Tegucigalpa – Honduras vive desde hace seis meses un estira y encoge en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad que ha desatado una especie de tsunami político, de un lado, la institucionalidad empieza a golpear redes de corrupción políticas, y de otro, desde el hemiciclo algunas respuestas que surgen van orientadas a frenar ese impulso institucional con reformas y contrarreformas que buscan inmovilizar los procesos iniciados.
La primera contrarreforma se dio con la reducción de penas por delitos de corrupción en agosto de 2017. Los congresistas redujeron de nueve a seis años las penas carcelarias por el delito de malversación de caudales públicos, mientras que la figura de enriquecimiento ilícito quedó de cuatro a seis años.
La Misión de Apoyo en Contra de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), alertó de la reducción de penas y las calificó como una “mala señal” para el país. Esta reducción de penas está contemplada en el nuevo código penal que se espera entre en vigencia este año y bajo el cual ahora se podrán amparar las personas sentenciadas por estos delitos para invocar reducción de penas.
Los congresistas negaron que hayan reducido las penas de estos delitos, al afirmar que más “bien agravaron”, pero algunos de sus compañeros de cámara mostraron los cambios hechos entre lo aprobado en el Parlamento y lo publicado, sin necesidad de una fe de erratas, como ha parecido ser la costumbre de ese último parlamento cuando se producen polémicas de este tipo.
Estas reformas se produjeron luego de que, en marzo del 2017, el Ministerio Público lograra condenas por el delito de lavado de activos, contra el ex hombre fuerte del Seguro Social, Mario Zelaya, y dos ex viceministros, uno de Trabajo y otro de Salud. Era la primera condena en Honduras por esa figura de lavado de activos hacia altos ex funcionarios públicos.
En septiembre de 2017, el fiscal general Óscar Chinchilla, acompañado del entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, juramentó a los integrantes de la Unidad Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que trabajará grandes casos de corrupción e impacto. El nombramiento se produce luego de un proceso de selección con estándares internacionales y veeduría de la Asociación para una Sociedad Más Justa en representación de la sociedad civil.
Honduras crea fiscalía élite para combatir grandes redes corruptas
Un circuito que empieza a funcionar
Con la instalación de la UFECIC y la entrada en funciones, de la mano del Ministerio Público y el apoyo de la MACCIH-OEA, en agosto de 2017, de los Juzgados contra la Corrupción de Competencia Nacional Territorial, Honduras instalaba en materia de lucha contra la impunidad un nuevo circuito integrado en materia jurídica acorde a estándares internacionales en materia de investigación y jurisprudencia. El andamiaje jurídico y fiscal estaba listo para empezar a funcionar.
En diciembre de 2017, el MP, a través de la UFECIC, formaliza su primera acusación al presentar el caso denominado “Red de Diputados” por el cual acusa a cinco miembros del pasado Parlamento por malversación de caudales públicos y desviar fondos públicos de subsidios para cuentas personales y gastos suntuarios, entre otros. El monto era por ocho millones de lempiras.
Junto a los cinco diputados, fueron acusadas también tres personas particulares. El caso “Red de Diputados” tomó por sorpresa a la élite política, que recién concluía sus funciones de activismo político tras los polémicos comicios de noviembre de 2017.
Diputados se presentan a la audiencia inicial.
Políticos incómodos
El caso fue turnado a una juez especial del Poder Judicial por tratarse de altos funcionarios públicos. Los procesos de juzgamiento se alargaron, los parlamentarios se presentaron a los tribunales. Todos ellos llevaron un mismo abogado para una defensa colectiva.
La Red de Diputados, según la MACCIH, era apenas la punta del iceberg de un caso más complejo de uso indebido de subsidios públicos que ellos estaban investigando. La madeja los llevaría, dijeron, a más de 60 parlamentarios, actuales y ex diputados, funcionarios vigentes y ex funcionarios. Esta red no habría manejado ocho millones, sino más de 1,300 millones de lempiras, un poco más de 60 millones de dólares, según la Misión de la OEA.
Cámara legislativa aprueba leyes que ponen en vilo lucha anticorrupción
La respuesta legislativa no se hizo esperar. Aprobaron una reforma a la Ley orgánica del Presupuesto, en las llamadas disposiciones transitorias en la cual limita la acción penal e investigativa del Ministerio Público al facultar al Tribunal Superior de Cuentas que inicie una investigación y que si encuentra alguna responsabilidad penal que la pase al Ministerio Público y no antes.
También pide que se investigue al menos ocho administraciones que abarca a más de 700 legisladores, mismas que deben estar resueltas en el corto tiempo. Esta disposición fue denunciada por la MACCIH como “Pacto de Impunidad”, al develar que lo aprobado en el hemiciclo no fue lo publicado. La MACCIH mete presión y advierte que acusará a la directiva del Congreso y a la Comisión de Presupuesto por otros delitos relacionados con la adulteración de documentos públicos.
Los diputados vuelan a “corregir” sus propios errores y publican una “fe de erratas” para subsanar lo aprobado, pero la MACCIH les advierte que volvieron a incurrir en más delitos. La polémica se instala en la clase política y el denominado “Pacto de impunidad” espera una resolución de la Sala Constitucional para determinar si es legal o ilícito. Todo ello, tras un recurso interpuesto por el Ministerio Público, afectado directo en el accionar legislativo.
Pero mientras eso acontece, la juez especial que conoció la Red de Diputados, amparada en la reforma conocida como “Pacto de Impunidad”, archivó el caso y lo turnó al Tribunal Superior de Cuentas. Cierra, así momentáneamente el caso Red de Diputados, en medio de la inconformidad ciudadana, las denuncias de la MACCIH y los recursos ciudadanos y del MP interpuestos ante la Sala Constitucional de la Corte de Justicia en un afán por revertir la reforma.
Almagro calificó a la MACCIH de incapaz y encendió las alarmas.
El manto de los impunes
Mientras el ambiente se calienta, tras la renuncia de Juan Jiménez Mayor por divergencias con Almagro y una confrontación abierta con el Parlamento por el caso Red de Diputados y el anuncio que vendrán “otros más”, la UFECIC presenta una acusación contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y otros de sus colaboradores requeridos por presunto lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos en el caso denominado “Caja chica de la dama”.
El caso, es el primero de su índole en este país en donde se acusa a una persona ligada al primer círculo del poder del país.
La ex primera dama y sus colaboradores acusados enfrentaron detención judicial.
En otras acciones anticorrupción fiscales del MP, apoyados por la MACCIH también tienen en capilla a políticos locales vinculados al caso Odebrecht, tras un viaje de un equipo especializado a Brasil donde entrevistaron a Marcelo Odebrecht. El caso tiene nerviosos y formando “espíritu de cuerpo” a exfuncionarios ahora en la oposición política.
El Poder Legislativo hondureño ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses.
Mientras tanto, en el Parlamento, los diputados fueron tras otra contrarreforma: la Ley de Privación y Extinción de Dominio para evitar que los bienes de los funcionarios públicos y ex funcionarios les sean asegurados o incautados si son acusados de corrupción. La reforma, aprobada el martes, dicen los opositores a esta iniciativa, busca crear una casta privilegiada en el país cuando se aduce que todos son iguales ante la ley pero quienes son partidarios de la misma se refieren a ella como una rectificación necesaria y justa que protege los bienes que fueron abiertos antes de que el funcionario cometiera los ilícitos y puede comprobarlo.
Son leyes que la propia clase política hondureña aprobó bajo el discurso de la transparencia y la lucha anticorrupción, sin imaginarse que pueden tocarles a ellos mismos, de todos los partidos y en todos los estamentos.
En su última reflexión , la pastoral social Caritas, de la Iglesia Católica, señala que ante estos cambios que está viviendo el país en forma vertiginosa, “los grupos de poder—políticos y económicos— cubiertos por el manto de la impunidad, tiemblan al pensar que las instituciones del país puedan tener la fortaleza, los recursos y la convicción para combatir sin arreglos, sin componendas ni negociaciones el cáncer de la corrupción y de la impunidad que tanto daño ha provocado al país y que es una de las causas de la pobreza y miseria en que se debaten grandes sectores de la población”.
Honduras vive así tiempos intensos de cambios volátiles e inesperados, en donde la lucha anticorrupción llegó para instalarse, mientras el Ministerio Público se apresta a elegir un nuevo fiscal que debe continuar la labor del actual, quien ha golpeado duro no solo a la criminalidad organizada, sino también a los corruptos y a otros grupos criminales que han operado en la impunidad.
