Tegucigalpa – En medio del laberinto legal y político que rodea al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), los cerca de 53 mil 500 hijos de tepesianos que nacieron en Estados Unidos son los grandes ausentes en la discusión pública en torno a esta temática destacó el director de NODO Honduras, Héctor Corrales.
Corrales analizó el costo humano de decisiones políticas en el TPS, donde el limbo migratorio se centra en los 54 mil 290 hondureños amparados en este estatus temporal y como la decisión de su ampliación puede fracturar familias, debilitar economías y redefinir derechos.
“Esta realidad transforma el debate: ya no se trata de una política sobre migrantes «temporales», sino sobre la estabilidad de familias estadounidenses y el bienestar de sus hijos, quienes no conocen otro hogar”, señaló el analista sociopolítico.
Corrales señaló que el arraigo de esta población es innegable y se mide en décadas. El beneficiario promedio llegó a Estados Unidos hace más de 25 años, lo que significa que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en este país.
La permanencia de más de 54 mil tepesianos se ha traducido en lazos comunitarios sólidos donde uno de cada tres beneficiarios hondureños es dueño de su vivienda. Adicionalmente, el tepesiano promedio tiene 2.8 hijos, y el 61 % de estos tiene al menos un hijo con ciudadanía estadounidense.
Aporte a economía hondureña
Además de su aporte a la economía en EEUU, los tepesianos no se han desligado de sus familiares en Honduras. En 2017, los tepesianos enviaban un promedio del 9.3 % de sus ingresos. Para 2025, esta proporción para el migrante hondureño promedio ha aumentado al 12.1 %, un ajuste razonable ante el incremento del costo de vida.
“Utilizando estos ratios, podemos construir un rango creíble del aporte actual de un beneficiario del TPS. Si tomamos como base el ingreso promedio actual de un remitente hondureño, de unos 4 mil 119 dólares mensuales, en base a datos del Banco Central de Honduras (BCH), el rango de envío mensual sería de 497 dólares mensuales”, señaló el analista.
Considerando una población de 54 mil 290 beneficiarios con participación laboral de 85 %, y una propensión de envío del 76.7 %, el impacto económico anual del grupo TPS se sitúa en un rango de entre 162 y 211 millones de dólares anuales.
El futuro de 53 mil estadounidense
Pero más allá de cualquier debate económico o político, el núcleo del asunto del TPS reside en una cifra que redefine por completo la naturaleza de la decisión.
“Un informe clave del Congreso de 2020 estimó que la población de beneficiarios hondureños eran padres y madres de aproximadamente 53 mil 500 niños nacidos en Estados Unidos”, señaló.
Y aunque el número de beneficiarios directamente bajo TPS ha disminuido desde entonces, en gran parte debido a que muchos han logrado obtener la residencia permanente, estos más de 50 mil ciudadanos estadounidenses son una realidad demográfica que persiste y define el debate.
“Este no es un dato secundario; es el hecho central que transforma una política migratoria en una profunda cuestión de derechos civiles y bienestar familiar dentro de las fronteras de EEUU. Estos niños son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento, con todas las protecciones y prerrogativas que la Constitución les garantiza”, refirió.
El analista apunta a que la realidad de los hijos de los tepesianos es inequívocamente estadounidense. “Para ellos, Honduras no es un hogar al que «regresar», sino un país extranjero que la mayoría apenas conoce. Por lo tanto, la cancelación del TPS crea un dilema legal y humano insostenible para el gobierno de Estados Unidos”.
En ese sentido, forzar la deportación de los padres colocaría a las autoridades estadounidenses en la posición de separar a familias a gran escala donde, al quedar los hijos solos, potencialmente pasarían al cuidado del Estado, a un costo social y fiscal.
Y el otro escenario es forzar una «deportación de facto» de ciudadanos estadounidenses, quienes se verían obligados a abandonar su propio país para permanecer con sus padres, renunciando a sus derechos a la educación, la salud y las oportunidades que les corresponden como estadounidenses.
En todo caso, “el impacto sobre estas familias y las comunidades en ambos países es consecuencia directa de la incapacidad del Congreso Estadounidense de acordar reformas migratorias, y de las consideraciones políticas del poder ejecutivo en determinar si un país tiene condiciones para un retorno seguro o no”, señaló Corrales. VC
