Menem (1989-1999), el exjuez federal Juan José Galeano, los antiguos jefes del servicio secreto Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar y dos excomisarios de la Policía Federal serán sometidos a juicio por decisión del magistrado Ariel Lijo, quien concluyó la etapa de instrucción, indicó el Centro de Información Judicial.
Todos ellos son acusados de «encubrir» a los autores del atentado con explosivos que el 18 de julio de 1994 causó 85 muertos y cientos de heridos al arrasar con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el barrio porteño de Once.
Lijo indicó en su dictamen que decidió acusar a Menem porque «extralimitando las funciones acordadas» por la Constitución argentina y las leyes locales se entrometió en la investigación del atentado, que se atribuye al grupo islámico Hizbulá con la presunta complicidad de Irán.
Sostuvo que el expresidente «determinó, por intermedio de una comunicación efectuada por su hermano Munir Menem -que era Coordinador General de la Unidad Presidente-, a Galeano «a abandonar la investigación relativa a la denominada ‘pista Kanoore Edul'», empresario amigo de la familia Menem y fallecido en 2010, sospechoso de haber tenido vínculos con el atentado.
«En cumplimiento de esa ilegal disposición presidencial, el magistrado a cargo de la pesquisa (Galeano) frustró, ocultó, sustrajo, dilató y/o interrumpió diligencias probatorias que podían comprometer al nombrado Alberto Jacinto Kanoore Edul», señaló en el dictamen publicado por el Centro de Información Judicial.
Apuntó que Kanoore Edul tenía vínculos con el diplomático iraní Mohsen Rabbani «por ese entonces sospechado de su participación en el hecho y hoy día con captura internacional».
El juez remarcó que en el momento de la presunta intervención de Menem «ya existían motivos suficientes como para sospechar» acerca de la «posible intervención» de Rabbani en el atentado.
Juan José Galeano, que durante una década dirigió las pesquisas sobre la «conexión local» del ataque contra la AMIA, fue destituido del cargo de juez federal por «mal desempeño de sus funciones» en 2005.
Anzorreguy y Anchezar, respectivamente jefe y subjefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y los excomisarios de la Policía Federal Carlos Castañeda y Jorge Palacios son acusados de haber participado en las presuntas maniobras que entorpecieron la investigación del atentado, que sigue impune.
