El anuncio lo hizo el secretario privado de Casa Presidencial, Reinaldo Sánchez, quien dijo que “se tomó la decisión porque son personajes distinguidos de la hondureñidad”.
Añadió que la escogencia se realizó en base a los candidatos propuestos por cuatro bancadas del Congreso Nacional, así como por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La Comisión de Reforma a la Seguridad estará integrada por cinco miembros, tres nacionales y dos internacionales. Hasta el momento se desconoce quiénes serán los integrantes internacionales.
Actualmente, la Policía Nacional atraviesa una de las peores crisis de su historia ya que muchos de sus integrantes se han vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico.
¿Quiénes son los integrantes?
Víctor Meza es un ex ministro de la administración de Manuel Zelaya Rosales y además uno de sus negociadores (en representación de Zelaya) para lograr los acuerdos San José-Guaymuras-Tegucigalpa por la reconciliación.
Matías Funes en un profesor universitario, ex candidato a la presidencia del país por la izquierdista Unificación Democrática (UD); ex diputado al Parlamento Centroamericano y uno de los analistas más respetados del país.
Jorge Omar Casco es un ex rector de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que entregó un informe sobre lo que ocurrió en Honduras antes durante y depuesta de los sucesos de junio de 2009, cuando Manuel Zelaya salió de la presidencia de Honduras al intentar perpetuarse en el poder mediante una consulta no estipulada en la legislación hondureña.
Tras una aceptación de la administración del presidente Porfirio Lobo que Honduras vive una grave situación de inseguridad pública, el Congreso nacional aprobó la creación de Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, integrada por tres nacionales y dos internacionales.
De acuerdo al decreto de su creación, este órgano es temporal e independiente, responsable de diseñar, planificar y vigilar el proceso de reforma integral de la seguridad pública, incluye la propuesta de reforma de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, así como las recomendaciones para la readecuación de la normativa legal relacionada.
La ley que le da vigencia indica que esta Comisión tendrá como objetivos prioritarios entre otros la formulación de propuestas con el fin de implementar procesos de depuración de los órganos operadores de justicia, vigilar la efectiva ejecución de estos, así como recomendar lo que en materia de seguridad pública sea pertinente con el fin de que todas las personas gocen de su derecho a la seguridad y al ejercicio de sus libertades de conformidad con la Constitución hondureña.
Entre sus funciones se pueden citar la de vigilar, dar seguimiento y supervisar a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, creada mediante decreto 198-2011.
Especifica que en ese campo se comprenden tareas como investigar dentro de la Policía, en toda su estructura y desde la cúpula hasta su base, los actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, delitos de distinto tipo, modos de operar en la ejecución de acciones delictivas, abusos policiales en los distintos municipios donde operan y estructuras delincuenciales existentes dentro de la policía, así como los vínculos clandestinos para cometer ilícitos existentes entre la policía, el crimen organizado, las pandillas y cualquier estructura delincuencial.
Igualmente tendrá la facultad de investigar la procedencia del patrimonio de los policías, estableciendo sus ingresos y comparándolos con sus posesiones y propiedades en bienes muebles e inmuebles, así como las de sus cónyuges o compañeros de hogar y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, durante los últimos diez años.
La normativa indica que además deberá diseñar y hacer funcionar con efectividad un servicio profesional y permanente de depuración policial, basado en investigaciones y evaluaciones. Este servicio debe estar sujeto a control ciudadano, operará fuera de la estructura de la Policía y nunca debe estar integrado por policías o ex policías, ni militares o ex militares.
Inseguridad en cifras
Un reciente informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), revela que unas 46,450 personas han sido víctimas de la violencia en Honduras entre 2000 y 2011, las que fueron asesinadas con armas de fuego, blancas y otras contundentes.
Según el estudio, el promedio de muertes violentas desde que Lobo asumió el poder, el 27 de enero de 2010, hasta diciembre de 2011, fue de 558.17 mensuales que equivalen a 19 víctimas diarias.
En 2011, se reportó 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy lejos de la cifra promedio mundial que es de 8.6 homicidios.
Se calcula que en Honduras hay más de 800,000 armas circulando de manera ilegal, añade el informe.
