Las venezolanas se suman así a otras mujeres del mundo que han exigido compensación económica tras conocerse que los implantes PIP son susceptibles a rupturas y que su contenido no es compatible con el organismo humano generando daños graves a la salud.
«Asistieron más de 470 afectadas a participar en el proceso de amparo», dijo a periodistas el abogado de las demandantes Gilberto Andrea, al señalar entre las empresas comercializadoras demandadas a Galaxia Medica, Locatel y Farmacias Locatel, Multindustrias Médicas Meltimed, Locatel Servicios y Locatel Franquicia.
El letrado aseguró, además, que ya hay un grupo de 1,576 venezolanas con implantes PIP que se han unido en la red social Facebook.
«La medida que tome el tribunal las va a amparar absolutamente a todas por los dos derechos fundamentales que son la salud y la vida», explicó el abogado, quien informó que han pedido al tribunal encargado que ordene a la Federación Médica Venezolana (FMV) que asista a las afectadas y haga una valoración de los casos.
«La empresa francesa (PIP) va a responder a través del Gobierno de ese país (…) pero eso va a formar parte de una segunda demanda en la que vamos a pedir una indemnización por daños morales», apuntó el letrado.
Andrea leyó parte del documento legal de amparo constitucional que fue introducido ante la Justicia del país en el que se explica que las demandantes requieren ser intervenidas quirúrgicamente «de manera urgente» pues las prótesis que portan son «una verdadera bomba de tiempo» contra la salud y la vida.
El documento indica que las operaciones que les deben practicar a las portadoras de las prótesis implica la extracción de las mismas y la colocación de nuevos implantes «de altísima calidad» proceso que, exigen, debe ser pagado por las empresas comercializadoras de las unidades PIP.
En el escrito, las demandantes agradecen al Gobierno de Venezuela el gesto de querer asistirlas en la extracción de las prótesis, pero se aclaran que requieren de nuevos implantes «cuya adquisición y pago es exclusiva responsabilidad de las empresas comerciales aquí demandadas».
El documento legal de las demandantes indica que quienes comercializaron las prótesis en Venezuela son quienes deben responder por los daños causados «ya que hace falta contar con la prótesis nueva de altísima calidad que tienen un altísimo costo».
La demandante, Mariana González, de 25 años, dijo que lleva tres años con las prótesis y no ha sufrido ningún problema, por ahora, pero aclaró que se ha unido al grupo que exige el pago de la extracción y reimplante, junto a las otras porque «precisamente» no quiere tener inconvenientes en el futuro.
En Francia, las autoridades sanitarias anunciaron hace unos días que 20 mujeres con implantes PIP han anunciado tener cáncer.
Tras detectar problemas en los implantes, el Gobierno recomendó a las francesas que se los quitaran.
En total, se estima que entre 400,000 y 500,000 mujeres llevan esos implantes en todo el mundo.
