Tegucigalpa – Un juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas sustitutivas a 23 personas en caso de millonario fraude en el Programa de Asignación Familiar (PRAF).
Estas 23 personas se presentaron este miércoles de manera voluntaria para la audiencia de declaración de imputados.
La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 5 de marzo a partir de las 11:00 de la mañana.
Más temprano, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal a 38 personas por integrar una estructura que operó en el PRAF entre 2010-2014, y desvió 96 millones 976 mil 218.21 lempiras.
Entre los imputados el exgerente administrativo Ángel Paz Alvarenga, el exjefe del bono juvenil Raúl Salgado Zelaya, Sandra Solano Aguirre (exjefa del programa mujer) y otras personas.
El ente acusador del Estado imputó a estas personas por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones, los imputados se confabularon para defraudar a través de 596 contratos provenientes de los programas: Bono Juvenil y el Programa DiMujer, diseñados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza. AG
