Lucha contra la corrupción pasa a la Fiscalía y la Justicia

Tegucigalpa.- Los últimos informes de presunta corrupción divulgados por el Tribunal Superior de Cuentas, la Junta Interventora del Seguro Social y el Consejo Nacional Anticorrupción, trasladan la batalla contra la impunidad y la corrupción al escenario de la Fiscalía y el Poder Judicial, en una carrera contrarreloj en donde las excusas ya no serán un pretexto para esos entes que se presume comenzaron un proceso interno de depuración y cierre de filas a la impunidad.
 

Los casos de presuntos hechos ilícitos en el Seguro Social, la telefónica Hondutel, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, son hechos que en principio retan al Ministerio Público a probar el roble del que están hecho sus fiscales, sin dejar de lado las batallas legales que libran en el tema de la inseguridad y el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado desde mediados del año pasado ha sido sometida a una reestructuración interna que los ha llevado a aplicar pruebas de confianza, a elegir incluso nuevos titulares al frente de esa dependencia y a prometer ser un ente más activo en sus acciones.

Pero los últimos informes arrojados por instancias gubernamentales y no gubernamentales, son pruebas de fuego para la Fiscalía.

En uno de los casos más sonados como es el del Seguro Social, los fiscales indican que trabajan en 15 líneas de investigación, pero en su primer encuentro con la justicia, la suerte no les ha sonreído como quisieran, pues algunos de los imputados gozan de medidas sustitutivas de la prisión.
Solo uno de los implicados se encuentra preso en espera de un juicio oral y público.

Millones por todos lados

En el caso del Injupem, el Consejo Nacional Anticorrupción habla de una dilapidación de fondos por el orden de 2,500 millones de lempiras e incluso de una lotificación de viviendas que amenaza con convertirse en una “Ciudad Mateo II”, indicaron sus funcionarios que aseguran trabajan en este caso de la mano con la Fiscalía General del Estado.

El Instituto Nacional Agrario (INA) es otro de los casos a analizar a raíz de la venta y posterior devolución de unos terrenos a dirigentes del partido de Unificación Democrática, que a su vez, sostiene un intenso debate con el sindicato de esa institución que amenaza con culminar en una batalla legal.

En las últimas semanas, el Tribunal Superior de Cuentas presentó otros casos de presuntos hechos ilícitos en la Secretaría de Salud Pública y en la estatal telefónica Hondutel. En el primero las irregularidades van desde cobros adulterados de viáticos en facturas que presuntamente fueron clonadas.

Mientras, en el caso de Hondutel se devela un desfalco de 75 millones de lempiras en adulteración de llamadas que debieron ser cobradas a nueve centavos de dólar, pero se hizo a tres y cinco centavos aproximadamente, en perjuicio de la empresa y del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas pide deducción civil y penal para los implicados una vez que la Fiscalía termine de investigar para ahondar más en el caso.

En esa danza de millones que engloban esos primeros casos, la respuesta del Ministerio Público indica, según han dicho, que investigarán. Por ahora se desconoce qué fiscalías serán las responsables y cuándo comenzarán las diligencias para elaborar los juicios que serán llevados a los tribunales, en caso de asegurar las pruebas.

El fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar, rechaza que sean lentos en la toma de decisiones y asegura que irán al fondo de los hechos, pero en el tema de la corrupción, las denuncias públicas diarias y las sustentadas por los entes de control son muchas. Un ejemplo claro es el poco avance que se presenta en el caso de la jefe de recursos humanos de la municipalidad sampedrana, quien se escapó y nadie sabe dónde se encuentra.

Se agota el tiempo

Pero no solo la Fiscalía General se encuentra contra la pared ante la hemorragia de denuncias, también el poder judicial que es la piedra angular de la justicia en este país.

Los jueces aducen que en muchos casos, los imputados salen libres por falta de pruebas la falta de contundencia, en tanto los fiscales señalan que los jueces no se empapan de los casos y no están preparados para dar sentencias concluyentes.

Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia en su giro de querer dar más dinamismo a la impartición de justicia, decidieron aplicar a lo interno pruebas de confianza, siendo el poder judicial el que más publicita esta parte de sus acciones.

No obstante, el tiempo de las pruebas de confianza y el compás de espera otorgado por la sociedad a estos dos importantes entes de control, ya no juega a su favor.

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