Tegucigalpa – El proyecto de la Ley de Justicia Tributaria debe garantizar la protección de los datos personales de los obligados y otros sectores involucrados, señaló este viernes el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
Mediante un pronunciamiento público, el Conadeh indicó que se debe dar garantías respecto a la seguridad de la información confidencial de las personas que reporta periódicamente ante la autoridad recaudadora del Estado.
También mencionó que debe haber garantía por parte del Estado, para que no exista doble pago en la tributación mediante el cambio de renta territorial a renta mundial.
Recomendó que se observe lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 delr de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica respecto a la información confidencial, a los patrimonios económicos, cuentas bancarias, declaraciones patrimoniales y otros datos que únicamente atañen a las obligados tributarios respecto a la autoridad tributaria del Estado.
Explicó que esto garantizaría que dichos datos no serán de dominio público o sean usados con fines políticos o de otra índole, debiéndose establecer estrictas sanciones para quienes incumplan tales disposiciones.
El Conadeh enfatizó que el Poder Legislativo está obligado a garantizar que esta reforma fiscal se oriente a respetar y hacer efectivos los derechos humanos directamente concernido.
En ese sentido, recalcó que se debe de construir una ley integral que aborde no solo los ingresos tributarios, sino el gasto, el fortalecimiento y profesionalización de la institucionalidad tributaria y aduanera y la creación de mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para quienes incumplan los plazos legales establecidos en el Código Tributario y la nueva.
Asimismo, exhortó a las bancadas del Congreso Nacional que debata el proyecto con altura y seriedad, y tome en cuenta la actual coyuntura del país y evite la confrontación.
Reiteró que el Estado tiene la obligación de respetar de forma incondicional las expresiones contestatarias y de protesta de la población ante posibles decisiones gubernamentales, y debe garantizar el derecho constitucional a la manifestación pacífica y sin armas. AG
