnen grandes organizaciones del estado y de la nación”, refirió.
“Existe mucho miedo no lo puedo negar, pero había más temor antes de entrar en vigencia la ley que ahora que está en vigencia. Los patronos nos han dicho que no perderemos nuestras plazas de trabajo y que no caigamos en el pánico porque no es todo lo que dicen los medios de comunicación”, expresó.
Paola, de 29 años, reside en Coral Terrace en Miami, Florida, y trabaja en la construcción de interiores de viviendas, oficio con el que espera mantener a su retoño -está embarazada- y que le permite enviar algunas remesas a su madre y hermanas en Honduras.
Ella reveló que la construcción es mal pagada a las mujeres. Para el caso a la semana apenas se gana entre 600 y 750 dólares, situación que la obligó a buscar oportunidades en Fort Myers donde en promedio devenga 1 mil 240 dólares semanales.
La oriunda de Tegucigalpa, confesó que cuatro compañeros suyos decidieron migrar la semana anterior para otro estado, pero se encontraron con retenes que los requirieron y tuvieron prácticamente que retornar a sus domicilios en Miami.
“Supe de muchas personas que migraron de la ciudad meses antes de que la ley entrará en vigencia, pero ahora prácticamente no lo pueden hacer. Repito, ahora existe menos temor que antes, pero siempre hay reservas por todo lo que se dice que ocurrirá en el futuro”, describió.
La migrante hondureña vive con varios de sus familiares, quienes también sienten incertidumbre por lo que podría ocurrir en las próximas semanas. “Dios quiere que pase esta zozobra y que nos dejen trabajar tranquilos, estamos confiando en Dios que así será”, se despidió.
Campos agrícolas desolados
Por su parte, la hondureña Lilian Silva dijo a Proceso Digital y Departamento 19 que la ley ha afectado a muchos migrantes indocumentados de diferentes maneras, principalmente en el sector agrícola.
Indicó que las cosechas de los campos agrícolas muestran el reflejo de la aprobación de la ley ya que están desolados porque los migrantes se fueron por temor a la ley.
“Tengo muchos conocidos que están pensando en mudarse de estado, otros ya se fueron por temor a ser deportados”, manifestó.
Sostuvo que en estos últimos días se ha observado en la hora pico del tráfico que está más fluido por lo que se nota que muchos salieron del estado.
Aseguró que cree que la ley puede desaparecer ya que el efecto de la misma ya se está sintiendo en los diferentes negocios y campos agrícolas.
Miedo y temor
Mientras que el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, dijo a Proceso Digital y Departamento 19 que muchos hondureños se trasladaron a otros estados antes de entrar en vigencia la ley antiinmigrante.
Señaló que los que han quedado tienen miedo y temor porque no podrán ver a sus familias.
Los migrantes se sintieron con miedo y decidieron irse a otros estados porque se vieron amenazados porque pensaron que la migración iba a perseguirlos.
La ley criminaliza a todo aquel que traslade a migrantes sin documentos, también si los empresarios contratan a indocumentados.
Asimismo, la ley obliga a los hospitales que den información sobre atención de inmigrantes.
Plantones y protestas
Sostuvo que como organización han estado realizando protestas alzando la voz no solo por los hondureños, sino que por toda la comunidad hispana.
“Hemos estado haciendo visible el problema no solo con los medios de comunicación hispanos, sino con los de habla inglesa para que se den cuenta de lo que está sucediendo”, argumentó.
Agregó que se busca que toda la sociedad se dé cuenta de la problemática que aqueja a los inmigrantes y se puedan unir en buscar una solución por medio de una reforma migratoria que fue lo prometido en campaña por el presidente Joe Biden.
Señaló que los migrantes tienen derechos civiles que se les están violentando porque muchos creen que por ser inmigrantes no tienen derechos.
Apoyo de los gobiernos del Triángulo Norte
Sostuvo que todos los presidentes del Triángulo Norte, de donde provienen los migrantes más perjudicados, deben unirse y pronunciarse.
“Eso sería de mucha ayuda ya que entre más gobiernos se pronuncien en contra de la ley y a favor de los migrantes el gobierno y senado estadounidense podrán hacer algo por esta comunidad que necesita legalizarse”, apuntó.
Cientos de negocios afectados
El expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, dijo que lo que está pasando en La Florida es una cuestión terrible para los inmigrantes y la economía de ese estado ya que cientos de negocios son afectados.
Señaló que unas 200 mil personas se movilizaron antes que entrará en vigencia la ley, entonces muchos negocios se quedaron sin personal, incluso los cultivos de La Florida no están siendo atendidos.
A su juicio el gobernador de La Florida con esta política busca acaparar el voto en su búsqueda por la candidatura presidencial, pero “le saldrá el tiro por la culata por la afectación en la economía por culpa de la ley”.
Calificó como fracaso la política impuesta por DeSantis ante los cientos de negocios afectados.
Recomendó al gobierno hondureño brindar asistencia a todos los migrantes afectados por la ley a través de los diferentes consulados.
El 1 de julio entró en vigencia en el estado de Florida la Ley SB 1718 que promovió el gobernador Ron DeSantis en contra de la inmigración ilegal.
Esta norma establece que se puede multar por cinco mil dólares hasta una condena de 15 años de prisión a alguien que transporte a una persona indocumentada.
Asimismo, fuerza a las empresas que posea por lo menos 25 empleados a verificar el estado migratorio de cada uno de sus colaboradores en la base de datos federal “E-Verify”.
La ley también dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (el seguro de salud público) y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal. IR
