En otra parte del anexo, en la llamada «Minuta de Santo Domingo», Zelaya deja asimismo constancia de los elementos que se deben cumplir para un eventual acuerdo de retorno de Honduras a la OEA.
En el primer punto consta la situación del propio Zelaya, quien exige la aplicación plena de un decreto de amnistía y una moratoria en los nuevos casos hasta que la Comisión de la Verdad concluya su trabajo, el cumplimiento del derecho a su incorporación al Parlacen y la seguridad que le corresponde por parte del Estado en su calidad de ex presidente.
También quiere ver la reafirmación del compromiso del Estado con la promoción y la protección de los derechos humanos, una propuesta de mecanismos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la impunidad, y la ampliación de la Comisión de la Verdad con un representante de Zelaya.
Además, reclama un diálogo en el que se traten asuntos relacionados con la justicia y reforma y la libertad democrática, y pide una comisión de la OEA para que haga seguimiento a la situación en Honduras.
En su informe, fechado el 9 de julio en Santo Domingo, asegura que Lobo «no ha hecho esfuerzos ni cumplido los requerimientos más elementales para la restauración de la democracia, el estado de derecho y, por lo tanto, el reconocimiento internacional».
Indica también que «se ha fortalecido el sistema de inmunidades, privilegios e impunidad a favor de los autores materiales e intelectuales de la violenta ruptura del orden constitucional».
Según Zelaya, la institucionalidad del Estado «sigue siendo usurpada por los autores y coautores del golpe de Estado, quienes continúan en los cargos públicos ejecutando acciones en contra del restablecimiento de la democracia y el estado de derecho».
En cuanto a su situación, Zelaya recalca que, al igual que ocurre con altos funcionarios de su Gobierno, se le sigue privando de sus derechos y garantías constitucionales, se le somete a «persecución política» mediante procesos judiciales «fabricados con posterioridad a su secuestro y expatriación forzosa para justificar el golpe».
Continúa además «inconmovible el régimen de represión y de flagrante violación de los derechos humanos contra la población en general, y contra los opositores al régimen en particular», dice.
Zelaya afirma que «no hay voluntad política para restablecer el orden democrático», ni tampoco «ninguna seriedad en el retorno con garantías suficientes, repatriación y restitución de todos los derechos» del ex presidente, varios de sus ministros, altos funcionarios y «los más de 170 hondureños viviendo en el exterior que sufren persecución».
El Gobierno, en una misiva dirigida el 5 de junio al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y que esta incluida en el anexo, insiste en que Zelaya «puede regresar cuando él desee».
Zelaya, por su parte, considera que «la única forma de superar la crisis es un acuerdo político con todas las fuerzas de la oposición y el Gobierno de Lobo».
En este sentido, hizo llegar a la OEA una propuesta que consta de ocho puntos, entre los que se destaca la verificación de que Lobo acabe con «toda acción de persecución judicial» contra los opositores y el cese de la represión y la violación de los derechos humanos.
También pide que se separe de sus puestos a los principales responsables del golpe que aún ocupan altos cargos en diferentes organismos del Estado y del Gobierno.
De otro lado, exige que se ponga fin a la impunidad y que la OEA verifique que se den las garantías para el ejercicio de la libertad democrática.
