Managua – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua destituyó este martes al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien declaró «inaplicable» un artículo de la Constitución que impedía la reelección, lo que permitió a Daniel Ortega participar en los comicios de 2011 y 2016.
Solís, quien ya había puesto su renuncia en enero pasado ante la Asamblea Nacional, cuando tomó distancia de Ortega, fue destituido hoy con 70 votos de los sandinistas, 4 en contra y 11 abstenciones, por petición del Poder Judicial.
La destitución se basó en que Solís «huyó del país en el mes de diciembre de 2018, formando parte del grupo de canallas y vendepatrias que trajeron muerte, lesiones, dolor a los nicaragüenses», según la solicitud del Poder Judicial, firmada por el secretario de la Corte, Rubén Montenegro Espinoza.
Solís, padrino de bodas de Ortega y de la vicepresidenta, Rosario Murillo, era considerado el operador político del sandinismo en el Judicial cuando renunció a su cargo, por discrepancias con el presidente por la forma de responder a las protestas que iniciaron en abril de 2018, y que han dejado ciento de muertos.
En su carta de renuncia, Solís criticó duramente a la pareja presidencial, y advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil en el país, debido a que no se observa posibilidades de una salida pacífica a la crisis.
El exmagistrado también renunció a su militancia en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al que perteneció 43 años, y a todos sus cargos políticos, por lo que el Legislativo lo señaló de tener una actitud «antipatriótica y pro imperialista».
Solís, actualmente exiliado en Costa Rica, fue uno de los magistrados que en octubre de 2009 declaró «inaplicable» el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo que benefició a Ortega.
El exmagistrado señaló a los dignatarios de imponer «una dictadura con caracteres de monarquía absoluta» y un «Estado de terror» en Nicaragua, país que no vivía un conflicto similar desde los años 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde abril de 2018 han muerto al menos 328 personas en el marco de la crisis, aunque organismos locales hablan hasta de 595 víctimas y el Gobierno admite 200.
Ortega niega que haya una rebelión cívica y afirma que ha sido víctima de un intento de «golpe de Estado», una teoría que también fue refutada por Solís.
