«De mi esposo no sé nada, excepto que está detenido en Ogden (Utah). Pero no sé si lo van a dejar en libertad o lo van a deportar. Esa situación me está afectando mucho, a mí y a mis dos hijos», dijo a Efe vía telefónica María González desde Salt Lake City.
Israel Ibarra y otros 50 presuntos indocumentados fueron detenidos el pasado 7 de febrero durante un operativo realizado por más de cien agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la planta de Universal Industrial Sales, en Lindon, a unas 37 millas al sur de Salt Lake City.
Esta empresa produce carteles metálicos para uso en las carreteras.
Como los detenidos representan la mitad de la fuerza laboral de esta compañía, y debido a las fuertes multas impuestas por el Gobierno federal por la contratación de indocumentados (las que sumarían en conjunto cinco millones de dólares), los otros trabajadores que no fueron arrestados también perderían sus empleos.
Además, los agentes federales confiscaron los archivos de la empresa como parte de las investigaciones iniciadas por la fiscalía federal de Utah y aún no los devuelven, por lo que la compañía tampoco puede cumplir con los contratos que tiene con clientes a los que viene sirviendo, en algunos casos, desde hace 30 años.
«No tengo trabajo y no he podido encontrar otro trabajo. Hasta hace dos semanas estábamos bien. Ahora no sé qué hacer. Pero aquí me voy a quedar hasta que se resuelva la situación de mi esposo», comentó González.
La madre hispana, proveniente de Corona, en el estado mexicano de Jalisco, prefirió no revelar cuánto tiempo hace que vive en Utah, pero pidió que las autoridades «tengan compasión y entiendan que me he quedado sola y sin los medios como mantener a mi familia».
«Mis hijos quieren ver a su padre y yo quiero trabajar. ¿Es mucho pedir?», aseveró.
«Estoy desamparada. Pero no crean que pido ayuda sólo para mí, porque son muchas las familias que también están desamparadas y solas como yo. La ayuda debería ser para todos», agregó.
Por el momento, González depende de lo que el Proyecto Latino de Utah y de lo que la iglesia a la que ella asiste le puedan proveer.
Tony Yapias, presidente del Proyecto Latino de Utah, indicó a Efe que existen muchos otros casos similares al de González. Por ejemplo, durante una reciente reunión en la Iglesia San Francisco de Asís (en Orem, al sur de Lindon), Alejandra Sánchez solicitó ayuda para alimentar a sus tres hijos debido al arresto de su esposo.
«¿Qué le pueden decir estas mujeres a sus hijos? ¿Y qué pueden ellas hacer? Después de todo, hasta personas con sus documentos en orden fueron arrestadas», dijo Yapias, en referencia al caso de José Luis Uribe, de 21 años, quien quedó en libertad una vez que pudo comprobar su presencia legal en el país.
Para Yapias, la situación de las mujeres hispanas pasó del pánico inicial el día de la redada a la «preocupación e incertidumbre actuales», no sólo por la separación de las familias y la posible deportación de los detenidos, sino por el hecho que aún aquellas personas legalmente en el país se quedarían sin empleo.
El Proyecto Latino y la Iglesia San Francisco de Asís, junto con grupos pro-inmigrantes locales, continúan por ahora proveyendo comida, alojamiento de emergencia y otra ayuda básica para las familias afectadas por la redada.
Pero esa ayuda, aunque bien recibida y debidamente agradecida, es sólo un paliativo temporal, afirmó González.
«No se olviden de nosotras, las madres hispanas con hijos. No nos dejen desamparadas», rogó.
