Tegucigalpa – Dos herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción siguen haciendo cola en las prioridades del Congreso Nacional, ellas son la Ley de Colaboración Eficaz y la Ley de Secretos Oficiales, legislaciones básicas en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que enfrenta una de sus más feroces batallas frente a las estrategias de blindaje promovidas desde el hemiciclo.
Acciones que limitan la independencia del Ministerio Público y dificultan el apoyo de la MACCIH en la lucha contra la impunidad han sido refrendadas con normas como la denominada nueva ley del fondo departamentalen la cual según el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público no solo violenta normas constitucionales y resta funciones, incluso al Poder Ejecutivo, sino que también abre una discrecionalidad tal en el uso y manejo de la cosa pública que se ha vuelto una especie de “arca abierta”, peligrosa para el buen funcionamiento de la administración pública.
Esta ley aprobada por el Congreso tiene prácticamente paralizadas las funciones judiciales del MP-UFECIC y la MACCIH pues ha dado potestades al Tribunal Superior de Cuentas para que investigue en un término de siete años si hubo irregularidades o no en el manejo de los subsidios o fondos sociales hechos por diputados, funcionarios, alcaldías, patronatos, ONG y personas naturales, antes de que investigue el Ministerio Público.
Primeros beneficios del blindaje
Los primeros beneficiados de esta acción son los imputados en los casos Red de Diputados, Pandora y Arca Abierta, advirtió en un comunicado la MACCIH al alertar sobre el impacto de la nueva ley del fondo departamental.
Diputados implicados en el caso Arca Abierta
La potestad de investigar del Tribunal Superior de Cuentas es sobre enriquecimiento ilícito, pero no esas otras funciones que le ha otorgado el Congreso.
La Sala Constitucional ha admitido el recurso del MP pero se desconoce cuándo dará su veredicto.
Una perla más se sumó a la corona cuando los diputados volvieron a reactivar la inmunidad parlamentaria, abolida hace más de una década.
Tras esa determinación, el Ministerio Público interpuso recurso de inconstitucionalidad por vía de acción contra el decreto legislativo 117-2019 publicado en el diario La Gaceta que da vida a la citada inmunidad parlamentaria.
El decreto es una reforma por adición del artículo 10-A contentivo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo arguyendo que colisiona con el contenido social de los artículos 219 y 373 de la Ley del Ministerio Público.
La Fiscalía aseveró que el procedimiento para reformar el artículo no fue el adecuado según lo establecido en el artículo 273 de la Constitución de la República.
“La acción se hizo sin modificar constitucionalmente la anterior derogatoria, por medio de una ley ordinaria, lo que evidencia un mal procedimiento”, señaló.
Añadió que la votación requerida para su aprobación era de dos tercias de los diputados y ser ratificada en una siguiente legislatura.
El vicepresidente del Congreso Antonio Rivera es del criterio que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo no violenta la ley, explicando que no se reactivó la inmunidad, sino que se estableció el fuero legislativo.
El vicepresidente del Congreso Antonio Rivera
En cuanto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público a la reforma del artículo 10ª de la Ley del Poder Legislativo, el diputado Rivera dijo que la Fiscalía tiene todo el derecho si consideran que se ha violentado la Constitución y por lo tanto se respeta el derecho de petición.
“A priori no creería que la Sala de lo Constitucional conforme a derecho vaya a considerar el recurso”, destacó el legislador.
Esta última semana, con la aprobación de reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), también minan el accionar del Ministerio Público. Omar Rivera, director de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dice que estas decisiones han sido tomadas sin consultar a los entes que como la Fiscalía tiene interés directo en el tema.
Con las reformas aprobadas, de ahora en adelante únicamente el Estado, por medio de los órganos jurisdiccionales, podrá tener acceso a los registros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), bajo la observancia de procedimientos legales. Tal medida queda establecida en la reforma al artículo 77 de la reformada normativa
Igualmente se estableció que la facultad del TSC para fiscalizar e investigar las operaciones y actividades de los sujetos pasivos prescribe en el término de cinco años cuando se trate de asuntos estrictamente administrativos, conforme al artículo 105. Se añadió a la disposición que cuando se trate de asuntos civiles la prescripción será por un término de 10 años y de 20 años cuando se trate de asuntos penales.
En el ínterin
En medio de ese ínterin, las presiones sociales porque la Cámara Legislativa retomara la Ley de Colaboración Eficaz siguieron, y aunque el Congreso prometió hace un año que la aprobaría, ello no ha sucedido, tampoco la derogatoria o reforma de la Ley de Secretos.
La Ley de Colaboración Eficaz es una herramienta que contribuye a desmantelar grandes redes de corrupción y ha tenido éxito en diversos países.
En tanto la Ley de Secretos Oficiales ha venido a impedir investigaciones que pueden ayudar a la MACCIH y al Ministerio Público a desenredar la madeja de corrupción en el uso del dinero público, pues ha venido a clasificar como reservada información en al menos 17 instituciones públicas, entre ellas el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la ENEE, y otras.
La vocero de la MACCIH Ana María Calderón
Ambas iniciativas siguen archivadas en el Congreso que se apresta a cerrar la legislatura sin que estas normativas estén en sus prioridades. La víspera para que se sepa si se renueva o no el convenio de la MACCIH, que vence en enero del otro año, los legisladores se ven apresurados por otras normativas, entre ellas la vigencia del nuevo Código Penal que ahora se pospuso para mayo de 2020, tras presiones sociales.
