Tegucigalpa (Proceso Digital) – El partido Libertad y Refundación (Libre), esperaba más de 12 años para llegar al poder, vendiéndose como un partido de izquierda diferente al tradicional bipartidismo político de donde surgió. La bandera anticorrupción y antinarcotráfico destacaron entre sus principales ofertas de campaña, al igual que la reivindicación de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ y del medio ambiente, entre otros. “No somos iguales”, insisten desde quien encabeza el Poder Ejecutivo hasta el más fiel de sus activistas. Pero la historia parece ser otra.
A escasos cuatro meses para los comicios generales del 30 de noviembre, cuando los hondureños votarán por un relevo en la silla presidencial o la continuidad del partido en el poder, un tsunami político comienza a devorar a Libre, gestado desde sus propias entrañas y no desde la oposición política como sería la lógica tradicional. Un cheque-video sobre el presunto manejo irregular de dineros del Fondo Social del Congreso Nacional, a través de Sedesol, ha revuelto el avispero político en Libre que ha comenzado a repartir culpas al resto de partidos políticos.
El cheque-video filtrado a los medios y redes sociales desde las entrañas de Libre ha comenzado a pasar facturas. El todo poderoso ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, fue forzado a renunciar; la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, cuenta con un “permiso especial” otorgado por la presidencia del Poder Legislativo para aclarar el entuerto de los fondos de Sedesol utilizados en el departamento de Copán que desataron el escándalo al destapar una presunta red de corrupción disfrazada de “emprendedurismo” cuyos dineros fueron a parar, supuestamente al partido Libre, ya bolsas particulares de los supuestos “emprendedores”.
La “reina” de Copán fue víctima de su propia grabación donde relata con detalles en conversación con Cardona, el drenaje de fondos mediante cheques cuyos recursos eran para el partido y se presume para la campaña política de Libre. Hoy el partido en el poder ha anunciado que Cuéllar ha sido expulsada de todos los cargos partidarios y además, atribuyéndose poderes que no tienen, le separan de su butaca legislativa, todos los cargos y en Congreso Nacional y de su candidatura a diputada por Copán.
Isis Cuéllar se ha llamado al silencio, los medios informaron que la vieron llegar al Congreso Nacional y se encerró en su oficina. El Congreso anunció que por “filtraciones de agua” no tendrían sesiones y su presidente, Luis Redondo, salió en una comparecencia pública para explicar los fondos que otorga ese poder del Estado. Son más de 950 millones de lempiras, de los que se desconoce la rendición de cuentas.
Redondo revolvió en sus explicaciones lo que son las subvenciones (estipuladas en la Constitución) y el Fondo Social del Congreso que es parte de las disposiciones presupuestarias, además de meter en el saco el apoyo que ese órgano del Estado otorga a instituciones filantrópicas que no tienen ninguna relación con las actividades políticas y de campaña de los diputados. Intentó revólver las aguas.
Dentro de la red de pesca que el presidente del Congreso Nacional ha lanzado, los resultados no han sido los deseados. Los diputados de la oposición, en especial del Partido Liberal, citados en los listados, han dicho unos que no han hecho uso del Fondo Social parlamentario, otros que, si bien han tramitado subvenciones, no han tocado dinero sino canalizado las ayudas por dependencias gubernamentales autorizadas. La caja de pandora se ha abierto y Libertad y Refundación no encuentra aún el mecanismo para cerrar una tubería que se ensancha a medida que salen nuevas filtraciones.
El fondo del CN no fue parejo
En Libertad y Refundación hay incomodidad entre los parlamentarios al conocerse que unos, más que otros, fueron beneficiados con las jugosas subvenciones y los recursos del Fondo Social. La diputada Isis Cuéllar fue una de ellas, así como el resto de la junta directiva del Legislativo.
El diputado Ramón Barrios, uno de los legisladores que más sale en la defensa pública de Libre, de la gestión de Luis Redondo y de la presidencia del Poder Ejecutivo, se mostró sorprendido del porqué a unos congresistas del oficialismo les dieron más recursos que a otros. Él fue uno de los que no favorecieron con esos millonarios recursos y pidió al Ministerio Público que investigara las causas de esa desigualdad en la repartición.
Los dineros del Fondo Social hasta ahora evidencian la gangrena enquistada en Sedesol, pero la atarraya se puede extender a otras dependencias gubernamentales y otros departamentos del país: Cortés, Valle, Santa Bárbara, Olancho, Atlántida, Colón, entre otros. Copán sería solo la punta del iceberg.
Las ayudas para los emprendedores resultaron hasta ahora en proyectos para beneficios particulares. El apoyo para casas a punto de derrumbarse se transformó en la construcción de lujosas mansiones de activistas políticos de Libre; se ha registrado la suplantación de identidades y empieza la gente y las comunidades a denunciar que no ven donde están sus proyectos, los pozos de agua, el insumo para el campo, como parte de las gestiones que a su nombre hicieron los diputados del oficialismo.
Y en la capital hondureña, una denuncia que ha llamado la atención es la de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al desmentir al presidente del Congreso, Luis Redondo, de haber sido beneficiaria del Fondo Social. La UNAH ha rechazado esa afirmación y negado que exista una dependencia denominada “Dirección General de Desarrollo Profesional-Apoyo a Feria Nacional de Ciencia y Tecnología”, hacia donde se habrían destinado los apoyos de los diputados solicitados, a través del Fondo Social, antes conocido como Fondo Departamental.
Libertad y Refundación vive así un tsunami político y de corrupción que está golpeando al partido y su apuesta por retener el poder en los comicios del 30 de noviembre. El cheque-video en Sedesol ha revelado una red de corrupción que opera con los mismos métodos y características de la corrupción identificadas por la extinta MACCIH durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Los patrones son comunes, pero con cambio de actores o protagonistas, así lo definió el exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, sorprendido por el papel de Luis Redondo, un activista anticorrupción que ahora avala las prácticas de opacidad que tanto cuestionó.
Los antecedentes del tsunami
El tsunami político y de corrupción por el que atraviesa Libre tiene otros antecedentes: la primera fisura con la elección de la presidencia del Congreso Nacional que se le arrebató a Jorge Cálix para dársela a Luis Redondo. Esa fractura no cerró y terminó con la salida de Cálix del partido junto a varios diputados del oficialismo. Libre se ha visto diezmado en su representación en el Congreso.
Luego aparece uno de los mayores remezones para ellos inesperado y fue la filtración del narco video en el cual el entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece negociando con capos del narcotráfico hondureño recursos para financiar la primera campaña de Libre, la del 2013.
Carlos Zelaya fue obligado, por la presión e indignación popular, a renunciar a su curul en el Congreso, pero no al partido Libre, donde se le ve con frecuencia en actos políticos. Zelaya, según investigaciones periodísticas, sigue recibiendo ingresos, pero la directiva del Congreso ha negado ese aspecto, sin dar mayores detalles al respecto. En el narco-video en la negociación con los capos se indicaba que la mitad del dinero solicitado sería para “el comandante”, el sobrenombre como se conoce popularmente al coordinador del partido, el expresidente Manuel Zelaya, último que ha rechazado cualquier vinculación.
Libre saluda como bandera de dignidad partidaria que Carlos Zelaya renunció “por ética” y “amor partidario”, que nadie hace eso en Honduras, en tanto el Ministerio Público de voz del fiscal general, Johel Zelaya, ha dicho que por ser un video tan viejo, es difícil investigar si eso es real. Han pasado 10 meses de ese hecho y la fiscalía no tiene avances.
La mancha de Carlos Zelaya no había sido borrada, pero si bajado su intensidad en los medios de comunicación y en el discurso de la oposición política partidaria, cuando otro hecho inesperado vuelve a colocar a Libre y al gobierno de la presidenta Castro en una situación incómoda por sus promesas populistas: la estafa de Koriun Inversiones.
Koriun Inversiones, populismo en suspenso
La presencia de la estafadora Koriun Inversiones y la captación de fondos sin ser un ente regulado por la ley, sacudió el país por la dimensión que estaba tomando esta red de lavado de activos—según la fiscalía—y en la cual fueron embaucados incautos hondureños, pero que todo indica hubo también en esa operación gente “de alto nivel” que nadie identifica y que según el fiscal general, Johel Zelaya, los ejecutivos en prisión “son pececillos” porque los “peces gordos” no caen porque los sindicados no los quieren “quemar”.
Tras conocer la estafa de Koriun Inversiones, la presidenta Xiomara Castro salió a publicar en sus redes sociales que iban a ayudar a la gente a devolver su dinero, luego el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, se refirió en iguales términos en la marcha del 1 de mayo. Los aportes de los socios de Koriun Inversiones estarían arriba de los 5,500 millones de lempiras, según los medios de prensa. Devolver ese dinero representaría una carga del 1% del presupuesto de la república y más de la mitad del presupuesto de la Secretaría de Defensa.
El gobierno intentó mediante una iniciativa de ley –que nunca llegó al Congreso Nacional, ante advertencia de diversos sectores de que no podían usar fondos públicos para pagar operaciones ilegales—aplacar las demandas de los estafados como un acto populista con multas electorales. La mayor parte de la gente estafada se encontraba en el Valle de Sula, una de las regiones con mayor número de votación dentro del padrón electoral.
Con el manejo del caso en el Ejecutivo, por la forma, declaraciones y decisiones, especialmente en lo relacionada a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la institucionalidad se vio debilitada. Y en el Congreso Nacional, el presidente Redondo no logró consensos ni en la bancada de Libre ni en la de los otros partidos para aprobar un mecanismo que permitiera legalizar con fondos públicos una operación ilícita propia de la criminalidad organizada. Libre no pudo en su estrategia populista cumplir la promesa a los estafados. Hasta sus aliados empresariales, como la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, salió con un comunicado advirtiendo que no se podía usar dineros públicos para legalizar una operación ilegal.
Y a cuatro meses de las elecciones, cae el cheque-video, y con él se aviva nuevamente la indignación social, la indignación partidaria. Un video que se filtró como parte de una pugna interna en el partido, se hizo viral, se salió de las manos y obliga desde la presidenta Castro hasta la coordinación del partido y la candidata presidencial, a anunciar acciones de “limpieza” interna para amortiguar un tsunami de corrupción que comienza a devorarlos y botar la máscara y el discurso de que “no son lo mismo”.
Libre luce, por ahora, atrapado en su propia malla, repartiendo culpas, proponiendo políticas anticorrupción en medio del festín que ha dejado el fondo social, y otras denuncias de abuso y nepotismo, gestadas por círculos cercanos a la presidencia y la candidata presidencial, como son los nombramientos, ascensos, cancelaciones, reintegros y jugosos salarios hechos hasta por integrantes en la fórmula presidencial de Rixi Moncada. (PD)
