Tegucigalpa – Desde tempranas horas del miércoles comenzó el proceso de liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que ahora le abre paso al Servicio de Administración de Rentas (SAR).
– Mil 500 empleados salen definitivamente de la oficina recaudadora de impuestos, en tanto un millar que estaban asignados a Renta Aduanera pasan a la planilla de la Secretaría de Finanzas.
– Empleados despedidos dicen que defenderán sus derechos en las calles e incluso anuncian que presentarán demandas en el ámbito nacional e internacional.
Una Comisión Liquidadora de la Secretaría de Finanzas procederá a dar por terminados los contratos y acuerdos de personal, reconociendo a los empleados y funcionarios los derechos laborales, según la legislación aplicable, siendo dicho cuerpo el que se hará cargo de todos los trámites requeridos. Se habla de un poco más de 800 millones de lempiras disponibles para este fin.
El exdirector del desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Felipe Arturo Morales, será el encargado de implementar la liquidación forzosa de la DEI, como él mismo le ha llamado a este proceso.
Aunque no hubo atenciones al público el miércoles 16 de marzo, se anunció un servicio normal para este jueves 17, por lo que Finanzas puso a disposición y de manera temporal la estructura organizacional para albergar en su totalidad a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras.
Se nombró además a Ángela Madrid, exgerente de la DEI, como Comisionada Presidencial para comandar el proceso de transición en la apertura de la SAR, que será dirigida por Miriam Guzmán, quien se desempeñó como directora del ahora desaparecido ente recaudador de tributos.
Asimismo, entre 800 y 900 empleados que estaban asignados a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras pasan a la planilla de la Secretaría de Finanzas, que se encargará esencialmente de las operaciones en puertos marítimos, terrestres y aéreos del país.
No se conoce el rumbo de la nueva oficina
El exdirector de la DEI, Jorge Yllescas, valoró como un problema bastante complejo el cierre de la institución porque no se conocen detalles sobre el rumbo que tomará esta decisión.
“Los personeros del gobierno no han señalado cuál es el rumbo que va a seguir la DEI. Indiscutiblemente esta oficina estatal necesita ser transformada radicalmente en vista que nació politizada y se mantiene bajo ese mismo esquema”, criticó.
Yllescas reiteró que la reestructuración era necesaria, pero auguró que entre las posibilidades que contempla es la privatización de la DEI. “Desde hacía varios años había un proyecto para que las operaciones pasaran a dos o tres bancos, lo que a mi juicio sería una catástrofe y me declaro totalmente en desacuerdo”.
Sugirió llevar a cabo un proceso paulatino para lograr cambios sustanciales en el sistema de recaudación a nivel nacional. “La DEI no tiene que seguir funcionando como secretaría de Estado, lo que ocupa es autonomía, flexibilidad y sin sectarismo político”.
Violación de derechos fundamentales
Para el representante del sector obrero, José Luis Baquedano, siempre el hilo se rompe de la parte más débil, por eso es más fácil tomar la decisión de correr empleados que implementar otras medidas para rescatar la DEI.
“La situación de las instituciones del Estado no somos (responsables) los trabajadores, afirmar eso es una falacia. Nos preocupa que despidan trabajadores para contratar activistas del Partido Nacional, también pretenden tener control absoluto de la DEI en vista que se aproximan las elecciones y necesitan plata (dinero)”, fustigó.
Baquedano insistió que no existen causales de despido por parte de las autoridades de la oficina recaudadora de tributos, por lo que se convierten en “despidos ilegales e injustos”.
Agregó que “aquí se irrespeta la libre sindicalización y la contratación colectiva, así como el derecho que todos tenemos al trabajo. No es posible que de la noche a la mañana despidan a mil 500 trabajadores, los que pasan a engrosar la nómina de 21 mil que corrieron la misma suerte en el sector público”.
El representante obrero citó que los empleados de la DEI han demostrado capacidad en el ejercicio de sus funciones, ya que las propias autoridades de la institución han expresado que se mejoraron las recaudaciones de esa oficina estatal.
Calificó como “falacia” el anuncio de recontratación para personal que se someta a los nuevos procesos de evaluación y confianza; “Si hay una acción encaminada a que estos trabajadores ya no regresen, lo que van a hacer es que aunque se sometan a mil exámenes no los van a pasar porque hay lineamientos en ese sentido”, indicó.
Cierre raro y con motivaciones políticas
De su lado el expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, apuntó que le genera dudas cuando personeros de la DEI denuncian que más de 300 empleados aceptaron tener vínculos con el crimen organizado y en vez de procesarlos más bien los premian dándoles las prestaciones.
“Me parece que lo que existe es otra motivación, habría que ver cuántos de los que van a despedir son de partidos de la oposición, puede que sean causas políticas”, señaló.
Facussé citó que en pláticas que tuvo con sindicalistas de la DEI, estos le confiaron que ni la propia directora Miriam Guzmán conocía detalles de la liquidación de ese ente recaudador.
Sorpresa por intempestiva liquidación
Mientras Arturo Alvarado, exsecretario de Finanzas y actual asesor de la iniciativa privada, analizó que la liquidación de la DEI en los términos que se lleva a cabo podría tener repercusiones si no se hicieron las previsiones del caso.
Dijo estar sorprendido por la forma que se materializa este proceso.
No es fácil despedir tantos empleados de una oficina importante para el funcionamiento de la administración pública, remarcó, para luego agregar que “será fundamental fortalecer la institucionalidad de esta oficina del Estado y alejar todo tipo de politización”.
Alvarado mencionó que la nueva oficina recaudadora de tributos únicamente será eficiente si se logra estructurar una institución técnica y profesional basada en la méritocracia.
Previó que “el problema sería si después de Semana Santa el nuevo ente no pueda operar ofreciendo los servicios que ofrece en la actualidad”.
