Tegucigalpa (Especiales Proceso Digital) – La frase, “regresar los militares a los cuarteles”, que la presidenta Xiomara Castro abanderó desde su primer intento de llegar a la presidencia, allá por 2013, quedó en el pasado para Libertad y Refundación (Libre) y de enemigos de la resistencia, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) pasaron a ser los dignos herederos del General Francisco Morazán.
– “Regresar los militares a los cuarteles”, era el discurso de la campaña electoral en 2013, en 2024 son los aliados para hacerle frente a los retos heredados de 12 años 7 meses de gobiernos nacionalistas.
– ASJ: El cambio de discurso de Libre es solamente la confirmación del cinismo que hay en los políticos.
– La ministra Moncada volvió a decir que eliminaron la extradición porque no quería que se instrumentalizara políticamente y que es probable se retome en 2026.
La promesa que dominó durante las tres campañas presidenciales en la que Libre ha participado desde su creación en 2011, evolucionó una vez que la cúpula de la resistencia llegó al poder y en la actualidad, la familia presidencial y su círculo se ha convertido en los principales defensores de los militares hondureños.
A menos de tres años de que Castro llegó al poder, la historia es otra. Ahora, las FFAA se han convertido en los aliados “para hacerle frente a los retos heredados de 12 años 7 meses de narcodictadura en que se abandonó el principio de soberanía, la defensa de nuestro territorio, defensa nacional y se saqueó y corrompió el Estado Hondureño”, como lo expresó en su discurso de la ceremonia del 199 aniversario del Ejército de Honduras el pasado 12 de diciembre.
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El espaldarazo a los militares se refleja no solo en lo financiero, con el aumento presupuestario, el gobierno de la presidenta Castro reactivó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) con resoluciones que favorecen a las fuerzas castrenses y que le permite realizar compras directas.
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Además, en los recientes cuestionamientos a los militares, los primeros que han salido a defender a las FFAA han sido funcionarios que antes los tildaban de golpistas.
“El Ejército está plenamente identificado con las causas democráticas y pacíficas del pueblo hondureño”, defiende ahora la precandidata de Libre y ministra de Defensa Rixi Moncada, quien recientemente aseguró que el gobierno denunció el tratado de extradición para proteger al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
“Fue un ejercicio de soberanía frente a un ataque injerencista que pretendía remover de su sitio al general Roosevelt Hernández. A eso se debe, esto fue lo que representó en su momento ese acto soberano del gobierno de la república”, expresó Moncada.
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El cambio de discurso del oficialismo causa sorpresa. “Me impresiona tanto el hecho de que las FF.AA. en menos de tres años pasaron de ser «golpistas» «facilitadoras de narcotráfico», «represoras» y demás, a ser «heroicas», «demócratas», «dignas», «patrióticas»… es la transformación más rápida de la historia de Honduras”, ironizó la ex embajadora de Honduras en Canadá, mediante su cuenta en la red social X.
Esta semana trascendió que el actual jefe de las FFAA, general Roosevelt Hernández, abandonaría el cargo para pasar como nuevo ministro de la Defensa, lugar que dejaría vacante Rixi Moncada para dedicarse a la campaña electoral de cara a las elecciones generales. Además, se mencionó al cuñado de Carlos Zelaya como futurible nuevo jerarca del instituto verde olivo.
Las versiones fueron aplacadas por un tuit de Casa de Gobierno que aseguró que no existía tal pretensión y que por ahora los altos cargos castrenses continuaban iguales.
Militares son un poder fuerte
A criterio del defensor de derechos humanos Joaquín Mejía “a este gobierno lo que le pasó fue como una bofetada de realidad, es decir tenía un discurso de desmilitarización, que es necesario en una sociedad democrática, y se encontraron porque al final de cuentas los militares son un poder, incluso más fuerte que cualquiera de los tres poderes tradicionales del Estado”.
Mejía dijo a Proceso Digital que las palabras de Juan Linz, uno de los teóricos más importantes, sobre la quiebra de la democracia en nuestros países, “él decía que al final de cuentas, los militares son los que tienen el monopolio de la fuerza y de las armas y por tanto los gobiernos civiles cuando se dan cuenta de eso, lo que hacen es adoptar medidas para no incomodar, para ganar la lealtad y evitar golpes de Estado”.
Este acomodamiento, sin embargo, en el caso de Honduras, resaltó el promotor de derechos humanos “tiene una implicación grave, por un lado que no se ha cumplido con esa promesa de desmilitarización de la sociedad y del Estado y en segundo lugar, los militares siguen teniendo un enorme poder”.
Mejía señaló el aumento al presupuesto de las Fuerzas Armadas. “Se les sigue entregando un enorme poder con un presupuesto de guerra impresionante, que debería de ser utilizado en mejorar las condiciones de vida de la población y obviamente que también representa en mi opinión una bofetada al poder civil”, expresó.
Desmilitarización, otra promesa pendiente
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remarca que la desmilitarización es una tarea pendiente pues aunque el nuevo gobierno prometió avanzar en este tema, la CIDH señala medidas contrarías a esta reiterada recomendación.
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Durante la visita in loco que la CIDH hizo a Honduras en abril de 2023, el Estado de Honduras informó que en el marco de la estrategia de seguridad se adoptaron medidas como la desmilitarización gradual y progresiva del sistema nacional penitenciario, la reducción del número de efectivos de la policía militar, pero en los seguimientos, la Comisión ha indica que “viene observando la regresión de algunas de estas medidas adoptadas”.
Pero “durante y con posterioridad a su visita, la CIDH recibió información consistente sobre la persistencia, e incluso un incremento, en el uso de la fuerza militar para hacer frente a la inseguridad ciudadana que afecta al país”, cita el Informe Honduras, situación de derechos humanos.
La CIDH señaló además que esta situación estaría siendo reforzada a través de la implementación y prórroga de estados de excepción. Según la explicación que el gobierno dio a la CIDH, el déficit en la capacidad de las fuerzas civiles sería una de las razones que hacen necesario el apoyo de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad.
“Nos preocupa la situación de los defensores de derechos humanos, nos preocupa la situación de los periodistas, nos preocupa mucho la situación de la violencia contra las mujeres y que en respuesta a la violencia, Honduras haya adoptado un régimen de estado de excepción que se viene prolongando en el tiempo, y que se traduce en que las Fuerzas Armadas continúen ejerciendo funciones de seguridad pública, lo cual no condice con la voluntad inicial del Estado de desmilitarizar al país”, dijo a Proceso Digital la comisionada de CIDH, Relatora para Honduras Andrea Pochak, al presentar el informe en Tegucigalpa en mayo pasado.
El cinismo de Libre
Para el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, este cambio de discurso es solamente la confirmación del cinismo que hay en los políticos, “es por eso que el pueblo hondureño, y no solamente acá, les cree muy poco”, dijo a Proceso Digital.
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Hernández comentó que la doctrina tiene una posición contraria a que la fuerza militar ejerza roles administrativos y cederle la seguridad en el país, aunque “eso dice la doctrina, eso dice la teoría, el discurso, que lo dijo la señora presidenta actual cuando era candidata y hoy vemos todo lo contrario”.
El presidente Una Sola Voz por Honduras, Rashid Mejía, recordó que además de la retórica y discurso anti militar de “regresar los militares a sus cuarteles”, Libre criminalizó a las FFAA por años.
Pero “hoy las están utilizando para repetir el gastado discurso socialista de Libre y los Zelaya”.
“Hoy lo que estamos viendo es que el militarismo sigue creciendo, que lo mismo que observamos en los 12 años del gobierno anterior es exactamente lo mismo, con la agravante que en esta ocasión tenemos una precandidata dirigiendo las Fuerzas Armadas, dirigiendo la Secretaría de Defensa, obviamente sin ningún pudor ético ejerciendo esa función y con el agravante que no hay transparencia”, recriminó Hernández.
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El dirigente de sociedad civil también observó que en el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio fiscal del 2025 y que actualmente está en proceso de socialización en el Congreso Nacional, se refleja en un presupuesto alto asignado a la Secretaría de Defensa, y por otro lado en la partida 449 que es discrecionalmente administrada por la presidenta, tiene otro fondo designado del Instituto Nacional Penitenciario (INP), manejado por militares.
“Al INP se le está aumentando el 100 % del presupuesto y quien administra el INP son justamente las FFAA, no hay coherencia y yo creo que aquí las bases de Libre deberían estar cuestionando, no es propio de un partido que habla y pregona que es socialista”, subrayó.
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Hernández fue categórico, “esto es fascismo y es muy fuerte, pero cuando uno ve la historia y ve el militarismo controlando los destinos de una nación esto es totalmente contrario a ese discurso, a esa teoría de Libre”, aseveró. VC
