“Mel” Zelaya arremete contra el Poder Judicial y califica el fallo de político y partidista

El gobernante hondureño compareció en cadena nacional de radio y televisión, horas después que el pleno del supremo tribunal de justicia resolvió, por nueve votos a favor y seis en contra, aceptar los recursos de amparo y dejar en suspenso la polémica disposición gubernamental del “hoy no circula”.

Los cuestionamientos del mandatario fueron más allá y pidió al Congreso Nacional que proceda a interpretar el fallo del Poder Judicial y que deduzca “responsabilidades” a los magistrados que votaron en contra de la medida oficial, en un evidente desafío a la independencia de poderes que establece la Constitución de la República.

Indicó que el fallo del supremo tribunal es a todas luces político y partidario y “está viciado de presiones políticas, alejados del derecho y se constituye, por tanto, en un atentado en contra de la seguridad jurídica del país y de la ciudadanía y de los hondureños”.

“La Corte Suprema de Justicia en un acto sin precedentes ha invadido las facultades del Poder Ejecutivo, ha violado el debido proceso al desconocer la competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, afectando de esta manera la economía hondureña y poniendo en riesgo la estabilidad del país y los logros alcanzados por nuestra sociedad”, dijo.

Zelaya acusó al Partido Nacional, principal fuerza política de oposición, de estar detrás de la resolución adoptada por el pleno de la Corte y acusó a ese instituto político de poner en precario la justicia hondureña, manifestando su intervención clara y su manipulación sobre el Poder Judicial.

Recordó que el Partido Nacional cuando fue gobierno no hizo ni un pequeño esfuerzo para beneficiar a los hondureños en materia de combustibles y acusó que los hechos más notables de la administración nacionalista fueron el escándalo del “gasolinazo” y el “grosero” incremento de 17 lempiras al galón de combustible en septiembre de 2005.

“Responsabilizamos de forma directa a este partido y sus injerencias en los magistrados de la CSJ; las consecuencias negativas que este hecho irresponsable provocará en contra de los intereses generales de la nación y del pueblo hondureño, serán afectados inmensamente al impedirnos a nosotros los hondureños tomar medidas de ahorro urgentes para enfrentar esta crisis internacional provocados por el alto costo de los derivados del petróleo”, señaló.

El jefe de gobierno aseguró que la medida del “Hoy no circula” ya contaba con el reconocimiento de los hondureños, quienes en forma consciente ya habían retirado el 98 por ciento de las calcomanías.

Aseguró que la disposición oficial fue atendida en todo el territorio nacional, además disminuyó el congestionamiento vehicular y produciría un ahorro anual de 40 millones de galones de combustible, que equivalen a 2,000 millones de lempiras en importación de combustibles, para conservar las reservas internacionales del país.

En su alocución, Zelaya exigió al Congreso Nacional para que en “base a sus deberes constitucionales, proceda a evaluar las motivaciones del fallo de la CSJ y de confirmar la “infracción de deberes y la conducta impropia de los magistrados de la Corte, se tome las decisiones que considere procedentes de conformidad a la ley”.

“De confirmarse que se ha faltado a los deberes y responsabilidades de los magistrados y al procedimiento establecido en la Constitución de la República, se deberá deducir responsabilidades y hacer prevalecer el imperio de la ley, independiente del sentido partidario político”, advirtió.

El titular del Ejecutivo también llamó al pueblo a manifestarse y a acompañar al gobierno en este esfuerzo patriótico para que “busquemos un verdadero sistema de justicia, que nos garantice a todos una Patria compartida para todos nosotros para el bien común”.

Reacciona presidenta de la Corte

Tras conocerse las declaraciones del gobernante, la presidenta del Poder Judicial, Vilma Morales, reaccionó notablemente molesta y pidió respeto a la independencia de poderes y a la resolución de los magistrados de conformidad al estado de derecho que impera en Honduras.

“Yo lamento esto, hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de los constituye el respeto a los poderes del estado, y en lo único que vamos a expresar nuestro disenso es en el sentido de solicitar y de pedir que entendamos que este es un estado de derecho y que debemos ser respetuosos del mismo”, apuntó.

Dijo que las resoluciones judiciales no pueden ser objeto más que del uso y de los recursos que se pueden franquear a través de las leyes y bajo ningún punto una decisión judicial debe ser blanco de cuestionamientos y de una acción más allá de las propias y competencias de este poder del Estado.

“Yo creo que debemos empezar a entender que este es un estado de derecho y que el respeto a los poderes del estado está precisamente en entender el marco de sus atribuciones constitucionales”, reafirmó.

Morales puntualizó que el estado de derecho se construye respetando la Constitución de la República, pero particularmente se debe entender que las decisiones de un órgano del estado están sujetos a la supervisión, al monitoreo y a la revisión de esos actos.

“En ese sentido consideramos que una decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no obedece más que a su marco institucional y constitucional, debe ser respetado; nosotros no podemos ser objeto de una revisión más que de los actos que personalmente realizamos particularmente con nuestra ley”, afirmó.