La administración del ex presidente Manuel Zelaya (27 de enero de 2006-28 de junio de 2009), y del presidente interino Roberto Micheletti (28 de junio de 2009-27 de enero de 2010), han heredado al Gobierno de Lobo una lista de supuestos actos de corrupción, que, por el bien del país, y principalmente de su clase política, deben esclarecerse y castigarse como mandan las leyes hondureñas.
El sacar el dinero público en carretilla de las bóvedas del Banco Central, el uso de fondos públicos para mantener los caballos del ex presidente Zelaya o para adquirir costosas joyas y vinos, el alquiler arbitrario de locales para el funcionamiento de oficinas estatales, el pago de coimas a funcionarios hondureños por parte de la empresa Latinode, contratos a empresas de maletín, no deben quedar impunes.
Tampoco deben caer en el cajón del olvido las más recientes denuncias de presuntos actos de corrupción en el Gobierno interino.
GASTOS SIN RESPALDO EN CULTURA Y DEPORTES
El ministro de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, denunció esta semana haber encontrado en esa dependencia el gasto de 157 millones de lempiras, sin los respaldo respectivos.
El funcionario dijo desconocer si los fondos se mal utilizaron en la administración de Zelaya o de Micheletti, por lo que demandó una investigación del caso.
PRONADERS
Un caso similar se ha registrado en el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (PRONADERS).
El director de esta dependencia, Mario Pineda, denunció haber detectado, en los primeros días de su administración gastos por 14 millones de lempiras, sin respaldo. Dijo que de 60 carros asignados a la institución, 55 están en mal estado, otros están desmantelados y uno está desaparecido.
IRREGULARIDADES EN INPREMA
Maestros afiliados al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), también alzaron su voz de protesta por una serie de supuestos actos de corrupción en el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).
Según la denuncia de los docentes, el INPREMA otorgó más de 11,700 préstamos a igual número de personas. Lo raro es que los números de las tarjetas de identidad que aparecen en los documentos de préstamo no coinciden con los beneficiarios de los mismos, dijeron durante una manifestación de protesta realizada esta semana frente a las instalaciones de la dependencia.
CONTRATOS DE CARRETERAS
De la mala praxis administrativa no se escapa la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). El nuevo ministro de esa dependencia, Miguel Pastor, ha solicitado se investigue al menos 18 contratos enviados en el último trimestre al Congreso Nacional, donde al parecer fueron aprobados “a la velocidad de la luz”. Algunos de los contratos –enviados por el ex ministro de SOPTRAVI Saro Bonano- incluían modificaciones presupuestarias a obras carreteras que elevan los costos más allá del 100 por ciento.
Algunos diputados han cuestionado “la agilidad y la ligereza” con que actuó el pasado Congreso Nacional al conocer estos proyectos.
Para el caso, los diputados aprobaron modificaciones a los contratos de reparación de la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho, que ejecutan tres compañías: El tramo Tegucigalpa – Limones, que lo ejecuta la compañía Santos y Asociados; Limones – Juticalpa asignado a la compañía Midence-Moncada, y Juticalpa –Catacamas a la empresa ETERNA.
Según se conoce, las autoridades decidieron en los últimos días de la administración cambiar el diseño de construcción del tramo entre Limones y Juticalpa, lo que le representa al Estado un incremento en el costo de la obra de 233 a 292 millones de lempiras.
Pastor dijo que ha solicitado informes técnicos a las compañías constructoras, con el propósito de determinar si las modificaciones a los contratos están en consonancia con las obras que se ejecutan.
Algunos congresistas dijeron a la prensa que las llamadas empresas de maletín, por las cuales una vez Zelaya regañó en público a Bonano, funcionaban, precisamente, en el departamento de Olancho, del cual es originario el ex gobernante. “Los proyectos los manejaron como emergencias”, contaron, quienes formaron parte del viejo Congreso y ahora demandan una investigación de al menos la aprobación de unos 18 contratos de este tipo. La ex diputada nacionalista Ilsa Díaz Zelaya dijo lamentar lo sucedido en el congreso recién concluido.
REPRESA DE NACAOME
El 13 de enero de 2010, a tan solo 14 días de la conclusión del pasado período gubernamental, el Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo 293-209, que concesionaba la represa de Nacaome a un consorcio Italo-Hondureño para el mejoramiento, operación y explotación de la central hidroeléctrica por un período de 25 años.
Fuerzas vivas de la región sur de Honduras califican de lesivo el contrato de concesión, y demandan una investigación detallada del procedimiento que se siguió para concesionar el manejo de la represa al sector privado.
El ministro de Gobernación, Áfrico Madrid, dijo que han detectado irregularidades en la publicación del decreto en La Gaceta, el 22 de enero, fecha en la cual se hicieron dos tirajes del Diario Oficial: una que contenía el decreto, y otra que no.
Madrid dijo que ninguno de los dos decretos tiene validez porque “se hicieron irregularmente, al margen del procedimiento administrativo”.
DESAFIOS DE LA ADMINISTRACION LOBO
Tras conocerse las denuncias de estos y otros actos de supuesta corrupción, representantes de diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación que los mismos, como ha sucedido en el pasado, se queden a nivel de denuncias en los medios de comunicación. Recuerdan que cada cuatro años, al inicio de una nueva administración, es común escuchar estas denuncias, las que se diluyen con el paso del tiempo. Por tal razón, consideran que el presidente Lobo tiene por delante un gran reto: cumplir con sus promesas de campaña de transparencia y el compromiso que hizo a su pueblo en su discurso de toma de posesión, en el cual ofreció “librar una férrea lucha contra la corrupción “en todos los niveles, desde el puesto más sencillo haya el más alto funcionario”. “Los corruptos deben ir a dar a la cárcel y punto”, enfatizó entonces.
“Ojalá que el nuevo presidente cumpla con esa oferta y si no lo hace, al menos yo, nunca más volveré a confiar en los políticos”, dijo a Proceso Digital el taxista German Flores.
La opinión de Flores es compartida por el ex presidente Ricardo Maduro, quien hoy demandó una investigación profunda de cada una de las denuncias hechas públicas, al tiempo que advirtió que si tales investigaciones no se realizan “la gente va a quedar pensando que estamos escondiendo algo, y es por eso que los políticos no gozamos del prestigio y la legitimidad que se merecen tener líderes supuestos del país y partidos que representan a la gran mayoría de los hondureños”.
