Tegucigalpa – A dos años de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, alrededor de 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión, un incremento preocupante de 74 mil 126 nuevos hogares desde el inicio de la medida en 2022, reveló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
– La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.
– En Honduras, el rubro del transporte es uno de los más golpeados por este ilícito, no obstante los grupos extorsivos no se limitan a un solo rubro.
El organismo de Sociedad Civil realizó hoy la presentación del informe “Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción”.
El informe, derivado de un análisis documental, solicitudes de información, entrevistas, una encuesta de victimización y encuestas con expertos, indica que la tasa de victimización por extorsión pasó del 9 % en 2022 al 11.6 % en 2024.
El estado de excepción, iniciado el 6 de diciembre de 2022 por la presidenta Xiomara Castro como una «guerra contra la extorsión», ha sido prorrogado 16 veces y se ha convertido en un modelo de seguridad cuestionado por sus resultados limitados y su impacto en los derechos ciudadanos, expuso Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justica de ASJ.
A pesar de las medidas implementadas, tres de cada 10 hondureños se sienten menos seguros bajo esta política, concluye el informe.
Sin embargo, mientras el número de hogares afectados sigue creciendo, las denuncias y detenciones por extorsión han disminuido significativamente, expuso.
En 2021 se registraron mil 922 denuncias; pero en 2024, la proyección con los casos registrados hasta septiembre indica que el número descendería a 484, detalló.
Las detenciones por este delito también reportan una disminución, de 461 en 2021 a 175 en 2024, apuntó.
Transporte, uno de los más afectados
De su parte, Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, dijo a Proceso Digital que son uno de los rubros más afectados por la extorsión.
Reveló que en Honduras son los muertos los que cobran extorsión, un mecanismo de protección que utiliza el crimen organizado para protegerse.
Señaló que organizaciones criminales e incluso individuos a título propio usurpan identidades de personas que ya fallecieron para cobrar extorsión a través de monederos electrónicos.
Recordó que estamos en temporada navideña y que el rubro del transporte solo desea que el delito de la extorsión desaparezca.
Victimización
En los últimos dos años, ocho departamentos del país, incluyendo Intibucá, Choluteca y Atlántida, han experimentado los mayores aumentos en tasas de victimización, con Intibucá liderando con un 18.22 %.
Preocupa además que, hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculadas al estado de excepción.
Por otra parte, según expertos consultados, de las 30 acciones contempladas en el Plan Antiextorsión, solo cinco han sido implementados parcialmente, como la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia. Sin embargo, acciones clave, como el fortalecimiento de unidades de inteligencia y reformas al Código Penal, siguen pendientes.
Conclusiones
Ante los resultados de la medida, ASJ propone fortalecer y ejecutar el Plan Antiextorsión de manera integral, involucrando a todos los actores clave: Policía Nacional, fiscales, jueces, sector financiero, comunicaciones y sociedad civil.
Además, enfatizó en la necesidad de garantizar la protección de los derechos ciudadanos, poniendo fin al estado de excepción como medida permanente y restituyendo las garantías constitucionales, así como implementar estrategias que aborden las causas estructurales de la extorsión, fomentando la confianza en las instituciones y promoviendo la denuncia.
Finalmente, el informe concluye que se debe mejorar e implementar el Plan Antiextorsión, combatir la extorsión de manera integral y restaurar los derechos de los hondureños. (RO)
