Tegucigalpa/Washington – Los adolescentes de entre 13 a los 15 años, en Honduras, El Salvador y Guatemala, son blanco de maras o pandillas criminales que los obligan a realizar labores cada vez más violentas, indicó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe «Crimen organizado y derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: desafíos y acciones estatales en el norte de Centroamérica».
Esos grupos delincuenciales suelen reclutar a jóvenes de corta edad para aprovecharse de la inimputabilidad de menores de 13 años en Guatemala y 12 años en Honduras y El Salvador, refiere el informe que analiza el accionar del crimen organizado y su impacto sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde una perspectiva regional.
La CIDH identifica que en estos tres países el crimen organizado toma una de sus formas más violentas en las maras o pandillas criminales, representando una situación especial de riesgo a violaciones de derechos, incorporando y naturalizando la violencia, y viendo limitadas sus oportunidades de desarrollo para este grupo vulnerable.
Las maras y pandillas se dedican a diversas actividades ilícitas que abarcan, entre otras, tráfico de drogas, trata y tráfico de personas, explotación laboral y sexual, tráfico de armas, robos, y extorsiones.
Las zonas más afectadas por su accionar son áreas periféricas caracterizadas por el acceso limitado a servicios básicos, la falta de oportunidades y la escasa presencia del Estado.
En el informe, la Comisión advirtió que los Estados han priorizado la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y de la privación de la libertad, en detrimento de los programas para su reinserción social, impulsando medidas que buscan rebajar la edad de responsabilidad penal y el incremento de la duración de las penas de privación de libertad de personas menos de 18 años infractoras de las normas penales.
La CIDH afirma que constata que el contexto de violencia creado por el crimen organizado también afectaría de manera particular a la población joven. “Las limitadas oportunidades de educación, de empleo, de servicios sociales y de salud crean impedimentos para el desarrollo de sus proyectos de vida, lo cual frena su transición a la vida adulta y distorsiona su progreso”, refiere el informe.
Informe
El informe se estructura en cinco capítulos, analizando en el primer apartado, la situación de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el contexto de inseguridad y violencia en los países del norte de Centroamérica.
En el segundo capítulo se procede a un estudio sobre las diversas formas de violencia y discriminación vinculadas con el crimen organizado a las que se esta población se encuentra expuesta.
El tercer capítulo aborda las respuestas y obligaciones de los Estados ante la criminalidad organizada desde una perspectiva de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y en el cuarto capítulo presenta observaciones y recomendaciones para garantizar a esta población su derecho a vivir una vida libre de violencia en estos contextos.
Entre las recomendaciones del informe destacan: preparar y adecuar los sistemas de protección urgente y cautelar del Estado para responder diligentemente a los riesgos reales e inmediatos que puedan generar que este grupo poblacional sean objeto de vulneraciones a sus derechos por la acción del crimen organizado, maras o pandillas.
Asimismo, señala que se deben establecer programas efectivos que busquen neutralizar el reclutamiento forzado de esta población; elevar la edad mínima para la consideración de la responsabilidad penal entre los 14 y 16 años e incluir en los programas de reinserción social el acompañamiento y tratamientos relativos a la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desvinculados del crimen organizado.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. VC
