Tegucigalpa – La Procuraduría General de la República (PGR) prohibió cautelarmente, celebrar actos y contratos al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), quien despidió a Gabriela Núñez cuando ésta era presidenta del Banco Central de Honduras (BCH) y que derivó en una demanda millonaria a favor de la exfuncionaria.
Aunque no se trata de un embargo que involucre bienes, la medida limita al exmandatario que debe hacer frente a un proceso en marcha.
¿Quién debe asumir la demanda millonaria que ya pagó el Estado a Gabriela Núñez?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 29 de marzo de 2017
En diciembre de 2016, la PGR presentó un recurso de repetición contra el expresidente Zelaya por la demanda que le ganó al Estado hondureño la exministra Núñez, por su destitución anticipada como presidenta del Banco Central en 2008.
La demanda fue por un monto de 5.1 millones de lempiras, más intereses y costos del juicio. En las últimas horas se realizó la audiencia preliminar en la que las partes en conflicto no lograron conciliar.
El oficial de comunicaciones del Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, relató que la demanda de pago por vía de reposición sigue su curso en contra del expresidente Manuel Zelaya, a quien la PGR responsabiliza por el monto pagado tras el proceso judicial.
Contó que durante la audiencia el juez preguntó a las partes si estaban de acuerdo en un arreglo conciliatorio, a lo que ambos bandos se negaron.
Juez Civil ordenó medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos en demanda por repetición contra Manuel Zelaya No un embargo. pic.twitter.com/MSpRAGtKHR
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) 30 de marzo de 2017
“El caso se originó cuando la ciudadana Gabriela Núñez, quien era presidenta del Banco Central, fue destituida y de acuerdo a sus propios argumentos presentadas en una demanda en lo Contencioso Administrativo, de manera irregular o arbitraria por el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. En ese sentido la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le dio la razón y como producto de ese juicio se le pagaron por parte del Estado a la ciudadana Núñez la cantidad de cinco millones 118 mil 232.32 centavos”, esbozó Duarte.
Fue así -prosiguió el portavoz del Poder Judicial- que el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, ha demandado al ciudadano Zelaya por vía de repetición a fin de recuperar ese dinero que pagó a la exfuncionaria.
El vocero judicial dijo que la demanda data de diciembre de 2016 y dijo que la misma está en audiencia preliminar, en la que se establece la etapa de conciliación, misma que no tuvo éxito entre las partes mencionadas.
Ahora lo que procede es admitir las pruebas para pasar a una audiencia probatoria, la que sería en los primeros días de abril, manifestó el relacionista público.
Proceso Digital intentó reiteradamente conocer la versión del procurador Abraham Alvarenga, quien no contestó los mensajes de texto y tampoco las llamadas telefónicas.
Les voy a entregar mi casa y no apelaré
El expresidente Manuel Zelaya reaccionó molesto ante la pretensión de la PGR, que según su criterio es la de adueñarse de su vivienda para responder por los 5.1 millones que el Estado pagó a la expresidenta del BCH, Gabriela Núñez.
“Si ellos pusieron un embargo precautorio, que expropien la casa y se queden con ella”, comenzó diciendo Zelaya en referencia a la vivienda que se ubica en Tres Caminos.
Narró que un jefe de Estado electo democráticamente asume el riesgo de tomar decisiones. “En mi caso quité varios ministros y puse varios, esas eran mis facultades, no tengo porqué ir a responder con mis bienes porque no estaba actuando como persona, lo hacía como presidente”, adicionó.
Zelaya apuntó que “este es el primer caso que se da en el país que un jefe de Estado no puede despedir a alguien porque si aquel demanda usted tiene que responder con sus bienes”.
Insistió que “hoy quieren que responda con mi casa, no puedo pagar cinco millones de lempiras, entonces pusieron un embargo, pues que se queden con mi casa”.
Citó que “un presidente tiene facultades presidenciales que lo permiten nombrar y al mismo tiempo cancelar funcionarios. Yo la nombré presidenta del Banco Central con mucha satisfacción y a los dos años por pérdida de confianza fue separada del cargo y que conste, le ofrecí otro cargo, una Secretaría. Lo hice porque teníamos diferencias de opinión con el tema de la devaluación”.
“Viene Juan Orlando (Hernández) y con el procurador de la República, que es su abogado, me pone un embargo sobre la casa donde vivo en Tegucigalpa desde hace más de 20 años y el juez manda a citar para dictar sentencia. Entonces lo lógico es que me van a condenar a pagar los cinco o seis millones de lempiras que le dieron a Gabriela (Núñez) y como no puedo pagar esa cantidad, pueden revisar mis cuentas, al no poder pagar esa sentencia, procederán al remate de la casa, está bien, yo les entrego mi casa, la otra semana se las entrego y me voy para Olancho porque de ahí vine”.
Mel Zelaya anunció que no apelará el caso y que el Estado “se quede con mi casa. Les voy a entregar la casa, esto se llama expropiación y no voy a apelar porque no confío en la Corte”.
La demanda de Gabriela
En febrero de 2013 una sentencia condenatoria obligó al Estado hondureño a cancelar la suma millonaria a favor de Gabriela Núñez, quien había interpuesto la demanda por considerar su despido ilegal al frente del BCH en la gestión de Manuel Zelaya (2006-2009).
La ex funcionaria presentó la demanda arguyendo que mediante acuerdo 153 de fecha 27 de enero de 2006 fue nombrada como presidenta del BCH con un salario de 145 mil lempiras mensuales, más otros servicios sociales como bono anual, pagos de vacaciones y sumas adicionales.
Según el demandante, Núñez fue cancelada, sin haber cometido falta alguna, mediante acuerdo número 0025 de fecha 10 de enero de 2008, efectuada a partir del 14 de enero de 2008, faltándole dos años para el cumplimiento de su nombramiento por el que fue nombrada.
Gabriela Núñez ha manifestado que el uso del fondo percibido por la demanda lo ha destinado a fomentar programas educativos para favorecer a sectores necesitados de la sociedad.
