Maritza Julín, ex directora de la departamental de Cortés, norte del país, dijo que con estas acciones pretenden obligar al presidente Porfirio Lobo Sosa, para que restituya en sus cargos a los 10 directores departamentales que desde hace 32 días permanecen en una huelga de hambre que inusualmente no les ha hecho perder fuerzas ni les ha provocado complicaciones de salud.
Según Julín, el secretario de Educación Alejandro Ventura, actuó de manera arbitraria al separarlos de sus puestos desde hace un mes y medio.
La ex funcionaria pidió al mandatario hondureño que respete el Estatuto del Docente, ya que recibieron una comisión internacional de derechos humanos cuyos miembros denunciarán a Honduras por violación a las garantías constitucionales en el sistema educativo.
Los docentes son los primeros en incumplir con la legalidad al dejar sin clases, indefinidamente, a más de dos millones de niños matriculados en el sistema público.
Del lunes al miércoles de esta semana los docentes paralizaron las clases para presionar al Gobierno por la restitución de los ex directores departamentales y exigir respeto al Estatuto del Docente.
De acuerdo con el ministro Ventura, los ex directores fueron destituidos porque el concurso realizado en diciembre del año anterior en el cual ganaron esas plazas, tenía visos de nulidad y fue comprobado por la Procuraduría General del Estado.
Por su parte el presidente hondureño ha reiterado que respetará la Ley del Estatuto del Docente, pero ha pedido a los maestros que cesen los paros de labores pues estas medidas afectan la educación de los niños y jóvenes.
Cuestionamiento
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, cuestionó al Poder Ejecutivo por su incapacidad para promover la educación de calidad y lamentó que en el país se haya fijado un modelo impuesto y controlado por los gremios magisteriales que cada día exigen más y cada vez dan menos.
La Ley Orgánica de Educación, según Custodio, le da al Poder Ejecutivo la facultad de promover el progreso de la educación en el sistema escolar o en cualquier nivel de enseñanza, creando, autorizando, organizando y reglamentando los servicios educativos, sin embargo, nadie ha hecho nada.
Indicó que el Poder Ejecutivo está obligado a estudiar alternativas, sin embargo, cuestionó, que en el país se ha fijado un modelo impuesto y controlado por los gremios magisteriales, que no permite su evaluación.
Citó que en el Estatuto del Docente se habla de evaluar la calidad educativa por parte de la dirección general de la calidad de la educación, con indicadores de calidad, seguimiento y monitoreo.
“Al no hacer esas cosas, prácticamente estamos en manos de un gremio que cada día exige más pero cada día nos da menos”, manifestó el defensor de los derechos humanos.