México – La Fiscalía mexicana puso hoy a disposición de un juez para su posterior extradición al expresidente del Congreso de Guatemala Luis Rabbé, prófugo de la justicia desde agosto de 2016 por varios delitos de corrupción, que fue detenido el lunes en la norteña ciudad mexicana de Monterrey.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) informó en un comunicado que Rabbé, identificado como Luis Armando «R», quedó en prisión preventiva y a disposición de un juez de Ciudad de México que dictó su orden de detención.
Según las autoridades mexicanas, la detención llega tras la petición de Guatemala de extraditar a Rabbé para procesarlo por supuestos delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado.
El proceso de extradición puede alargarse durante meses ya que, una vez detenido, las autoridades guatemaltecas disponen de 60 días para formalizar la solicitud de extradición y, posteriormente, el juez mexicano deberá decidir si la autoriza.
Cuando la justicia mexicana se haya pronunciado, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá emitir un acuerdo para conceder o negar la extradición de Rabbé, quien durante el proceso puede interponer recursos contra su envío a Guatemala.
La Fiscalía guatemalteca, que solicitó la extradición de Rabbé el 30 de mayo, sostiene que en su calidad de presidente del Congreso entre 2015 y 2016 autorizó para la junta directiva 164 plazas de trabajo, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva, además sin el perfil idóneo y muchas de las cuáles no asistían a sus labores.
También autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera vicepresidencia a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, quien está en prisión preventiva y procesado por este mismo caso.
Otra de las modalidades de contratación detectadas es que como presidente de la Junta Directiva del Congreso autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios elevados, de hasta 3.000 dólares.
Rabbé está acusado de pertenecer a esta trama de corrupción, que operó entre 2014 y 2015 y en la que están implicadas unas 65 personas, entre diputados, exdiputados y particulares, señaladas de crear plazas ficticias.
Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los miembros de la junta directiva del Congreso de 2014 (presidente Arístides Crespo) y de 2015 (presidente Rabbé) realizaron «un gran número de contrataciones» que presentan «irregularidades evidentes e ilegales».
El tipo de contratación para la cual se unieron las directivas «se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad», «irrespetando» las formas correctas y por la «no asistencia» de los contratados, que ganaban entre 5.000 y 20.000 quetzales (680 a 2.720 dólares) mensuales.
