Tegucigalpa.- La Comisión de Reforma para la Seguridad Pública (CRSP), finalmente comienza a cobrar empuje y tomar forma al integrarse al equipo los dos comisionados internacionales procedentes de Canadá y Chile. Su llegada se produce justo cuando esta instancia, que surge desde la ciudadanía, ha sido marginada de las últimas decisiones políticas del gobierno en materia de seguridad y defensa.
Este miércoles arribó al país, Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que fuera designado por Canadá para representar a ese país en la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública.
A su vez, el cuestionado general chileno de la Escuela de Carabineros, Aquiles Blu, arriba al país este jueves y sostendrá sus primeras entrevistas y reuniones de trabajo con el resto de los comisionados que integran junto a Blackwell, los nacionales Víctor Meza, Matías Funes y Omar Casco.
No más impunidad dice canadiense
En sus primeras declaraciones al noticiero TN5, el canadiense Blackwell, que alternará su trabajo en Honduras con el que desarrolla en la OEA, dijo que no venía al país a tomarse fotos ni salir en la televisión, sino a trabajar fuertemente en las funciones que les delega el decreto de creación de la CRSP, las cuales definió como “muy profundas”.
Asimismo, dejó entrever que los ejes prioritarios identificados por la Comisión de Reforma se relacionan con la policía y la seguridad ciudadana, los operadores de justicia y el sistema carcelario del país, a fin de que disminuya en esta nación tanta “impunidad”.
El diplomático se reunió por más de seis horas con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, luego con los comisionados nacionales y posteriormente con la Fundación de las Víctimas de la Violencia que encabezan la socióloga Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde; Aurora Pineda, madre de uno de los estudiantes universitarios asesinados, y la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, entre otras personas de sociedad civil.
Con la llegada del general chileno, Aquiles Blu, esta Comisión, que surge por presiones de la sociedad civil y la ciudadanía hondureña, comienza a acelerar sus funciones, incómoda—según trascendió—por el marginamiento hecho por el gobierno y el poder legislativo de las últimas decisiones y reformas tomadas en materia de seguridad y defensa. Asimismo, porque no se les ha definido un presupuesto, al grado que ni sede propia de reuniones tienen, su trabajo lo hacen en las instalaciones de un organismo académico de investigación.
De acuerdo al decreto que les dio vida, la CRSP es la responsable no solo de certificar los operadores de justicia: policías, fiscales y jueces, sino que de conformar una nueva policía y proponer ante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa una propuesta para conformar la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras facultades.
Sorprenden decisiones del Ejecutivo
Pero fueron sorprendidos cuando el presidente Lobo nombró, ignorando lo establecido en la ley, a un militar como el nuevo hombre de la inteligencia en Honduras. Se trata del general Julián Pacheco Tinoco.
Los comisionados de la CRSP tampoco han sido integrados a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en lo que concierne a los temas de su competencia. No obstante, al margen del desdén que han sido objeto, ellos anunciaron que comenzarán a certificar la función de los operadores de justicia, siendo el primer caso público que pusieron a consideración el del fiscal especial contra la corrupción, Henry Salgado, cuyo papel fue cuestionado en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Este lunes, sostuvieron una reunión con el fiscal general, Luís Rubí, a quien formalizaron su petición de evaluar la labor de Henry Salgado y en respuesta, el fiscal general les entregó un informe de investigación a Salgado, el cual la Comisión de Reforma estudiará para sentar su postura final.
El fiscal Salgado dijo sentirse “ofendido” por la petición de la CRSP, que se le violentaron sus derechos y tras alegar inocencia de cargos que aún se desconocen, se declaró un “perseguido político” por sus actuaciones.
Sin embargo, en la crisis actual de seguridad que vive el país, los comisionados de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública no han sido tomados en cuenta y a criterio de allegados a la misma, existe cierta incomodidad al respecto, máxime cuando se anuncia la creación de una policía militar como una tercera fuerza del orden en el país, sin saber las motivaciones reales.
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, dijo recientemente que se sentía “insatisfecho” con los resultados tanto de la CRSP como de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Tanto la DIECP como la Comisión de Reforma surgen a petición de instancias ciudadanas, la primera representada en el Conasin y la segunda desde un amplio movimiento social gestado desde la academia y la rectora de la UNAH.
Con la conformación esta semana del pleno de los comisionados de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública, una de sus primeras acciones será dialogar con el presidente Lobo para definir sus ámbitos de acción y de cooperación, en tanto países como Canadá y Chile parecen estar dispuestos a empujar el mandato dado a sus representantes y acelerar en Honduras las reformas necesarias para evitar un mayor crecimiento de la violencia y la inseguridad, además de devolver la confianza y credibilidad en los operadores de justicia.
