San Pedro Sula – El proyecto de la Ley de Justicia Tributaria traería un deterioro en el desarrollo de Honduras, según la Cámara de Comercio de Industria de Cortés (CCIC).
Seguidamente, manifestó que se opone a la aprobación de cómo está concebida la ley.
La CCIC solicitó que se realice los ajustes necesarios para que el proyecto tenga un impacto positivo y que sea de bienestar general.
Emitió un pronunciamiento para referirse a la Ley de Justicia Tributaria en los apartados de la intención de derogar los beneficios de los regímenes de incentivos vigentes y las reformas al Código Tributario.
Sobre la intención de derogar los regímenes de incentivos fiscales, la CCIC consideró que se debe evaluar y dejar vigente los regímenes que brindan más beneficios que costos que el Estado.
Además, señaló que el nuevo régimen propuesto como las Zonas Francas es discriminatorio porque limita a que la mayoría de la capital sea extranjero y deja en desventaja al inversionista local.
Agregó que el nuevo régimen RINDE debe tener un componente mínimo de valor agregado nacional para acceder a los beneficios planteados, promover la producción nacional y generación de riqueza en base a insumos locales.
La CCIC sugirió que los períodos de duración de los beneficios de regímenes actuales como las nuevas propuestas deben mantener una competitividad similar a los países de la región que son mayores de 10 años para asegurar que exista el incentivo suficiente para atraer la inversión con un tiempo de retorno adecuado
Reformas al Código Tributario
Calificó de positivo que Honduras regrese al principio de renta mundial como la derogación del secreto bancario para fines tributarios y que garantice un control adecuado de acceso a la información.
Esta organización empresarial apoyó la aprobación de la figura de beneficiario final, su creación de un registro y la eliminación de la figura de acciones al portador en el Código de Comercio.
Clamó que las condonaciones al pago de tributos y sus obligaciones accesorias como el concepto de progresividad sean aplicadas de manera responsable y adecuada por la administración pública, y que ninguna sea objete de reforma constitucional. AG
