Tegucigalpa – Un juez en Materia de Corrupción determinó dictar medidas sustitutivas a la prisión para 15 imputados y prisión preventiva para uno en el sonado caso Fraude sobre Gualcarque.
– Por el delito de fraude, la jueza dictó sobreseimiento provisional para 13 de los imputados en este proceso penal.
Así lo informó el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Carlos Silva, quien agregó que a Roberto David Castillo Mejía se le dictó prisión preventiva, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán. Este imputado ya guarda prisión por acusaciones en su contra por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
En tanto a los restantes 15 imputados: Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Martínez Lozano (exgerente de la ENEE), Roberto Darío Cardona (exviceministro de Serna), Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Julio Alberto Perdomo Rivera, José Mario Carbajal Flores, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Mauricio Reconco Flores, Julio Francisco Rivas Bonilla, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Raúl Pineda Pineda, Catarino Alberto Cantor López, Óscar Javier Velásquez Rivera, Isaida Odilia Pinel y Ana Lourdes Martínez Cruz, gozarán de las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal.
Entre las medidas establecidas figuran: prohibición de salir del país, firmar el libro de control en los juzgados el lunes de cada semana y no temer comunicación con ninguno de los imputados en esta causa penal.
A los 16 imputados se les acusa desde negociaciones incompatibles con sus funciones, uso de documentos falsos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, hasta falsificación de documentos públicos.
En esta resolución de audiencia inicial también se dictó sobreseimiento provisional por el delito de fraude a Roberto Darío Cardona, Mauricio Reconco Flores, Julio Francisco Rivas Bonilla, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Isaida Odilia Pinel, Ana Lourdes Martínez Cruz y Raúl Pineda Pineda.
El pasado 4 de marzo, la personera de la MACCIH, Ana María Calderón, afirmó que la investigación fue integrada, es decir que fue conducida por UFECIC, la colaboración activa de la Misión Anticorrupción y el apoyo de las Fiscalías de Etnias y Protección del Medio Ambiente.
UFECIC presentó evidencias de que 16 acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que una empresa desarrolladora del proyecto fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque que se celebró con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), así como el contrato de suministro y potencia de energía con la ENEE.
Calderón afirmó -en aquella oportunidad- que “este caso es paradigmático. La línea que se presenta hoy surgió de las denuncias que presentó Berta Cáceres, en su oportunidad fueron más de 40 denuncias sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad lenca”.
