Tegucigalpa – Más de 10 mil personas estuvieron en riesgo y fueron víctimas de desplazamiento forzado por violencia, en Honduras, entre el 2019 y el 2022 (4 años) reveló hoy la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La UDFI destacó que, durante esos 4 años, la institución nacional de derechos humanos atendió 4 mil 192 quejas que vinculan a unas 10 mil 288 personas de estar en riesgo y de ser víctimas de desplazamiento forzado por violencia.
132 casos de reclutamiento forzado.
En el documento se detalla que, del total de quejas atendidas por el Conadeh, 132 casos están relacionados con el reclutamiento forzado de personas.
Las personas víctimas del reclutamiento forzado son utilizadas muchas veces para cometer actos delictivos, en ocasiones como informantes, en otras como sicarios o para realizar actos de extorsión, transporte de drogas y como parejas sentimentales.
Del periodo objeto de análisis, el 2022 se constituyó en el año en que más quejas por reclutamiento forzado atendió el Conadeh con 46, que involucran, como víctimas, a 78 personas, de las cuales, el 70% estuvo en riesgo de desplazamiento, mientras que el 30% restante fue objeto de desplazamiento forzado.
En ese año, en 34 quejas, que representan el 74%, se vincula como responsables del reclutamiento forzado o como principales agresores a miembros de maras y pandillas, en ocho casos a personas desconocidas, en 3 a personas conocidas y en un caso a miembros del crimen organizado.
Entre las víctimas figuran menores en edad escolar, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, trabajadores informales, a través de amenazas directas o contra familiares e incluso de violencia sexual.
Los agresores les prometen todo a cambio de dinero, drogas, brindarles protección y sentido de pertenencia como grupo familiar, relataron los propios afectados.
Algunos de las víctimas fueron objeto amenazas contra la vida, acoso, violencia sexual e incluso de trata de personas.
Cinco departamentos
Las niñas, niños y adolescentes, en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, por causa del reclutamiento forzado, en su mayoría son llevados por sus padres o sus familiares, quienes se ven obligados a desplazarse a otros lugares para salvaguardar su integridad física y su vida.
En el 2022, cinco departamentos del país fueron escenario del reclutamiento forzado, en las que se puso en riesgo o de ser víctimas de desplazamiento forzado a casi un centenar de personas.
Francisco Morazán registró el 48% de los casos, Atlántida el 22%, Cortés el 17%, Choluteca el 11% y Olancho el 2%.
Obligados a desplazarse para salvaguardar su integridad física y su vida
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, recordó al Estado hondureño su obligación de prevenir el reclutamiento forzado y le exhortó a proteger a las víctimas de los agresores y que se respete su dignidad, vida, integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual
Nadie debe ser sometido a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, expresó la Comisionada de los Derechos Humanos.
En diferentes informes, el Conadeh advirtió al Estado hondureño de la relación existente entre el desplazamiento forzado en el país y el riesgo de reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años por grupos delictivos organizados.
La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que “la falta de garantía efectiva a diversos derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes los sitúa en una condición de especial vulnerabilidad que, en contextos con presencia de grupos violentos y criminales, los expone a ser captados, utilizados, abusados y explotados por estos grupos”
El fenómeno del desplazamiento forzado interno adquirió mucha relevancia en el país de manera progresiva a partir del 2013, año en el que el Estado hondureño reconoció, de manera oficial, la problemática y se estableció en el país la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por Violencia.
En agosto del 2016, el Conadeh con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) activó la UDFI, con el objetivo de monitorear de manera permanente el fenómeno de desplazamiento forzado interno, a nivel nacional, por medio de análisis principalmente cualitativos. IR
