– Agobiados por las presiones del FMI que amenaza con no firmar una nueva carta de intenciones con Honduras, entre una sarta de problemas que pasan por una alza constante a la canasta básica, los estrategas de comunicación buscan una salida “olímpica”.
Agobiados por las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que amenaza con no firmar una nueva carta de intenciones con Honduras por incumplimiento en el manejo y control del gasto corriente, el incontrolable alza en los precios de los productos de la canasta básica, los aumentos, cada vez más frecuentes, en los combustibles, el tema energético y el manejo limítrofe en el Golfo de Fonseca, entre otros aspectos de fondo, los estrategas del Poder Ciudadano optaron por colocar nuevamente en la agenda mediática la confrontación que el presidente hondureño sostiene con un sector de los medios de comunicación, a nivel de propietarios.
El pretexto esta vez, fue la disertación del gobernante ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que concluyó este martes su asamblea en Miami, donde Manuel Zelaya fue uno de sus oradores. Ahí el gobernante se desahogó, sin dar nombres y mucho menos el tipo de “acoso” que, según él, este sector de dueños de medios le hace para obtener canonjías.
El presidente Manuel Zelaya en su intervención en la 63 Asamblea General de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Miami (EEUU)
Valiéndose de un informe de casi ocho años presentado ante la Relatoría de la Libertad de Expresión, Zelaya justificó el comportamiento de algunos medios de comunicación social, pero no quiso indicar, a 20 meses de su gobierno, si esa tónica se repite con intensidad y mayor demanda. Ahí no hubo denuncias concretas sobre el tipo de chantaje a que es sometido, sólo insinuaciones.
Pero, para “orientar” a la opinión pública hondureña, que este martes fue encadenada a escuchar el discurso del gobernante ante la SIP en los noticieros radiales matutinos, el Consejo de Ministros, decidió, en un campo radial pagado, en horas del mediodía, “ilustrar” también a la ciudadanía acerca de la dimensión y repercusiones de esa gesta histórica hecha por el gobernante hondureño.
En cadena radial de prensa, los voceros del Consejo de Ministros estuvieron encabezados por el titular de la Secretaría de Gobernación y Justicia, Edmundo Orellana, el ministro de la Defensa , Arístides Mejía; el asesor legal presidencial, Enrique Flores Lanza, el titular de la Secretaría de Seguridad, Álvaro Romero, y la ministra del Trabajo, Rixi Moncada.
Ellos fueron los portavoces de la nueva estrategia de distracción política con un nivel de respuesta más alto que el otorgado a los activistas de los “call center”. Hablaron del derecho a informar y ser informado, de la transparencia de su administración cuya principal vitrina es una Ley de acceso a la información pública con graves falencias; así como de la injuria, la calumnia, los chismes y la difamación a que son sometidos con frecuencia los funcionarios públicos por parte de la prensa, en general, y algunos propietarios de medios de comunicación social, en particular.
“Es realmente la manipulación de grupos o personas la que más restringe la libertad del periodismo, ya que lo utilizan como un arma al servicio de sus intereses que permite incluso “fabricar” la verdad, que forman ejércitos mediáticos en los que algunos denominan terrorismo mediático”, dijo el asesor legal presidencial, Enrique Flores Lanza, al citar un documento que le sirvió para ilustrar y analizar el tema.
Posteriormente, la ministra del Trabajo, Rixi Moncada, quien avalara una discriminación salarial para los trabajadores que operarán en las maquiladoras que serán abiertas en la zona sur, sorprendió a los medios al hablar del “impacto” que le causa el saber que los periodistas y técnicos de medios de comunicación son mal pagados y no reciben horas extras.
Las risas al escuchar este argumento a favor de la prensa por parte de la funcionaria no se hicieron esperar, al invocar la unidad en este tipo de luchas y derechos legítimos de mejoras prebendas salariales para la ciudadanía, que al parecer, tuvieron un lapsus en el caso de las maquilas del sur.
En su defensa, todos los ministros la arremetieron contra esos dueños de medios que hacen de sus empresas un negocio que no es necesariamente es el de la libertad de expresión, pero no fueron capaces de mostrar pruebas recientes y contundentes sobre los tipos de presiones que estarían siendo objeto en estos momentos. Al igual que el presidente en la SIP , se concretaron a hablar de hechos pasados, sin elementos de fuerza.
Un rastreo hecho en torno a las confrontaciones que el actual gobierno mantiene con la prensa en los últimos 20 meses, registra un promedio de 36 roces, cuya característica principal es que se producen en momentos en los que la política del actual gobierno enfrenta críticas de liderazgo, transparencia, inseguridad ciudadana, reclamos populares, movilizaciones sociales y hechos de corrupción, entre otros aspectos.
¿Cómo deben de recepcionar (recibir) esto los medios de comunicación, porque algunos, de ahora en adelante, sabemos de que si criticamos las actividades del gobierno, se nos puede venir encima y es el que tiene el poder…? preguntó un periodista a los ministros, que no esperaban ese tipo de interrogante.
“Cuando los medios de comunicación critican al gobierno y lo hacen decorosamente habrá que aceptarlo, porque la tolerancia es la base de la sociedad”, respondieron.
La duda que centra la respuesta es qué es decoroso o indecoroso para los funcionarios públicos, cuya función, como bien lo cita la Relatoría para la Libertad de Expresión, deben ser más abiertos y tolerantes a la crítica sin caer en excesos que busquen, con querellas, demandas o juicios, intimidar y obstruir la labor periodística en su función de orientar, investigar, denunciar y hacer un periodismo ético, técnico, profesional y responsable.
Este nuevo episodio de la administración Zelaya con la prensa hondureña, no concluye aún, y parece ser el inicio, de una estrategia de distracción que cobrará fuerza, cual capítulo de telenovelas, a medida que se acerca noviembre y se define el destino de la cuenta del milenio, la ley de telecomunicaciones y el nuevo acuerdo con el FMI. La novela, apenas inicia.
