Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Gobernó el país por ocho años (2014-2022). Antes fue diputado por su rural departamento de Lempira; en el Parlamento fungió como secretario del organismo, también ostentó la titularidad del Congreso Nacional, previo a llegar a la silla del altar Q. Es Juan Orlando Hernández Alvarado.
– Tras media docena de aplazamientos, finalmente el juicio comienza este martes.
Abogado de profesión, experto en políticas públicas, su voz potente y su figura menuda le mostraban en escenarios donde expresaba ideas sociales contagiosas; también era notorio su afán por el poder, dijo que su partido, el Nacional, gobernaría el país por 50 años.
Sus plataformas para estar cerca de la gente eran sus visitas permanentes a las comunidades del interior a las que llevaba programas de asistencialismo y en las ciudades impulsaba el deporte como mecanismo para combatir las enfermedades coronarias, la diabetes y la obesidad. El mismo trotaba en sitios públicos y animaba a las personas a hacerlo.
También lideraba operaciones de seguridad, combate al crimen organizado y a las pandillas. Sus alianzas con Estados Unidos parecían estrechas e indestructibles. Acuerpó la extradición de sus connacionales a los EEUU por delitos de narcotráfico y terrorismo, y muchas de estas expatriaciones ocurrieron en su mandato.
Pero eso cambió el 15 de febrero de 2022, apenas dos semanas después de dejar el poder a su sucesora Xiomara Castro.
Con esposas en los pies y en las manos, el expresidente Juan Orlando Hernández fue arrestado en su casa de habitación en Tegucigalpa, luego de que los Estados Unidos solicitara su extradición por presuntos delitos ligados al narcotráfico y tráfico de armas.
Previo a su entrega, el exgobernante permaneció con su casa rodeada por 600 policías, que acechaban sus movimientos y que estaban prestos a detenerle. También un helicóptero sobrevolaba permanentemente la zona y carros blindados se unían a una numerosa flota de otros vehículos de las fuerzas del orden en torno al hogar del exmandatario.
Decenas de periodistas, camarógrafos y medios de comunicación locales e internacionales hacían transmisiones en vivo y cubrían la noticia desde el lugar de los acontecimientos; opositores y algunos de sus líderes hicieron acto de presencia en las zonas aledañas a la vivienda del expresidente y declaraban a los medios de comunicación que querían ver su caída. Igualmente eran vistos los abogados de Hernández quienes brindaban versiones respecto a lo que estaba, inéditamente, ocurriendo.
Entrada la tarde, de ese martes de febrero de 2022, Juan Orlando Hernández salió al portón principal de su residencia y allí mismo el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón Pineda, se le acercó para apreciar cuando le colocaban cadenas en los pies y en las manos y quedaba bajo custodia en la unidad de fuerzas especiales de la Policía hondureña.
Antes de entregarse, Hernández aprovechó, quizá en una de las últimas oportunidades, sus redes sociales para negar los señalamientos y declararse listo para colaborar con las autoridades.
Los Estados Unidos le acusa de tres delitos, según los fiscales, cometidos entre 2004-2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento.
De ser hallado culpable podría enfrentar varias cadenas perpetuas.
Para el 16 de marzo, el juez hondureño Edwin Ortez autorizó la extradición del exmandatario tras una audiencia de presentación de pruebas de más de 11 horas. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia hizo el anuncio público de la decisión.
Hernández fue entregado a las autoridades estadounidenses en la base aérea Hernán Acosta de Tegucigalpa a la que fue llevado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña por el ministro de Seguridad.
El mismo día que Hernández fue extraditado, la directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), Anne Milgram dijo que «Hernández usó las ganancias del narcotráfico para financiar su ascenso político y, una vez elegido presidente, aprovechó los recursos policiales, militares y financieros del Gobierno de Honduras para promover su plan de narcotráfico».
Los fiscales que trabajan en el caso han descrito a Honduras como un “narcoestado” debido a las figuras públicas de la institucionalidad que han sido señaladas en cortes federales estadounidenses, incluido el hermano del expresidente y exdiputado, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado en Nueva York a cadena perpetua en 2021.
En medio de una expectación general en Honduras, el juicio se ha programado para iniciar este 20 de febrero, a las 8:30 de la mañana (hora de Honduras), tal como lo decidió el juez Kevin Castel al conceder parcialmente varias peticiones para dilatarlo, formuladas por el equipo de defensa del expresidente. En el mismo juicio también estaban imputados el exjefe de la Policía hondureña, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares y el oficial Mauricio Hernández Pineda, pero los dos exuniformados se declararon culpables por uno de los cargos.
Justo en la pasada audiencia del martes 23 de enero, Hernández pudo apreciarse algo más delgado y un tanto agotado, según las descripciones periodísticas desde el interior del tribunal.
Juan Orlando Hernández tiene ahora con 54 años y en la última audiencia pública en la que compareció el 18 de enero suplicó al juez Castel por un defensor público adicional para que le ayude en su proceso y pueda desentrañar la extensa información clasificada que les compartió, según la defensa, tardíamente, la Fiscalía. Su petición fue concedida y es así como se suma a su pool de defensa el abogado Renato Stabile. En ese momento también descalificó a su abogado titular Raymond Colon, mientras que su otra abogada Sabrina Shroff permaneció callada y algo abatida, dijo una testigo que presenció la cita judicial.
Pero en Honduras, no sólo la población está expectante del juicio, sino que también en los círculos del poder político hay un profundo interés. Muchos son los lazos que se prevé se tejieron en las redes que ahora se desentrañarán en la corte de Nueva York y que podrían involucrar actores de distintas instancias, partidos políticos e incluso de sectores privados.
Las últimas revelaciones de los fiscales han puesto énfasis en testigos de gran impacto, algunos de ellos, incluso participarán en calidad de anonimato, adelantaron fuentes conocedoras del caso que prevén una importante sacudida en Honduras. También comparecerán capos que enfrentan fuertes condenas y otros actores políticos que no han recibido sentencia.
El día cero para el juicio en contra de Juan Orlando Hernández Alvarado, el presidente hondureño por dos períodos consecutivos, procedente “de las tierras del indómito cacique Lempira”, como él solía expresar con orgullo en sus discursos, está por iniciar y mientras su familia mantiene la fe puesta en su inocencia, será un jurado en Nueva York el que devele el futuro en las próximas semanas de este hombre que marcó la historia de Honduras. (PD)
