Tegucigalpa – Al menos 163 profesionales del derecho denunciaron, entre los años 2016 y el 2022, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado interno, reveló hoy el ente estatal.
– En el 2022, el Conadeh atendió la mayor cantidad de quejas de los últimos siete años, luego que 43 abogados denunciaran estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, lo que evidencia un incremento preocupante principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Cortés.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre expresó su preocupación luego que, en el 2022, el número de abogados en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia alcanzó la cantidad de 43, la más alta de los últimos siete años.
Explicó que, de los 43 profesionales del derecho, atendidos en ese año, por el Conadeh, 25 que representan el 58% son hombres y 18 (42%) mujeres.
Detalló que, del total de abogados, 33 estaban en riesgo mientras que diez fueron víctimas del desplazamiento forzado.
En el 2016, el Conadeh atendió 11 casos de abogados en riesgo o víctimas de desplazamiento, la cifra aumentó a 16 en el 2017, en el 2018 (16), en el 2019 (38), en el 2020 (23), en el 2021 (16) y, en el 2022, la cifra se “disparó” a 43, para totalizar 163, durante los siete años objeto de análisis.
Otro de los hallazgos, revelados por el Conadeh, en el marco de las denuncias atendidas desde el año 2016, establece que las acciones de violencia, contra los profesionales del derecho, tuvieron como escenario los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso y Choluteca.
El ente estatal señaló que, entre los agresores, denunciados por los propios afectados, figuran personas conocidas en el 39 % de los casos, el 33 % son personas desconocidas, el 21 % grupos criminales y un 5 % operadores de justicia, entre otros.
Del total de profesionales del derecho, atendidos por el Conadeh, desde 2016, el 52 % son hombres, mientras que el 48 % son mujeres.
En el 2016, con la asistencia técnica del ACNUR, el Conadeh activó la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno por Violencia (UDFI) que tiene entre sus objetivos monitorear de manera permanente este fenómeno y brindar apoyo en atención a las víctimas.
En el 2023 continúan los ataques
En los primeros seis meses del 2023 continuaron los ataques contra la integridad física y la vida de los profesionales del derecho.
En siete hechos violentos registrados, un abogado fue secuestrado y posteriormente liberado, cuatro fueron víctimas de atentados y tres que perdieron la vida violentamente.
San Pedro Sula, en el norteño departamento de Cortés, fue escenario de dos atentados contra tres profesionales del derecho que resultaron ilesos, en uno de ellos, las víctimas se enfrentaron al supuesto responsable y lo entregaron a las autoridades.
La colonia Modelo de Comayagüela, en el central departamento de Francisco Morazán, fue escenario de otro atentado en el que una persona que ejerce su labor como abogado resultó gravemente herida.
Los tres profesionales del derecho que perdieron la vida violentamente, uno estaba recién graduado y fue encontrado muerto de varios disparos en el interior de su vehículo, otra fue encontrada muerta en su vivienda y laboraba en un bufete y la última víctima era un ex juez que fue interceptado por sujetos desconocidos, en La Ceiba, Litoral Atlántico de Honduras, que le impactaron varios disparos.
Profesión de alto riesgo
Según el Conadeh, la labor que realizan los profesionales del derecho se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, al registrarse, en las dos últimas décadas (2004 – 2023), alrededor de 210 muertes violentas.
Además, muchos abogados han sido víctimas de hechos violentos que han puesto en riesgo su integridad física y su vida al ser objeto de secuestros, atentados, agresiones y amenazas.
A esos hechos violentos se suma es el alto nivel de impunidad que andaría rondando el 93 % de los casos, lo cual impide que se conozcan las verdaderas causas por las que pierden la vida violentamente los que se dedican al ejercicio de esta profesión.
Entre los profesionales del derecho fallecidos violentamente, desde el año 2004, figuran especialistas en derecho penal, derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, asesores legales de sindicatos, de instituciones bancarias, instituciones del Estado, de organizaciones campesinas y ex operadores de justicia.
Hasta ahora, 14 departamentos del país han sido escenario de muertes violentas de abogados, sin embargo, el mayor riesgo se concentra en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán con el 70 % de los casos. JS
