Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La conflictividad política y social sigue azotando fuerte a los defensores humanitarios en Honduras, al registrarse un promedio de 372 casos a septiembre de 2023, de los que 105 son periodistas y comunicadores sociales, revelan datos en poder del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) que serán presentados a la relatora para la libertad de Opinión y Expresión de la ONU que se encuentra en el país, Irene Khan.
Khan llegó al país en visita oficial, invitada por el gobierno de Honduras, y durante su estadía se entrevista con actores del gobierno, poderes del Estado, sociedad civil, periodistas, activistas humanitarios y comunicadores rurales, entre otros, a fin de tomar el pulso al clima de libertad de expresión y de opinión que prevalece en esta nación centroamericana. Rendirá un informe el 27 de octubre cuando concluya su misión que contempla viajes a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba.
La relatora de la libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, se suma a una cadena de altos funcionarios internacionales que han desfilado en los últimos 18 meses en Honduras para valorar la situación de los derechos humanos, libertad de expresión, cárceles y cambio climático, entre otras temáticas. Todos en sus informes preliminares han destacado su preocupación por el clima de riesgo de defensores humanitarios, periodistas, comunicadores, mujeres, grupos vulnerables y los efectos del cambio climático.
Su preocupación no es menor. A su arribo al país, la relatora de la ONU se encontró con el asesinato número 16 en lo que va del año en este país, se trata del campesino, Kevin Meza, de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas, el sábado 14 de octubre, ocurrido en la conflictiva zona del Bajo Aguán.
Asesinato de defensores y periodistas
De acuerdo a la OACNUDH, a septiembre de 2023, 15 defensores humanitarios, entre ellos de la tierra, el medio ambiente y los territorios, habían sido asesinados en este país. Meza sería la víctima número 16. Asimismo, se contabiliza la muerte de un (1) periodista en lo que va de este año, para hacer un total de 17 personas que han sido asesinadas y sus casos se encuentran en impunidad.
En tanto, por agresiones, intimidaciones, amenazas y otras figuras que atentan contra los derechos humanos, el registro de la OACNUDH es de 372 casos, de los que 105 corresponden a periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación. Para los defensores humanitarios, las regiones con mayores niveles de riesgo y conflictividad son los departamentos de Colón, Atlántida y algunas zonas del occidente del país, en tanto para los periodistas los mayores riesgos se concentran en los departamentos de Francisco Morazán (donde está la capital del país), Cortés, en el atlántico, y Choluteca, en la zona sur.
Dentro de las amenazas a los defensores de territorios y ambientalistas, destacan el intento de atentado contra la líder garífuna Mirian Miranda, en el litoral atlántico, y de Ramiro Lara, en Santa Rosa de Copán, en el occidente.
Para el OACNUDH llama la atención, el caso de la prensa, como la virulencia se está expandiendo al plano de la violencia digital en redes, desde donde se gestan acciones para estigmatizar y desprestigiar en detrimento de la libertad de expresión y en quebranto del llamado espacio cívico. Se busca golpear la moral del periodista y del periodismo.
Esas preocupaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincide con el más reciente informe de situación de la libertad de expresión presentado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que en un apartado denominado “Endurecimiento del Gobierno”, destaca que en medio de la multicrisis que vive el país, y del reacomodo de fuerzas, el “partido de gobierno parece haber iniciado un curso de endurecimiento defensivo de su estilo de gobierno que tiene consecuencias en el Espacio Cívico y Democrático”.
El informe de C-Libre y sus advertencias
Algunas muestras de ese endurecimiento destacan la remilitarización de la seguridad pública, la represión “brutal policial” con prácticas “parapoliciales” de grupos “de esquiroles motorizados afines del partido en el gobierno, que irrumpen algunas entidades de gobierno para amedrentar a los empleados que realizan alguna protesta, todo en presencia de autoridad policial que no interviene en connivencia con estos grupos de choque…”
C-Libre llama la atención sobre lo que considera la “puesta en práctica de una política de negación de la información de acceso público, a través de centralizar las vocerías institucionales o simplemente negarse a dar declaraciones, medida que ya se veía venir con la pretendida aprobación del PCM por parte de la Secretaria de Planificación Estratégica, que quiere centralizar toda la información de las instituciones públicas, realizar un control minucioso de la información difundida por todos los medios, incluidas las redes sociales, y amenazar con aplicar la ley de Conatel para cerrar medios de comunicación social. Por la presión social, el gobierno afirmó que el proyecto sería abortado”, cita el informe.
También habla de “los ataques presuntamente desde el gobierno que reciben figuras claves de los movimientos sociales y ONG, cuando publican alguna observación o crítica que cuestiona el hacer gubernamental (caso de acusaciones al padre Melo)”. El informe señala el incumplimiento en la llamada reforma penal para despenalizar los delitos contra el honor y denuncia que algunos funcionarios gubernamentales “son intimidados o despedidos por expresar su opinión sobre asuntos de interés público, como ocurrió con la ex directora regional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) en San Pedro Sula, profesora Lilian Ordóñez, con medidas disciplinarias”.
En tal sentido, C-Libre indica que “estas medidas son desmedidas e injustificadas, indican que el gobierno ha hecho una lectura maniquea de la situación actual, señalando que toda protesta es parte de una estrategia conspirativa de actores vinculados al anterior régimen, buscando derrocar al actual gobierno, con lo cual “justifica” una política disuasiva de “mostrar sus colmillos” que nos recuerda la tristemente célebre “Doctrina de la Seguridad Nacional”, recalca en su informe esta institución de libertad de expresión.
Para los analistas sociales y expertos en temas de derechos humanos, el clima de libertad de expresión y de derechos humanos no atraviesa el mejor momento en Honduras, la muerte de los más de una docena de activistas en este año es un indicador de una mala salud, muchos de los casos siguen impunes, y en sus informes las distintas misiones internacionales que han llegado al país, exhortan al gobierno y al Estado a mejorar sus protocolos en el llamado Mecanismo de Protección, así como combatir la impunidad de estos crímenes.
La reducción de los espacios cívicos, la desinformación, la violencia en línea hacia periodistas, actores claves críticos, opositores políticos, organizaciones civiles anticorrupción y defensores humanitarios de los territorios, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI, va escalando y restringiendo la libertad de expresión y la crítica coinciden los analistas y los informes y registros en poder de grupos especializados.
Para la cancillería hondureña, la llegada de la relatora Khan «es una oportunidad significativa para fomentar un diálogo constructivo y promover medidas concretas que fortalezcan los derechos fundamentales en el país».
En tanto, la OACNUDH señala que su visita se centrará en las “buenas prácticas y los desafíos relacionados con la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión, incluido el acceso a la información y la libertad de los medios de comunicación en Honduras”. (PD).
