Desde el inicio de la independencia, nuestro sabio José Cecilio del Valle pensó así de nuestra patria: “El Estado de Honduras es uno de los principales de nuestra República de Centro América. Caracteres grandes lo distinguen de los otros Estados. La naturaleza parece destinarlo a ser de los más ricos y poderosos entre todos los del nuevo mundo… Deseo que Honduras, donde tuve el honor de nacer, sea el Estado primero por su ilustración y riqueza. Es preciso formar personas capaces de servir dignamente los empleos. La ineptitud ha sido causa de nuestras desgracias y las de la República”.
–Liberación de la ciudadanía e instauración democrática de un orden social de dignidad, bienestar y justicia social.
(Rectificando acciones y omisiones en 200 años de independencia formal y de disfunción del Estado constitucional de Derecho)
Doscientos años han transcurrido de ese pensamiento visionario del sabio Valle y aún está pendiente de realización, pero su mensaje perdura y estimula a superar nuestra situación actual, con persistente solidaridad cívica y empeño, decidido y honesto, en la transformación nacional.
En razón de lo cual, más allá del recuerdo y reconocimiento debido a nuestros próceres y a todos los hombres y mujeres que han intentado promover el progreso de Honduras mediante el desarrollo continuo, gradual y generalizado de nuestra sociedad: a doscientos años, debemos admitir nuestro atraso y obligarnos libremente a persistir en el empeño de superar todos los problemas, amenazas y obstáculos, respondiendo sabiamente a situaciones nuevas con objetivos humanistas claros.
Es evidente que la independencia del Estado de Honduras, hasta ahora, ha sido meramente formal y que el Estado constitucional de Derecho fue afectado, en su evolución, por la desviación de poder, por personas a cargo de la dirección de los órganos estatales; quienes abusaron de ellos ya que órganos e instituciones del Estado siempre han sido creados para cumplir con los principios, valores y fines constitucionales, conducentes al bienestar y seguridad del pueblo.
Por ello, a 200 años de nuestra independencia patria y en el año de las elecciones generales, 2021: parte significativa de la ciudadanía reconocemos el deber y el derecho que tenemos de dar, a la independencia y a nuestro Estado Constitucional de Derecho, el sentido imperativo de construcción democrática, en la realidad nacional, mediante la instauración de un orden de dignidad, bienestar y justicia social.
En ese empeño cívico y de patriotismo constitucional, la consigna cívica es la liberación ciudadana para el ejercicio colectivo de la soberanía popular y el individual de nuestra soberanía personal. El momento de iniciarlo el de las próximas elecciones, ejerciendo meditada y responsablemente el derecho al voto en favor del compromiso con el bien común y la igualdad de oportunidades para que, cada mujer y cada hombre, pueda realizar sus proyectos de vida digna y de trabajo decente, en Honduras.
I. Nuestro pasado ha condicionado nuestro presente. Nuestro porvenir aún depende de nosotros, Desde nuestra formal independencia y a lo largo de nuestra historia, personas que han dirigido los órganos del Estado republicano hondureño han desviado su funcionamiento del cauce constitucional previsto para cumplir su fin superior de dignidad y progresivo bienestar para toda la población. Esas personas se han ilícitamente desviado del cauce constitucional para aprovecharse indebidamente del poder, en su propio beneficio y de grupos políticos y fácticos, con lo cual la dignidad humana y el bien común no han sido debidamente atendidos y el pueblo, su destinatario, ha sido impasiblemente victimizado,
Este bicentenario de nuestra independencia formal con su balance todavía frustrante, en la realidad nacional, de resultados significativos en bienestar humano y progreso social: se cumple coincidiendo con nuestras elecciones generales, el próximo 28 de noviembre 2021.
Fecha de elecciones que determina el plazo perentorio para repensar como dar sentido real a dicha independencia formal, comenzando por atender la prevención sobre el buen funcionamiento del Estado constitucional de Derecho que, para todas las etapas históricas, nos hizo desde 1825, nuestro sabio José Cecilio del Valle, al advertirnos lo siguiente. “elegid aquellos que hayan dado pruebas efectivas, pruebas inequívocas de adhesión a nuestro sistema. No os contentéis con promesas o protestas; volved la vista a los tiempos anteriores. Buscad hechos, y no os fieis en palabras. Si en todos los años es necesaria la vigilancia, en los presentes es más precisa que nunca”.
En verdad, a lo largo de la historia, muchos de nuestros compatriotas no han podido ejercer libremente su derecho al voto y ello se ha indebidamente tolerado por el Estado y la sociedad. Ello debería cesar, pues cada hondureña y hondureño, individual y colectivamente, contamos con poder soberano que hoy llama impostergablemente a ser utilizado ejerciendo responsablemente nuestros derechos político – electorales y de participación activa para custodiar cívicamente el respeto y aplicación eficaz de los lineamientos constitucionales que regulan el funcionamiento humanista del Estado constitucional de Derecho y del republicanismo democrático, ahí consagrado.
Hoy, ante nuestras omisiones del pasado y la infelicidad presente de la mayoría de nuestra gente, se plantea desafiante la necesidad de sobrevivencia y supervivencia social y la importancia de superarla tomando, para el porvenir, conciencia del valor de cada persona, de la importancia de la ciudadanía y de su responsable ejercicio como pueblo soberano, en un Estado organizado para que la misma ciudadanía elija a quienes habrán de conducirlo con integridad y capacidad, conforme a las normas constitucionales centradas en garantizar la protección y promoción de la dignidad humana.
II. Nuestra actual coyuntura histórica. Estamos viviendo actualmente una excepcional etapa histórica, agobiados por una pandemia, afectados por una epidemia y fenómenos naturales que han dejado desastres en nuestras comunidades y que también han puesto de manifiesto más hechos graves que se han sumado al avance, hasta ahora incontenible, de un sistema de corrupción, impunidad, deterioro del medio ambiente y otros males públicos.
Esos males se han adherido, como parásitos, al cuerpo de la sociedad hondureña, menoscabando su bienestar, vulnerando sus derechos humanos y, con ello, la legitimidad del funcionamiento del Estado.
Los derechos humanos son garantías jurídicas universales, de respeto a la libertad y a las oportunidades de realizar nuestros proyectos de vida y de trabajo, con respeto por los derechos de los demás, el cumplimiento de deberes con nuestras familias y comunidades, y la realización, de todas nuestras actividades, preservando el medio ambiente en armonía con la naturaleza. Garantías que nos deben abrir igualdad de oportunidades para triunfar en la vida y proteger a todas las personas, sin discriminación alguna, en todo momento y lugar donde nos encontremos, frente a las acciones que amenazan o menoscaban nuestra dignidad, como seres humanos.
Entre esos derechos, están los derechos políticos, más concretamente el derecho de libre determinación mediante el cual el pueblo establece libremente su condición política, provee a su desarrollo integral y contribuye al ejercicio efectivo de los otros derechos humanos. Están igualmente los derechos político-electorales, en democracia como forma de gobierno, que son también oportunidades de la mayor importancia, entre otras, de votar y ser elegidos en elecciones auténticas, libres, justas, honradas y trasparentes que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores para seleccionar representantes como servidores del Estado que trabajen en beneficio exclusivo de todo el pueblo, de conformidad a lo que prescribe el Estado constitucional de Derecho.
Sobre esa base, la Constitución de la República consigna expresamente su finalidad de fortalecer y perpetuar un Estado de Derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización de la mujer y el hombre, como personas humanas, en el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar.
Para ello, la Constitución de la República cristaliza, en normas, lo que el pueblo ha libremente determinado debe ser la organización de Honduras como un Estado de Derecho, soberano, creado como república, libre, democrática e independiente, con el fin supremo de garantizar el respeto, la protección y la inviolabilidad de la dignidad humana de todas y todos sus habitantes, mediante el goce efectivo de sus derechos humanos individuales y los colectivos de las comunidades y del pueblo entero.
Para lograrlo, la Constitución de Honduras impone también, como deber del Estado, el fomento del desarrollo sujeto a la planificación estratégica con visión de corto, mediano y largo plazo, lo que se regula por la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
Esa Ley está en plena vigencia en lo que respecta a la visión de País al año 2038 y al Plan de Nación hasta febrero del próximo año 2022. Ante esa situación, los partidos políticos y los candidatos y candidatas a las próximas elecciones generales, deben tener ya una propuesta que someter a la consideración de la ciudadanía, dado que debemos expresarnos al respecto y participar, como sociedad, en el diseño del Plan de Visión 2022 -2034; y porque dichos partidos y candidatos deben presentarnos igualmente, conforme a la Ley Electoral, su Plan Estratégico de Gobierno que debe estar consistentemente articulado con el Plan de Nación 2022 – 2034 y con la visión de País al 2038.
Por lo anterior, la liberación de la ciudadanía de la tradicional dependencia en el ejercicio de la soberanía popular, y su libre y responsable voto en elecciones, es determinante para transformar Honduras. En esa dirección, se impone comenzar con el aseguramiento de la selección de personas honestas y capaces que respondan a la necesidad social y al deber constitucional de ser parte de un gobierno de integración nacional que, sin compromisos político – partidistas, ejecute un viable plan estratégico de gobierno, con visión de país, para fomentar consistentemente el desarrollo integral sostenible, nacional y local, que sea la fuente del bienestar, al cual tenemos el deber de contribuir y el derecho de exigir.
Ello necesita y debe ser así, porque la democracia constitucional, como forma de gobierno, es el mejor modo de proteger y promover la dignidad humana, garantizar la justicia social y el desarrollo sostenible que lleva al bienestar, reforzando la cohesión social e impulsando la paz, en un ambiente estable de libertad.
Esa forma de gobierno de integración nacional se levantarìa sobre el poder soberano que el pueblo tiene colectivamente en sí mismo y que se erige sobre una sólida base, conformada por el poder de cada persona sobre su propia vida y la perspectiva de alcanzar dignamente su realización personal, como parte de la realización colectiva de una sociedad pensada en función de la promoción y protección de los derechos humanos.
Nuestra sociedad se protege mediante su organización jurídica como Estado constitucional de Derecho que debe funcionar con una administración pública que promueva la dignidad humana, el respeto al pluralismo ideológico y a la diversidad cultural, y que debe realizar una gestión planificada del desarrollo sostenible para el bienestar de corto, mediano y largo plazo, en beneficio exclusivo del pueblo soberano.
De tal manera que la libertad personal, el derecho a tomar decisiones propias y a que sean respetadas, y la igualdad de oportunidades para lograr bienes individuales y el acceso a bienes comunes: se acrecentarán en la medida en que la población las asuma responsablemente, practique solidariamente y, por medio de la ciudadanía, aproveche las elecciones para instruir, a los servidores públicos, sobre el cumplimiento inexcusable de sus obligaciones de hacer realidad el respeto y la promoción de la dignidad humana, el bienestar común y la justicia social, en Honduras.
III. Amenazas a nuestro proceso electoral y medios para superarlas. El avance progresista, hacia la democracia real en Honduras, depende del entendimiento cívico y pluralista, resultante de la solidaridad intergeneracional (ciudadanos y ciudadanas de todas las edades), como mensajeros del patriotismo constitucional que tiene, como base, los principios y valores constitucionales, y por finalidad, el bien común de todas y todos los habitantes.
Ese avance solo es factible con solidaridad intergeneracional materializada en una fuerza orientada a la eliminación de las amenazas provenientes de la intolerancia y las indignas intenciones y actitudes de defensa y justificación del odio y de la violencia en el actual proceso electoral; a velar por el cumplimiento del deber de los partidos políticos y candidatos y candidatas, de presentar, a la consideraciòn de los electores y electoras, sus ideas y compromisos vinculantes para controlar la pandemia COVID 19 y sus variantes. Ellos deberán comunicarnos los medios para superar los males públicos que frustran la vigencia efectiva del Estado constitucional de Derecho y presentarnos su proyecto integral de plan estratégico de gobierno con lineamientos presupuestarios que garanticen el desarrollo sostenible municipal y nacional; y como piensan conducirnos hacia la transformación real de Honduras, con un Gobierno de integración nacional, basado en la soberanía popular, la autodeterminación del pueblo y la democracia participativa que aseguren la dignidad humana, el desarrollo sostenible y la cohesión social.
Nuestra patria necesita también, en esta coyuntura histórica, de la solidaridad intergeneracional para divulgar más los valores y principios constitucionales, entre toda la población hondureña; y para infundir confianza cierta en que podremos construir y supervisar juntos, en unión fraternal con buenos gobiernos de integración nacional, la transformación estructural progresiva que responda a nuestras necesidades y esperanzas municipales y nacionales
Ya hemos iniciado la construcción de un ejemplo de ese orden de dignidad humana, bienestar común y justicia social, desde el ámbito municipal, con la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario (MBS)”. Se trata de un movimiento social en curso que se amplía progresivamente desde 36 municipios (en los 18 departamentos de Honduras) abarcando una población superior a un millón doscientas cincuenta mil personas.
Los Municipios de Bienestar Solidario (MBS), como modelo y proceso de buena gobernanza democrática, son ejemplos de municipios de derechos humanos y de procesos naturales endógenos en curso, desde lo local, que deben ser promovidos constantemente pues reflejan el consenso y empoderamiento de pueblos municipales sobre la vitalización del Estado constitucional, democrático y social, de Derecho. Esos municipios gozan ya de reconocimiento nacional, regional e internacional.
Ello evidencia que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas con buenos gobiernos municipales y nacional, tenemos la disposición y capacidad de construir un orden social de dignidad, bienestar y justicia social, en Honduras.
¡Liberemos nuestra ciudadanía para transformar el Estado, actuando como ciudadanas y ciudadanos en ejercicio colectivo de nuestra soberanía popular e individual de nuestra soberanía personal! Hagámoslo responsablemente por medio del patriotismo constitucional democrático y a partir del voto meditado responsablemente en las próximas elecciones, en favor del compromiso con el bien común y la igualdad de oportunidades para que, cada mujer y cada hombre, pueda realizar libremente sus proyectos de vida digna y de trabajo decente, en Honduras.
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Ver: Manifiesto cívico y político de transformación nacional por la dignidad, el bienestar común y la justicia social, en Honduras, a partir de las próximas elecciones generales, reivindicando el derecho del pueblo al funcionamiento legítimo y eficaz del Estado constitucional de Derecho, en:
