Cuando el presidente Ronald Reagan promulgó hace 27 años la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA por su sigla en inglés), EE.UU. estaba a mitad de camino de la que sería una década de flujo inmigratorio sin par desde comienzos del siglo XX.
Al tradicional éxodo de mexicanos hacia el norte por la frontera sur de EE.UU. se le sumaban, entonces, los cientos de miles de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses que huían de guerras en sus países, y sudamericanos que escapaban de dictaduras militares en los suyos.
Tanto los partidarios ahora de una reforma integral que conduzca a la legalización de los indocumentados, como quienes se oponen a una amnistía para millones de personas que han violado las leyes, coinciden en que los resultados de la legalización de 1986 fueron positivos.
Más de un millón de peones rurales -los trabajadores migrantes que recogen las cosechas- solicitaron su legalización bajo IRCA y en su mayoría, al igual que la mayor parte de los otros indocumentados de entonces, han prosperado, han abandonado los trabajos básicos, han establecido familias y negocios.
Sus hijos, nacidos en Estados Unidos, están asimilados y se incorporan a la clase media.
Así por ejemplo, mientras que casi dos tercios de los peones rurales actuales en EE.UU. son inmigrantes indocumentados, los que legalizaron su situación en 1986 son apenas entre el 12 y el 15 por ciento de la fuerza laboral rural.
IRCA «fue importante porque fue la primera vez que el Congreso intentó hacer algo para resolver la inmigración ilegal», dijo al diario The Chicago Tribune, Doris Messner, quien fuera directora del Servicio de Inmigración y Naturalización en el gobierno del presidente Bill Clinton.
«El error estuvo en que fue una medida puntual, que se enfocó en los indocumentados sin una política clara ya sea para controlar o para procesar la inmigración futura», añadió.
Y en esto, curiosamente, también coinciden partidarios y adversarios de una legalización masiva de indocumentados en 2013: el gobierno de Estados Unidos no aplicó un control más estricto del ingreso de extranjeros, ni los recursos para impedir que la demanda de mano de obra siguiera empleando a indocumentados.
La bonanza económica de la era de Clinton, la más prolongada en tiempos de paz en EE.UU., y luego la bonanza del sector inmobiliario, que aprovechó la labor de millones de obreros en la construcción, atrajeron a más inmigrantes.
Muchos de ellos, por millones, cruzaron la frontera sur de EE.UU. a riesgo de su vida y su salud, y otros millones ingresaron legalmente como estudiantes o turistas y se quedaron sin permiso.
De ahí que en el debate de 2013 pesen las dos lecciones: algo puede hacerse para abrir una senda a la legalización, y eventualmente naturalización, de millones de inmigrantes. Pero algo debe hacerse -antes, después o simultáneamente- para impedir otra marejada de indocumentados.
El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, ha sugerido que se deje a un lado la retórica «amnistía» que enfurece a los adversarios de la reforma, y coloca a la defensiva a quienes la promueven.
«Nadie deportará a 11 millones de personas, eso lo sabemos», según Paul. «De modo que lo que tenemos es una amnistía de hecho. Esa gente está aquí, se queda aquí».
El problema es sacar de las sombras a esos millones de indocumentados, muchos de los cuales han vivido por décadas en EE.UU., e incorporarlos al mercado laboral legal, a los pagos de impuestos y la recepción de beneficios.
El proyecto de ley que ahora discute el Senado -y que sigue sujeto a modificaciones- permitiría que la mayoría de los indocumentados regularice su situación tras el pago de impuestos y una verificación de antecedentes criminales.
