San Salvador.- La defensora de derechos humanos salvadoreña Celia Medrano dijo este martes a Efe que los jueces de la Audiencia Nacional de España podrían pedir la asesoría de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para evitar dejar en «indefensión» a los salvadoreños y hondureños a los que se les ha negado el asilo.
«Los magistrados españoles podrían solicitar asesoría de ACNUR para actualizarse sobre el alcance de la normativa sobre protección internacional y así evitar dejar en total indefensión a salvadoreños y hondureños que han huido de sus países porque sus vidas están en riesgo», dijo Medrano en una declaración a Efe.
Estas aseveraciones se dan como reacción a una serie de fallos de la Audiencia Nacional en las que se considera que el temor a las amenazas de las «maras» no es razón suficiente para lograr protección internacional.
De acuerdo con Medrano, también experta en temas migratorios y excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma legislación española «abre la posibilidad a personas cuya vida e integridad están en riesgo por actores no estatales», aplicar a la «protección internacional en países como España».
Señaló que los grupos de pandillas «tienen control territorial y comunitario con capacidad de concretar una agresión en contra de una persona, su grupo familiar y comunidad sin que el Estado pueda garantizar la protección a estas personas».
«En el caso de El Salvador, incluso han trascendido investigaciones que plantean que desde agentes estatales mismos se han dado entendimientos o acuerdos en los que grupos de criminalidad organizada han cooptado estructuras estatales», sostuvo.
Agregó que «la nota orientativa de ACNUR sobre El Salvador de 2016 plantea perfiles de personas en riesgo por agresión y persecución de actores no estatales como pandillas».
La Audiencia constató, hace unos meses, la existencia de «numerosas solicitudes de asilo procedentes del denominado Triángulo Norte Centroamericano, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras», que denunciaban amenazas de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, «organizadas trasnacionalmente».
En la docena de sentencias del último mes consultadas por Efe, el tribunal determina que los hechos denunciados no son objeto de protección internacional, fundamentalmente porque se trata de actos de «delincuencia común» cometidos por «pandilleros» que actúan «al margen de la ley».
Los solicitantes de asilo denuncian haber recibido amenazas para que entregaran dinero a cambio de no ser atacados o para que se integrasen en uno de estos grupos, entre otras razones.
Las pandillas, que son consideradas en El Salvador como una herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
Actualmente, este país se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales, como parte de la llamada «guerra contra las pandillas» del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele.
Según las autoridades, son más de 49.000 las personas detenidas, mientras que las organizaciones humanitarias han registrado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
(ir)
