«Parece que más allá de las apariencias, hay acuerdos, no sabemos cuáles», subrayó el letrado Olivier Metzner, tras haber desplegado las razones jurídicas que a su parecer hacen que este proceso no debería haberse celebrado y que lo único que cabría esperar es que Noriega sea expulsado a Panamá, que es donde quiere ir.
Metzner explicó que las razones de ese supuesto acuerdo entre Washington y París tienen que ver con el temor de ambas capitales por los secretos que el antiguo hombre fuerte panameño no ha revelado en temas sensibles como la ayuda de Estados Unidos a la contra nicaragüense en los años 80.
Preguntado sobre qué podría haber escondido Noriega después de haber pasado 20 años encarcelado en Estados Unidos y qué interés tendría en no haberlo revelado hasta ahora, su defensor no quiso dar más detalles y remitió a la declaración que su defendido tiene previsto leer al comenzar la segunda audiencia mañana.
En espera de esa intervención, el reo, que ahora tiene 76 años y está delicado de salud, apareció tranquilo y atento a la traducción que le hacía la intérprete de esta primera sesión ante el Tribunal Correccional de París.
Se trata de una repetición del juicio en 1999, cuando ya fue condenado en ausencia a diez años de cárcel.
El juicio se repite porque Noriega rechazó esa sentencia una vez que fue extraditado a Francia el pasado día 27 desde Estados Unidos, donde cumplió una pena por tráfico de drogas de 40 años, luego reducida a 17.
Sus abogados, como han venido haciendo desde su llegada a Francia, insistieron en que debería beneficiarse de inmunidad al considerar que era jefe de Estado en el periodo al que se refiere el cargo que se le imputa (diciembre de 1988 a diciembre de 1989).
Al ex-jefe de Estado panameño se le acusa de haber blanqueado 2,3 millones de euros (unos 2,8 millones de dólares) que recibió por apoyar desde Panamá al Cártel de Medellín.
La defensa sostiene también que es prisionero de guerra, puesto que fue capturado tras la intervención estadounidense de Panamá en los últimos días de 1989, pero que eso no ha impedido las «violaciones» cometidas por Francia en este caso, lo que debería conducir a la «nulidad de la extradición».
El abogado de Panamá -que se ha constituido en acusación particular-, Yves Baudelot, sostuvo, en cambio, que invocar la inmunidad no tiene aquí ningún sentido porque los hechos por los que debe responder «no tienen nada que ver con la función de jefe de Estado» sino «sólo con el enriquecimiento personal».
Baudelot, que va a reclamar para Panamá 27 millones de euros (33,2 millones de dólares) en concepto de perjuicio material y moral, agregó que esa inmunidad alegada por su defensa no ha impedido que ya haya sido condenado en Estados Unidos y en particular en su país de origen (allí cinco veces, y aún tiene otros dos procesos pendientes).
En la misma línea se pronunció la fiscalía que señaló que Noriega, en tanto que procesado por un delito de derecho común, no puede invocar un trato especial por ser prisionero de guerra y todavía menos la inmunidad, que no se contempla para hechos ajenos al ejercicio de las funciones de jefe de Estado.
La presidenta del tribunal, Agnès Quantin, dedicó buena parte de la primera sesión de este juicio, que se prolongará hasta el miércoles, a la lectura del acta de acusación, en la que figuran las declaraciones de cuatro testigos durante el proceso en Estados Unidos que detallaron los vínculos de Noriega con el Cártel de Medellín, y el dinero que recibía de Pablo Escobar y su gente.
Metzner se esforzó en descalificar sus declaraciones afirmando que esos cuatro testigos estaban «todos comprados» por Estados Unidos, adonde algunos habían llegado extraditados «gracias a la colaboración de Manuel Antonio Noriega» con Washington.
El abogado avanzó el que será uno de sus principales argumentos en los dos próximos días, que no hay pruebas tangibles de que el dinero transferido por Noriega a Francia procediera del narcotráfico, sino que eran fondos que recibió de la CIA, de los negocios de su mujer, y del presupuesto de la Guardia Nacional de Panamá, malversación esta última que ya ha sido objeto de una de las condenas en su país.
