Tegucigalpa – El nuevo canciller de Honduras, Carlos López, aseguró hoy que la eventual amnistía del depuesto presidente Manuel Zelaya «es una competencia» del Parlamento y el Poder Judicial y no del Gobierno.
«La amnistía es un tema que se ha venido ventilando, pero no es competencia realmente del Gobierno», declaró López en una rueda de prensa después de jurar al cargo como nuevo ministro de Exteriores.
Detalló que este beneficio «normalmente es una competencia del Congreso Nacional (Parlamento), en coordinación con un procedimiento judicial que conoce el Poder Judicial de Honduras«.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, declaró poco después de iniciarse la crisis política que la amnistía «es una posibilidad» tanto para Zelaya, como para «otros actores involucrados» en el conflicto.
La supeditó, sin embargo, a que se logre una solución al conflicto político en el diálogo que se ha instalado en Costa Rica con el auspicio del presidente de ese país, Óscar Arias.
El portavoz de la CSJ , José Danilo Izaguirre, dijo recientemente a Efe que la decisión de decretar la amnistía «la tomará específicamente el Congreso Nacional si lo considera oportuno», pues le corresponde hacerlo, según la Constitución.
El titular de la CSJ anticipó que la posible amnistía solo sería por delitos políticos, no penales.
«A través de esa amnistía, nuestras resoluciones dejarían de aplicarse en lo que corresponde a lo político, porque en lo que corresponde a delitos de índole general o comunes cometidos por algún funcionario, no entran en una amnistía política», explicó Rivera a medios extranjeros.
La CSJ, elegida en enero pasado, «es el único órgano del Estado que está reconociendo la OEA «, señaló Rivera, después de que la Organización de Estados Americanos suspendió el pasado 5 de julio a Honduras del Sistema Interamericano por no acatar una resolución para restituir a Zelaya en la Presidencia del país.
Según el magistrado, Zelaya «fue acusado por la Fiscalía por delitos de traición a la patria, violación a los deberes de los funcionarios, desobediencia y otros delitos similares», cometidos durante el proceso para celebrar una consulta el 28 de junio que le autorizara para convocar una Asamblea Constituyente.
La votación fue declarada ilegal y quedó frustrada el 28 de junio pasado por el derrocamiento de Zelaya, quien fue sacado violentamente del poder y del país por las Fuerzas Armadas y sustituido ese día por Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Parlamento.
Detalló que este beneficio «normalmente es una competencia del Congreso Nacional (Parlamento), en coordinación con un procedimiento judicial que conoce el Poder Judicial de Honduras«.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, declaró poco después de iniciarse la crisis política que la amnistía «es una posibilidad» tanto para Zelaya, como para «otros actores involucrados» en el conflicto.
La supeditó, sin embargo, a que se logre una solución al conflicto político en el diálogo que se ha instalado en Costa Rica con el auspicio del presidente de ese país, Óscar Arias.
El portavoz de la CSJ , José Danilo Izaguirre, dijo recientemente a Efe que la decisión de decretar la amnistía «la tomará específicamente el Congreso Nacional si lo considera oportuno», pues le corresponde hacerlo, según la Constitución.
El titular de la CSJ anticipó que la posible amnistía solo sería por delitos políticos, no penales.
«A través de esa amnistía, nuestras resoluciones dejarían de aplicarse en lo que corresponde a lo político, porque en lo que corresponde a delitos de índole general o comunes cometidos por algún funcionario, no entran en una amnistía política», explicó Rivera a medios extranjeros.
La CSJ, elegida en enero pasado, «es el único órgano del Estado que está reconociendo la OEA «, señaló Rivera, después de que la Organización de Estados Americanos suspendió el pasado 5 de julio a Honduras del Sistema Interamericano por no acatar una resolución para restituir a Zelaya en la Presidencia del país.
Según el magistrado, Zelaya «fue acusado por la Fiscalía por delitos de traición a la patria, violación a los deberes de los funcionarios, desobediencia y otros delitos similares», cometidos durante el proceso para celebrar una consulta el 28 de junio que le autorizara para convocar una Asamblea Constituyente.
La votación fue declarada ilegal y quedó frustrada el 28 de junio pasado por el derrocamiento de Zelaya, quien fue sacado violentamente del poder y del país por las Fuerzas Armadas y sustituido ese día por Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Parlamento.
