Tegucigalpa– La tensión política en los órganos electorales de Honduras se intensifica. Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentaron en las últimas horas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer recursos de amparo, alegando que sus derechos constitucionales están siendo vulnerados por lo que consideran una amenaza directa del Estado.
-Magistrados del TJE y CNE recurren a la CSJ: denuncian amenazas y abuso de poder del Estado y esperan que la diosa Temis mantenga firme su balanza en esa instancia, ya que en el MP no hay confianza, según han expuesto.
“El cuerpo de abogados que nos acompaña nos ha recomendado interponer este recurso de amparo en contra de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público”, expresó el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, al comparecer ante los medios de comunicación.
Por su parte, Oliver Erazo, abogado defensor de los magistrados, explicó que la acción judicial tiene como propósito frenar los abusos institucionales que están poniendo en riesgo la independencia y seguridad personal de los funcionarios.
“Se está interponiendo una acción de amparo porque están siendo vulnerados derechos constitucionales y principios con respecto a su persona humana y al ejercicio de sus funciones”, puntualizó.
Acoso institucional
Los magistrados del TJE Mario Urrutia Flores y Miriam Barahona aseguran haber sido objeto de amenazas luego de emitir resoluciones en casos polémicos, como el de Jorge Cálix y Cristian Villalobos. Urrutia Flores denunció que las presiones provienen incluso de “autoridades estatales”, únicamente por “cumplir con su deber de sesionar y resolver conforme a derecho”.
Cossette López denuncia persecución
El mismo caso es el de la consejera del CNE, Cossette López, quien el jueves también interpuso un amparo y este viernes una querella por amenazas y persecución, denunció sentirse amenazada y bajo presión psicológica por parte del Estado, señalando que las intimidaciones se han intensificado desde antes de las elecciones primarias y se agravan ahora, en vísperas de las elecciones generales.
La funcionaria también se refirió al caso de los audios divulgados por el fiscal general Johel Zelaya, atribuidos a ella y calificados como falsos. “Es algo fabricado, no soy yo” anotó al momento de conocer los mismos, que otros han insinuado que fueron creados con inteligencia artificial, en un intento de desacreditar su labor dentro del órgano electoral.
No conforme con la denuncia ante el MP ahora en medio de este conflicto, su compañero consejero Marlon Ochoa ha anunciado que presentará otra denuncia y recusación contra López-Osorio, acusándola de estar detrás de una supuesta conspiración revelada en los audios difundidos por el Ministerio Público. Según Ochoa, el material evidencia una “asociación para delinquir” orientada a manipular la transmisión del TREP, dando ventaja al candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, “sin respetar la voluntad soberana del pueblo”.
Crisis institucional y preocupación por el rol militar
A la tensión en los entes electorales se suma la parálisis en el Congreso Nacional y la amenaza de una comisión permanente, mientras los diputados de oposición se autoconvocan para sesionar.
A esto se agrega la creciente preocupación por la posible intromisión de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, luego de que la presidenta Xiomara Castro instruyera al cuerpo castrense con tareas que, según analistas y sectores sociales, exceden los límites constitucionales, al otorgarles acceso a las actas electorales.
El padre jesuita Ismael Moreno (Padre Melo), director de Radio Progreso, advirtió que “las acciones de la cúpula política han puesto en riesgo las elecciones”, exhortando a las Fuerzas Armadas a “limitarse a cumplir lo que la Constitución establece”.
Por su parte, la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, recordó que el lema de Castro en 2013, “Militares a los cuarteles”, ha sido reemplazado por un discurso “complaciente” con los militares. “El post publicado el 30 de octubre, donde la presidenta pone a disposición las Fuerzas Armadas ante el CNE y les otorga atribuciones no contempladas en el artículo 272, constituye un abuso de poder. Señora presidenta, usted no puede otorgar facultades por encima de la Constitución”, enfatizó Castellanos.
La situación de incertidumbre y enfrentamientos institucionales ha despertado alarma en diversos sectores, que temen por el desarrollo pacífico y transparente de los próximos comicios generales.LB
