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Listo dictamen sobre nueva Ley de Pesca y Acuicultura

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Tegucigalpa- Luego de un amplio proceso de socialización en las principales comunidades del país que se dedican a la pesca, ya está listo el dictamen de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, para su debate y aprobación en el Congreso Nacional.
 

El presidente de la comisión ordinaria de agricultura y ganadería del Congreso Nacional, diputado Eduardo Gauggel, junto a los demás miembros de la misma, acompañados por la gerencia legislativa, comenzaron a socializar el proyecto de ley con instituciones como la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca).

El proceso refleja las instrucciones giradas por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva en el sentido que todos los proyectos de ley se socializacen con los sectores impactados, recoger sus aportes y obtener un dictamen consensuado para que el producto sea viable y de beneficio general.

La comisión solamente tiene pendiente la visita a la Mosquitia, Gracias a Dios, la que está prevista para este próximo viernes, la ruta incluyó reuniones de trabajo en las ciudades de San Lorenzo, departamento de Valle, San Pedro Sula en Cortés y La Ceiba en Atlántida, con actores de la actividad pesquera y acuícola de esas regiones.

Otras consultas se hicieron a funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Trabajo, Recursos Naturales y Ambiente, Desarrollo e Inclusión Social, Defensa, Desarrollo Económico, Dirección de la Marina Mercante y municipalidades. Se contó además con apoyo del Organismo del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA),

En la socialización, se estableció que el sector pesquero presenta problemas, pero a su vez oportunidades. Para citar, los recursos en la región del Golfo de Fonseca están en disminución crítica por la sobrepesca y el Lago de Yojoa tiene amenazada la sostenibilidad de la actividad, lo que augura crisis sociales. Además se carece de una Inspectoría.

Esta situación se da en menor grado en otras regiones del litoral Atlántico, incluyendo a la actividad de la pesca industrial.

Se comprobó también la debilidad de Digepesca, falto de recursos para montar centros de investigación, básicos para sustentar planes de manejo, cuerpos de inspectores que garanticen la legalidad de la actividad y poca coordinación con otras autoridades que intervienen en el sector.

El diagnóstico refleja que el país no obtiene los beneficios de los derechos de la pesca en alta mar que otorga la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar (Convenar), porque no ha activado su membrecía ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en el Pacífico y la Comisión del Atún del Atlántico (ICCAIT).

Lo positivo del trabajo señala que el desarrollo de la actividad acuícola ha permitido ubicar al país como líder en esta actividad a nivel regional, sin embargo, en la pesca extractiva, con una mayor flota pesquera y cantidad de pescadores, solo aporta un 8.3 por ciento del tonelaje producido, en relación al cultivo (camarón y tilapia) con 91.7 por ciento.

Lo anterior lo dice un informe de la Organización de Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura (FAO) de enero 2013, siendo esta una situación muy atípica en relación a los restantes países centroamericanos.

El documento detalla que el consumo percápita de pescado por persona por año en Honduras es de apenas 2.2 kilos, en contraste con 6.6. kilos de El Salvador y 13.6 kilos en Costa Rica.

La meta fue definir disposiciones para activar la pesca en alta mar y fomentar la inversión; creación de cuatro regiones de pesca para administrarlas según su particularidad, así como de un Consejo de Políticas de Pesca y Acuicultura (Conapesca) y definir lineamientos de políticas.

Se incluye la figura de Declaración de Emergencias Pesqueras, como medida especial para recuperar áreas afectadas por la sobrepesca, la disponibilidad de laboratorios y medios de investigación científica por parte de Digepesca y las disposiciones para implementar el manejo de cuotas de captura.

Otro aspecto importante, es el protocolo de abordaje de embarcaciones pesqueras que operen de forma irregular, creación del Cuerpo de Guardacostas y la eliminación del concepto de pesca de libre acceso o espacios de pesca de libre acceso.

También contempla un canon contributivo para reforzar la inspectoría y la investigación científica, siendo obligación de las municipalidades, en el manejo de la pesca en ríos y lagunas, la protección de especies en los mismos (olominas, cangrejos y guapotes, entre otros, condiciones para incorporarse la flota pesquera nacional

Se busca reclasificar la actividad pesquera y acondicionarla a lo que demandan los pescadores; impulsar mecanismos de transparencia en el acceso a la actividad pesquera por concurso o competencia, promover aspectos administrativos sobre transferencia de derechos y diferenciar los registros administrativos de registros de propiedad

En el dictamen se incluye la facilidad en el proceso de manejo de licencias ambientales; los procedimientos para aplicar sanciones; ampliación de mecanismos para ejercer inspectorías pesqueras y la regulación obligatoria de la cadena de frio para proteger al consumidor y mejorar la calidad del producto.

Otros aspectos son el trato a pescadores, incluso a los que se dedican a alquilar botes, modalidades y conveniencia de suprimir o no la flota de embarcaciones por buceo, vinculación de la ley actual con la nueva Ley de Camaricultura y mecanismos de protección social para actividades de alto riesgo.

También se busca regular aspectos como el manejo poco transparente de dar cupos anticipados en la flota pesquera, la promoción del consumo interno y a las cadenas de intermediación.

El objetivo de la nueva ley, es generar un impacto social y económico y que el desarrollo de la actividad pesquera contribuya a la seguridad alimentaria nacional, la creación de nuevos empleos, pero a su vez restablecer el equilibrio pesquero.

En el ámbito social, con programas sociales se busca apoyar a los pescadores en tiempos de veda y que pierdan temporalmente sus ingresos y con la creación del Cuerpo de Guardacostas de Honduras, se abren nuevas oportunidades para el control de actividades y prácticas no responsables de pesca.

Se puede afirmar que la nueva ley tiene potencialidad para generar cambios en la actividad del sector de pesca y acuicultura, bajo los esquemas que plantea el dictamen, sin obviar cualquier otro criterio que se agregue al momento de su debate en el pleno de la Cámara Legislativa.

Un proceso que inició en mayo pasado, impulsado por la presidencia del Congreso Nacional, está a punto de concluir y dar al país una nueva Ley de Pesca y Acuicultura que será de beneficio no sólo al sector pesquero nacional, también en la dieta alimenticia del hondureño.

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