Tegucigalpa – El mercado ilegal de armas, que en Honduras se estima anda arriba de unas 650 mil que circulan por el país sin control alguno, es uno de los principales detonantes que abona en la ola de violencia e inseguridad que rodea a esta nación, donde la tasa de homicidios sigue siendo alta, pese a los esfuerzos estatales por controlarla.
De acuerdo a informes en poder del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras es uno de los tres países centroamericanos en donde prolifera el mercado ilícito de armas, muchas de ellas producto de la época de la guerra fría de los años ochenta cuando se asentó en el país la llamada contrarrevolución nicaragüense, desactivada tras los acuerdos de paz centroamericanos.Se estima que en Centroamérica circulan cerca de tres millones de armas ilegales. De las 800 mil que se calcula se encuentran en Honduras, unas 650 mil están en forma ilegal, es decir, sin control.
Otros datos oficiales y de instancias civiles especializadas en seguridad, señalan que cuatro de cada cinco homicidios se efectúa con armas de fuego. Cada 87 minutos, una persona es asesinada en este país, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Las armas de fuego que más se utilizan en la vorágine de violencia que envuelve al país son las AK-47, rifles de asalto, ametralladoras, pistolas y revólver, entre otras.
En este sentido, ha crecido en el Congreso, por presiones de organismos humanitarios y de sociedad civil, la necesidad de aprobar una nueva ley que regule el uso y control de armas. Esta iniciativa que coge fuerza a medida que avanza también la inseguridad, da señales también que su aprobación no será fácil.
La cámara legislativa ha iniciado una serie de rondas de socializacióncon distintos sectores en donde no todos están de acuerdo con regular el uso y control del mercado de armas. No a todos gustó la idea que una persona en vez de portar legalmente cinco armas, como se hace actualmente, se limite a una por persona.
Armas de fuego generadoras de muertes
Los argumentos de quienes proponen esta tesis es que regulando la tenencia y uso de las mismas se puede incidir en bajar las tasas de homicidios que registran un promedio diario entre 15 y 19 víctimas, en su mayoría por armas de fuego.Quienes más utilizan este tipo de armamento son los llamados carteles del sicariato, personas que trabajan a servicio ya sea del crimen organizado o de particulares que contratan sus servicios para ejecutar las llamadas muertes por encargo.
En Honduras los mecanismos para controlar las armas y su desarme se contemplan en un decreto emitido en julio del 2000, que contiene la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares.
No obstante, catorce años después y ante la creciente inseguridad y el desafío constante que la criminalidad común y organizada hace a las estructuras del Estado en los llamados operadores de justicia, la necesidad de contar con una nueva ley adecuada incluso a las amenazas del terrorismo cobra más fuerza en el país.
Osmán Aguilar es un diputado liberal que encabeza lasdiscusiones de la nueva Ley de Armas, por ser uno de los proyectistas, pero en el camino parece que va encontrando más objeciones en contra que a favor de la nueva normativa.
En esta iniciativa le acompaña el diputado nacionalista, Tomás Zambrano, quien confía que a mediados de septiembre se encuentre listo el dictamen final de la nueva ley para ser introducido al hemiciclo y aprobado por los legisladores. Zambrano afirma que esta es una nueva ley que se suma al paquete de normativas jurídicas aprobadas en los últimos dos años en materia de defensa y de seguridad.
El reclamo de las empresas de seguridad
El país parece que está dispuesto a crear una especie de blindaje legislativo en contra de la criminalidad común y organizada, que a medida que escudriña o resalta un nuevo brote de violencia con tópicos distintos a los normales, le llevan a ir generando nuevas iniciativas legales de freno y control.No obstante, en esa socialización del proyecto, algunos sectores han pegado el grito al cielo porque los legisladores en su proyecto pretenden regular el uso de armas como las calibre 10 milímetros, la 40 Smith&Wesson, la 45 ACP y las escopetas calibre 12, que son las más usadas por las empresas de seguridad privada y algunos ciudadanos para defenderse, aseguran. Esta posición la sostienen los propietarios de las empresas privadas de seguridad y aquellos que conforman los clubes de caza de animales en el país.
Para ellos, el uso de la escopeta calibre 12 es las utilizada a nivel mundial, lo mismo que el revólver tipo 22. Ellos aseveran que trabajan con armas legales y permitidas y piden a los congresistas asesorarse mejor en sus propuestas porque sostienen que no pueden dejar “indefensa” a la ciudadanía al eliminar el uso de este tipo de armamento.
De otro lado, sostiene que el proyecto de ley es restrictivo al reducir el número de armas que puede portar una persona.
Estas y otras observaciones son algunos de los debates que marcan la socialización de la nueva ley que busca regular el uso y control de armas, las que se están convirtiendo en un instrumento de muerte en el país por la proliferación ilegal de muchas de ellas.
Las cifras del Comisionado de los Derechos Humanos indican que del año 2000 al 2012, la muerte en circunstancias violentas en el país alcanzó a más de 52 mil personas en forma violenta, en su gran mayoría producto de armas de fuego.
El escenario de la nueva Ley de Armas no será fácil, tampoco muy complicado, su aprobación dependerá de cómo se desarme también la propuesta para que todos los involucrados entiendan que la violencia no se resuelve a fuego y sangre. Se deben buscar otras alternativas y salidas.
