Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este miércoles que se desembolsaron más de mil 077 millones 024 mil 689.49 de lempiras provenientes de la Tasa de Seguridad por la adquisición, uso y mantenimiento del avión presidencial.
– El CNA definió que cada hora de vuelo del avión presidencial costó 670 mil 803.99 lempiras.
– Desde su adquisición en 2014 hasta agosto de 2022, el avión presidencial ha recorrido mil 606 horas de vuelo.
La denuncia fue presentada en el informe “Avión presidencial: el despegue del saqueo a una nación” que retrata las erogaciones de dinero para adquirir, uso y mantenimiento de esta aeronave.
El documento del CNA señaló que el 6 de octubre de 2014 los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra millonaria de la aeronave Embraer Legacy 600, bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información.
La orden de adquisición fue emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) al coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, indicó que el avión presidencial fue utilizado para viajes de lujos en las ciudades de Washington, Tokio, Madrid y Buenos Aires.
Consideró la adquisición de esta aeronave fue para “cumplir un capricho elitista que los elevara tan alto por su ambición”.
Castellanos denunció que el 6 de junio de 2014 el gobierno pagó una reserva de compra del avión con un anticipo alrededor de 21 millones de lempiras.
Detalló que esta aeronave es de segunda mano y contaba con dos mil 676 horas de vuelo, pese que la Ley de Contratación del Estado prohibía comprar bienes usados.
Sin embargo, el 1 de octubre de ese mismo año el Congreso Nacional reformó el artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado que permitió la compra de bienes usados.
Para el 10 de octubre de ese año, el gobierno ejecutó el pago del saldo pendiente de 13 millones de dólares, es decir, unos 276 millones 939 mil lempiras.
La directora del CNA reveló que en total se pagó 297 millones 846 mil 300 lempiras por la reserva y compra del avión presidencial, fondos que procedieron de la Tasa de Seguridad, pese que en su momento, el gobierno aseguró que provenían de países amigos.
Posteriormente, subrayó que después del pago de la aeronave se creó una cuenta llamada “gastos anticipados” el 31 de diciembre de 2014 y que estuvo activo hasta el 30 de diciembre de 2021.
Reprochó que los exfuncionarios utilizaron el lema “primero hicieron la compra y después pidieron permiso”.
En la cuenta bancaria se registraron las donaciones de la embajada de Taiwán y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); de igual forma, se registraron todos los gastos incurridos en la adquisición, uso y mantenimiento de la aeronave presidencial.
Por otro lado, para el mantenimiento de la aeronave, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional firmó dos contratos para dicha función.
El primero fue con la empresa Embraer Aviation Internacional SAS (EAI) por la cantidad de un millón 793 mil 663.94 dólares, equivalente a 39 millones 633 mil 874.64 lempiras, que incluía los servicios pool, mantenimiento programado, servicios de rescate y servicios de soporte de motor.
El segundo contrato fue suscrito con la sociedad mercantil Embraer S. A. para brindar servicios de suministro de repuestos, representante técnico de campo, equipo de entrenamiento inicial, entrenamiento de pilotos y entrenamiento técnico de piloto por un monto de 524 mil 116.36 dólares (11 millones 581 mil 189.56 lempiras).
Adicionalmente, revelaron que el 10 de mayo de 2018, se suscribieron adendas contractuales con ambas empresas para ampliar la vigencia de los contratos hasta el 29 de diciembre de 2019.
El CNA constató erogaciones por 247 millones 556 mil 543 lempiras por mantenimiento y 29 millones 354 mil 445,90 lempiras en concepto de repuestos.
Esta organización confirmó que interpuso dos denuncias, una ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otra al Ministerio Público, ambas se mantienen bajo reserva para no entorpecer la investigación. AG
