Tegucigalpa – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó esta tarde el denominado caso “Arca Abierta” que involucra cinco actuales diputados, seis exdiputados y otros señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
– En lo que resta de 2018 no habrá más casos denunciados, informó Marrey Guimarães que aprovechó las fechas para enviar un mensaje de Navidad a los hondureños.
Así lo informó el vocero del cuerpo anticorrupción, Luiz Antonio Marrey Guimarães, que detalló a cada uno de los imputados en este caso de presunta corrupción.
La investigación fue conducida por el equipo integrado en la MACCIH y UFECIC. La misma establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras ($ 879 mil) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”. El dinero procedía de Casa Presidencial (L. 2 millones), del Congreso Nacional (L. 3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (L. 16.1 millones).
La información proporcionada por la MACCIH da cuenta que los fondos se trasladaron a las cuentas de diputados propietarios y suplentes, al igual que sus familiares y terceras personas.
El vocero Marrey Guimarães aseguró que “este caso evidencia una vez más, como ya afirmaron entre otros el Tribunal Superior de Cuentas, que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público”.
Prosiguió: “Es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública”.
Las imputaciones
A título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública son señalados: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera.
Igualmente los exparlamentarios: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón, Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, y Óscar Arturo Álvarez.
También por este mismo delito es señalado Gregorio Alberto González Rivera.
Mientras, a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública se señalan: Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martin Vallejo.
Relación de hechos
• En 2015, varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional entre ellos los imputados: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero solicitaron al Presidente de la República que instruyera a la Secretaría de Finanzas, para que mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno de la República se asignaran diversos fondos para el financiamiento de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños, los cuales serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde (APV). • Los fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas, en la forma que a continuación se detalla: • Al solicitar dichos fondos los diputados ahora imputados se convirtieron en garantes de los mismos y por lo tanto, su compromiso no se limitaba simplemente en solicitar y lograr la salida del capital, sino además procurar y verificar que el dinero estatal cumpliera con la finalidad para la cual ha sido solicitada, que no tuviera un destino distinto y menos que terminara acrecentando su patrimonio y el de sus familiares cercanos. • La elección de la ONG Asociación Planeta Verde por parte de los diputados, no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero público, ya que dicha ONG era una organización de fachada y muchos de los proyectos no formaban parte de los objetivos para los cuales había sido creada la misma. • Esta afirmación es tan evidente, en razón que el ingreso de los más de veintiún millones de lempiras que llegó de los fondos del Estado al patrimonio de la ONG Asociación Planeta Verde, en un período que no supera los tres meses -28 de agosto a 9 de noviembre de 2015- salió en igual término de su dominio -2 de septiembre a 10 de noviembre de 2015-, siendo trasladado a las cuentas particulares de los diputados, sus familiares y personas particulares, cuando dicho capital estaba destinado para reducir la pobreza del pueblo de Honduras. Todo lo anterior, demuestra un saqueo de fondos del Estado que estaban destinados para disminuir la pobreza, por parte de un grupo de diputados y ex diputados, lo que los hace responsables del delito por el cual se ha presentado requerimiento el día de hoy. Como se mencionó anteriormente, el presente caso evidencia que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos, son ineficientes. A ello se suma que el Tribunal Superior de Cuentas en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Publico de 2017 del 31 de julio de 2018, halló debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público. Por ello es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública. |
En el presente caso, se constató que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuó una revisión el 7 de noviembre de 2016, por lo que el equipo integrado UFECIC-MP/MACCIH-OEA realizó la investigación que reveló lo siguiente:
El caso “Arca abierta” es el octavo caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por UFECIC-MP y MACCIH-OEA. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano y Licitación Fraudulenta del Seguro Social.
