Por: Luis Cosenza Jiménez
La semana pasada el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 38 personas, resultado de la operación “Pandora”.
Se trata, según la acusación, del uso de Lps 282 millones de fondos de la SAG para financiar campañas políticas del Partido Nacional y del Partido Liberal, así como la de FAPER. Esos recursos debieron haber sido usados para varias actividades de apoyo al agro, pero mediante su canalización por medio de dos ONGs, fueron usados para propósitos político-electorales, lo cual es un delito. Posteriormente la prensa reveló los nombres de los acusados, y varios de ellos inmediatamente proclamaron su inocencia. Alegan esas personas que en efecto recibieron los fondos del Comité de Campaña del Partido Nacional, y que supusieron que los fondos habían sido obtenidos legalmente por el Comité. En efecto, arguyen que no les compete a ellos cuestionar la procedencia de los fondos que les envía el Comité de Campaña. Otro político, esta vez del Partido Liberal, arguye que él simplemente supuso que se trataba de los aportes que los miembros de ese partido hacen y que eran recolectados por el gobierno para luego ser enviados a las autoridades del Partido Liberal. Al parecer, ahora nadie sabe de donde provenían los fondos. Suponemos, por tanto, que los magos produjeron los fondos que llegaron al Partido Liberal, y que los fantasmas hicieron lo mismo con el Partido Nacional. Pero antes de aceptar esta tesis, veamos en más detalle que pudo haber ocurrido.
Es razonable suponer que los fondos llegaron al Comité de Campaña del Partido Nacional y a las autoridades del Partido Liberal. Compete, por tanto, a esas instancias asegurarse de la procedencia de los fondos. En este sentido, no son los diputados que reciben los aportes del Comité de Campaña los responsables de verificar la procedencia de los dineros. Es el Comité de Campaña, y posiblemente el candidato presidencial, quienes deben verificar el origen de los fondos que reciben. Son ellos los responsables, y por tanto, son ellos quienes deberían encabezar la lista de acusados por el Ministerio Público. Recordemos que ya antes se había revelado que la campaña del actual Presidente había recibido fondos provenientes del IHSS. A mi entender, eso fue reconocido por el Partido Nacional. Lamentablemente, ofrecieron reembolsar lo que fue recibido ilícitamente, con lo cual, según ellos, se expiaba el delito. Se trata ahora de una segunda contribución ilícita a la campaña y los responsables de ese delito solo pueden ser, nuevamente, el Comité de Campaña y posiblemente el candidato presidencial. Resulta, por tanto, muy difícil de entender por qué esas personas no fueron incluidas en la lista de los acusados por el Ministerio Público. Ojalá que todo el esfuerzo del Ministerio Público no resulte en vano debido a que han acusado a personas que no tenían la responsabilidad de verificar la procedencia de los fondos.
En cuanto a los fondos recibidos por el Partido Liberal, es simplemente imposible pensar que se trataba de aportes hechos por miembros de ese partido, que eran recaudados por el gobierno nacionalista y enviados luego a las autoridades del Partido Liberal. En primer lugar, los partidos políticos obligan a sus seguidores a que aporten recursos mensualmente, con la amenaza de destituirlos si no lo hacen. Nunca un partido político en el poder ha recaudado fondos para el otro partido. Por otro lado, el partido en el poder siempre busca colocar a sus activistas, por lo que los simpatizantes de otros partidos son rápidamente destituidos y sustituidos por los activistas del partido de gobierno. ¿A quién se le ocurre que un simpatizante de un partido de oposición haría gala de su membrecía en ese partido? Eso sería equivalente a solicitar que lo destituyan. Lo que ha alegado un dirigente del Partido Liberal simple y sencillamente es inverosímil. Ellos sabían perfectamente que los recursos que recibieron no eran aportaciones de sus simpatizantes. Debieron haber indagado sobre la procedencia de los recursos, y al no hacerlo se convirtieron en cómplices.
Independientemente de lo que suceda con el caso Pandora, lo que resulta evidente es que continúa y se profundiza el desprestigio de la clase política. Hay quienes aseguran que la Embajada de Estados Unidos impulsó las recientes medidas tomadas para procesar a políticos por supuestos actos de corrupción. Se habla además de dieciséis visas canceladas y de otros requerimientos fiscales que serán presentados próximamente. Si esto es así, si la Embajada ha decidido jugar un papel activo en la lucha contra la corrupción, entonces me atrevo a pensar que el futuro de los corruptos no es promisorio. No obstante, no debemos adoptar una posición cómoda y dejar la lucha contra la corrupción exclusivamente en manos extranjeras. Este es nuestro país y debemos ser nosotros los líderes en la lucha contra la corrupción. Levantemos nuestras voces y reclamemos la salida de los corruptos y la renovación de la clase política. Esto es lo menos que se merecen nuestros hijos y nietos.
