La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua rechazó un recurso de casación y emitió esta semana una resolución «accediendo a la trasferencia» del grupo de mexicanos hacia su país de origen, en medio de una denuncia de la defensa de que sus clientes fueron obligados a firmar documentos por las autoridades nicaragüenses.
La titular del Supremo nicaragüense, Alba Luz Ramos, explicó a Efe que los mexicanos serán trasladados bajo las normas legales de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas en el Extranjero y un convenio bilateral sobre el cumplimiento de sentencias penales.
El anuncio de la repatriación de los 18 mexicanos, que es preparada por las autoridades de México y Nicaragua, se da un mes y medio después que un tribunal de apelaciones de Managua les redujera la pena a entre 16 y 18 años.
La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió que los mexicanos cumplirán las penas de manera simultánea, es decir que una vez completen la condena más larga, de 18 años por el delito de transporte internacional de drogas, quedarán en libertad.
Los mexicanos, encabezados por Raquel Alatorre Correa, considerada la cabecilla del grupo, fueron condenados en enero pasado a 30 años de prisión, la pena máxima en Nicaragua, por los delitos de transporte internacional de drogas, crimen organizado y lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense.
A Alatorre, quien se hacía pasar como jefa de prensa de Televisa, se le impuso una pena 20 años de prisión por narcotráfico, 8 años y medio por crimen organizado y 7 por lavado de dinero, para un total de 35 años y medio, aunque por ley se le redujo a 30, la pena máxima en Nicaragua.
No obstante, la resolución del tribunal de segunda instancia redujo la pena a Alatorre y a Juan Luis Torres, considerado el otro cabecilla del grupo, a 18 años, y al resto de mexicanos a 16 años por el delito de transporte internacional de estupefacientes.
Luego el Ministerio Público, la parte acusadora, desistió de recurrir la sentencia del Tribunal de Apelaciones, porque no quería ser obstáculo en la «política de Estado», según dijo la fiscal adjunta nicaragüense, Ana Julia Guido.
La «política de Estado» consiste en repatriar a todos los reos extranjeros a su país, bajo el argumento, según la magistrada Ramos, de que no son delincuentes comunes, que en Nicaragua no existen cárceles de máxima seguridad y que cuesta mucho dinero mantenerlos.
Alatorre fue detenida junto a los otros 17 mexicanos el 20 de agosto de 2012 y la Policía nicaragüense halló 9,2 millones de dólares, además de rastros de cocaína, en las seis camionetas en las que viajaban y que tenían logotipos de Televisa.
Por disposición judicial, dos de los seis vehículos fueron entregados al Ejército, uno a la Policía, dos al Sistema Penitenciario y uno al Canal 6 de Televisión del Estado.
Mientras, los 9,2 millones de dólares fueron transferidos a una cuenta del Banco Central de Nicaragua.
Por orden del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el dinero será utilizado «en el mejoramiento general de la infraestructura carcelaria del país, lo cual ya se inició y está en proceso», según las autoridades.
Los extranjeros fueron acusados de ser un grupo criminal «altamente organizado» dedicado al tráfico de «grandes cantidades» de droga entre Costa Rica y México.
Los 18 mexicanos se presentaron como periodistas de Televisa para entrar en Nicaragua y llevaban una carta falsa, según las autoridades, firmada por el vicepresidente de información nacional de esa empresa, Amador Narcia Estrada, para respaldar la cobertura periodística de los falsos comunicadores.
Televisa ha negado tener algún vínculo con los delincuentes.
