Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Con un índice de reprobación de 4.13 %, la nota más baja en sus tres años de gobierno, según el último sondeo de opinión pública de los jesuitas, la presidenta Xiomara Castro, decide acumular más poderes: mandataria de un país, comandante general de las Fuerzas Armadas y ahora ministra de Defensa, para enviar mensajes de fuerza en un país que vive bajo un estado de excepción ilegal, salpicado por la violencia, los narco videos y un proceso electoral en el cual el partido que representa, Libre, quiere retener el poder, acompañado de unas Fuerzas Armadas politizadas y agresivas contra el principal baluarte de la democracia: la libertad de expresión.
La percepción del gobierno de la primera mujer que ha gobernado a Honduras empieza a caer, señala la encuesta del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC/SJ) de la comunidad jesuita en el país. En una escala de 0 a 10, donde cero es la puntuación más baja y diez la más alta, la presidenta Xiomara Castro resiente la fatiga de un gobierno que no ha podido cumplir algunas de sus principales promesas de campaña, como la lucha contra la corrupción.
Hace tres años, arrancando su gestión, la gobernante hondureña tenía una percepción favorable de 6 puntos en esa escala de 0 a 10. Ahora, esa percepción es de 4.13 %, una de las más bajas registrada por un gobernante hondureño, entrando al tercer mandato de gobierno donde la polarización política incrementa al par de los reclamos ciudadanos por empleo y seguridad, por citar algunos ejemplos.
Más del 37 % de los hondureños cree que la imagen de la presidenta Xiomara Castro ha empeorado, y un 52 % estima que su gobierno ha sido malo, según ese sondeo. Ello, pese a las altas facturas erogadas en conceptos de publicidad y propaganda en medios tradicionales, digitales, redes sociales, tropas digitales, perfiles falsos, suplantación de medios y otros que ha invertido la Secretaría de Planificación Estratégica por el orden de los 5 millones de dólares en el 2023 y de 13 millones de dólares en el 2024. Así lo revela una investigación de Expediente Público.
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En un país crispado, con altos niveles de inseguridad y violencia donde predomina un ilegal estado de excepción que ha llevado al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a pedir al gobierno de Castro la suspensión y derogación de la medida por abusiva, la mandataria hondureña ha anunciado que concentrará más poder, al autodesignarse como nueva ministra de Defensa, en sustitución de Rixi Moncada que deja el cargo para correr por la candidatura presidencial de Libertad y Refundación (Libre), el partido de izquierda que quiere retener el solio presidencial.
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Esa nueva asignación—que asegura será temporal—constituye una atribución directa de poder, sin intermediarios para asegurarse el control de las Fuerzas Armadas por parte de la mandataria, que en todo acto público en el que participa, ha dejado sus funciones de estadista para volverse una ferviente activista promotora de la continuidad de su partido y de la candidata presidencial que busca sucederla como es Rixi Moncada. El voto para Moncada llegó hasta la asamblea de gobernadores del BCIE, una instancia regional de índole económico.
De “cerca” con los militares
Los analistas dicen que la presidenta Castro busca en este contexto electoral en donde los hondureños han sido convocados a elecciones, cerrar filas alrededor de los militares, garantes de la alternabilidad en el poder y de la custodia de las elecciones de acuerdo con la Constitución de la República. Esas funciones tienen ahora a los hombres de verde olivo en una de las peores encrucijadas de su vida tras los sucesos del 9 de marzo en las elecciones primarias e internas, al no poder responder—hasta ahora—cómo perdieron la custodia de las maletas electorales que pasearon por la ciudad capital e impidieron que los ciudadanos ejercieran el sufragio hasta 14 horas después.
La mandataria hondureña que constitucionalmente es la comandante General de las Fuerzas Armadas ahora también será su ministra de la Defensa, y estará imbuida en el mundo cotidiano de la milicia para dar continuidad a un proyecto de politización partidaria al que parece han entrado las Fuerzas Armadas de Honduras al mando del general Roosevelt Hernández, un personaje agresivo con la prensa y la libertad de expresión.
En sus portales informativos los militares anuncian sobre encuentros y condecoraciones a viejos líderes de derechos humanos, promocionan de forma subliminal la imagen de la entonces ministra de la Defensa y ahora candidata presidencial, Rixi Moncada, suben videos propagandísticos con fines político-partidarios, y anuncian acciones de capacitación y liderazgos a través de un programa de Juventud Morazanista que impulsan hacia jóvenes y menores escolares con presencia en siete departamentos del país. El general Roosevelt Hernández dijo que uno de los objetivos es contribuir a “paliar” las acciones de inseguridad y exhortó a las comunidades del país a conocer su proyecto para sumarse al mismo.
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Golpeados por el triste papel desempeñado en las elecciones primarias, donde el nivel de confianza es apenas del 15.7 %, y un 47 % de la población las considera corruptas, según la encuesta de los jesuitas, las Fuerzas Armadas se aprestan a custodiar nuevamente un proceso electoral que le ha pasado una factura de descrédito por las primarias, a lo que se suma una abierta confrontación que tiene con los medios de comunicación y periodistas a quienes quiere obligar a que revelen sus fuentes. Al menos una docena de medios de comunicación han sido denunciados por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y más recientemente el gremio periodístico y tres reconocidos periodistas fueron acusados por la institución castrense en su medio digital como “sicarios de la verdad”.
La presidenta Xiomara Castro asume así la conducción de la secretaría de Defensa envuelta en las percepciones de una alta politización de las fuerzas armadas hacia el partido en el poder, y con fuertes fisuras con el Consejo Nacional Electoral a cuyas autoridades el general Hernández irrespetó en medio de la crisis del 9 de marzo por el tema de la custodia de las maletas electorales.
Problemas más allá de la Defensa
Se suman a estas funciones cotidianas de la Secretaría de la Defensa, los problemas del país que enfrenta como gobernante. Un 42 % de los hondureños cree que la corrupción ha aumentado este año en el actual gobierno, y solo en la administración central que ella conduce, la percepción de corrupción es del 56 %.
No tiene los mejores datos para llevar a buen término su administración la mandataria hondureña, que se erige bajo una figura con súper poderes, que no han podido desvanecer otro problema de país: el narcotráfico y los narco videos, uno que salpica a su cuñado, Carlos Zelaya, negociando con capos de la mafia hondureña sobornos para su primera campaña presidencial de 2013, y por el cual el Ministerio Público no halla evidencias para librar un requerimiento por considerar que es algo viejo y ya contaminado.
El otro narco video implica al general en retiro, Romeo Vásquez, recibiendo aparentes sobornos de los narcos hondureños en una bolsa negra en imágenes filtradas, casi en la misma fecha que se develó el de Carlos Zelaya, a diferencia, que en el caso del general en retiro el Ministerio Público alega que la evidencia es sólida. El general en retiro, prófugo de la justicia al afirmar que es objeto de persecución política, ha desmentido el video, pero serán los tribunales quienes tendrán la última palabra.
Vásquez Velásquez se ha convertido en un actor incómodo para el gobierno de Libre, al revelar presuntas conexiones de su cúpula con el crimen organizado, en especial el cartel mexicano de Sinaloa; adelantarse a las jugadas en su contra por parte del Ministerio Público y evidenciar la incapacidad de las autoridades para dar con su paradero.
A esos problemas de seguridad interna, seguridad nacional y asuntos de interés público relacionado con el incumplimiento de promesas de campaña como la instalación de la CICIH, la impunidad en el crimen del líder ambientalista, Juan López, y el incesante crimen en contra de las mujeres en completa impunidad, la mandataria hondureña intenta a seis meses de las elecciones generales, practicar un giro de timón para tener de cerca a los aliados que antes cuestionó y amenazó con retornarlos a los batallones: los militares.
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Se convierte así la primera mujer mandataria en Honduras en una presidenta con súper poderes en una nación en donde más del 61 % de la población considera que no se respeta la libertad de expresión, sigue creyendo en la democracia como la mejor forma de gobierno y no comparte la tendencia hacia gobiernos autoritarios o concentradores de poder. (PD)
